Piden interpelación al ministro de seguridad de Chaco por operativo militar “Libertador 2025”
El pasado 1 de septiembre, 13 diputados de Chaco presentaron el Proyecto de Resolución N° 1846/2025, solicitando citar al ministro de Seguridad de la provincia, Hugo Daniel Matkovich, a una sesión especial de interpelación durante la primera semana de septiembre. La razón fue la falta de información oficial sobre el megaoperativo militar “Libertador 2025”, que comenzó a desplegarse en territorio chaqueño a mediados de agosto, generando gran preocupación en comunidades indígenas, especialmente del Pueblo Wichí en El Impenetrable.
Un despliegue sin consulta previa
Según información difundida por el Ejército Argentino y medios de comunicación locales, el operativo involucra a más de 3.000 soldados, 300 vehículos, aeronaves, blindados y una logística de escala inédita en la región. La maniobra se extenderá por 35 días y abarca aproximadamente una cobertura física de 75.000 kilómetros cuadrados, equivalentes a 7.500.000 hectáreas,
El escenario simulado contempla una ocupación ficticia del territorio nacional, con ejercicios de defensa y contraofensiva que incluyen paracaidistas, comandos infiltrados y brigadas mecanizadas. Aunque el Ejército ha destacado el carácter técnico y estratégico del ejercicio, no se ha informado oficialmente si se realizó la Consulta Previa, Libre e Informada (CPLI) a las comunidades indígenas afectadas, tal como lo exige el Convenio 169 de la OIT, ratificado por Argentina mediante la Ley 24.071.
Los legisladores además, piden explicaciones por los objetivos específicos, el marco legal o de seguridad que lo justifica y la participación de organismos provinciales y federales, la cadena de mando.
Comunidades indígenas en alerta
La iniciativa surge a partir de la preocupación de organizaciones y comunidades del Pueblo Wichí de El Impenetrable que manifestaron una profunda y legítima preocupación, fundada en la falta de información clara, pública y accesible sobre un despliegue de fuerzas en sus territorios ancestrales, denunciando la ausencia de información clara, pública y accesible sobre un despliegue de fuerzas en sus territorios ancestrales. La preocupación no es menor: la memoria histórica de los Pueblos Originarios en Chaco está marcada por crímenes de lesa humanidad y genocidios como la Masacre de Napalpí (1924), El Zapallar (1933) y Rincón Bomba (1947), entre otros.
El proyecto legislativo destaca que”semejante despliegue de armamentos y soldados, sin los adecuados canales de diálogo e información con los habitantes del territorio, puede generar peligros y tensiones innecesarias, criminalización de las comunidades y potenciales vulneraciones de derechos colectivos e individuales”. Además, plantea la necesidad de verificar si el despliegue se superpone con territorios indígenas relevados o en proceso de relevamiento bajo la Ley Nacional 26.160.
Responsabilidad estatal
En sus fundamentos, el proyecto exige que todas las áreas gubernamentales actúen con firme convicción en el respeto a los derechos reconocidos en la Constitución Provincial (art. 37), la Nacional (art. 75 inc. 17) y los tratados internacionales.
El Proyecto de Resolución subraya la importancia de la transparencia y el diálogo con las comunidades, al tiempo que señala que la Comisión de Pueblos Originarios de la Cámara de Diputados tampoco fue informada sobre la planificación y ejecución del operativo.
La iniciativa lleva las firmas de los diputados Ayala Juan Carlos, Benítez Paola, Charole Andrea, Chiacchio Cavana María Pía, Cubells Tere, Flores Analia, Guillón, Rubén Omar, Ocampo Rodrigo, Ojeda Gricelda, Pérez Pons Santiago, Quirós Mariela, Schwartz Rodolfo y Slimél Nicolás.
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