Potrero de la Puna rechaza el avance extractivista

En una asamblea extraordinaria realizada en Abra Pampa, un representante de la empresa minera “Integra Recursos Naturales” anunció a la comunidad Kolla Potrero de la Puna, sin presentar documentación alguna ni haberse cumplido el procedimiento de consulta previa, libre e informada (CPLI), que el gobierno de Jujuy había autorizado la exploración de metales raros en el territorio comunitario. El rechazo fue contundente y la comunidad permanece en estado de alerta.

El pasado sábado 26 de julio, los comuneros se reunieron con el enviado de la minera. El descontento fue manifiesto cuando el emisario informó que la empresa contaba con la autorización del gobierno provincial para iniciar el cateo en una vasta extensión que abarca no solo Potrero de la Puna, sino también comunidades vecinas como Casillas, Pueblo Viejo, La Cueva e Iturbe. La reunión se llevó a cabo sin la entrega de una supuesta “carpeta de impacto ambiental” y sin ninguna muestra de algún documento oficial.

Leo Armella, miembro de la comunidad, relató a infoterritorial la celeridad y la turbiedad del proceso. Días antes, el antropólogo Gabriel Cortés, en nombre de la minera, se comunicó en reiteradas ocasiones con otro comunero, proponiendo encontrarse para charlar sobre el proyecto y entregarle un informe de impacto ambiental . “Por suerte el comunero nunca aceptó una reunión entre los dos únicamente, informó a la comunidad que había una empresa interesada en hacer entrega de esta carpeta de impacto ambiental, y se llamó a esta asamblea”, explicó Armella. La comunidad, que ya había deliberado previamente sobre el tema, ratificó su decisión unánime: no hay lugar para las mineras en el territorio comunitario.

La Amenaza de los “Minerales Raros” y su Impacto

Los minerales raros, o Tierras Raras, son elementos usados para la fabricación de electrónica de alta tecnología, vehículos eléctricos y energías renovables. No obstante, en un contexto global crecientemente militarizado, su demanda se extiende a tecnologías de defensa, incluyendo armamento y sistemas de vigilancia. Este interés estratégico intensifica la presión sobre territorios como Potrero de la Puna, una meseta a 3500 metros de altura, donde más de 60 familias viven de la ganadería y la agricultura.

Con el avance de los emprendimientos extractivistas crece la preocupación por la contaminación ambiental y la escasez hídrica, dado que Potrero de la Puna se ubica en la parte alta de la cuenca que alimenta la Laguna de Guayatayoc y Salinas Grandes, un ecosistema vital para las múltiples comunidades que habitan en la región.
La comunidad de Potrero de la Puna, consciente de otras solicitudes de cateos en la zona, asumió la tarea de alertar a las comunidades vecinas. La experiencia de Rinconadillas, donde Tecpetrol, la petrolera de Techint, dividió a la comunidad de la para avanzar con la extracción de litio; y Lipán, donde sufren similar situación con la minera Lition Energy del grupo Pan American Energy, les sirve de advertencia.

Maniobras y engaños

La estrategia de la minera, según Armella, parece ser la de un hecho consumado: “dijo que el gobierno ya lo aprobó, y ahora lo que ellos quieren es informar a la comunidad que van a hacer esa actividad, y que si la comunidad decide que no, Cortés hace un informe y lo manda a la secretaría de Minería, y luego Minería nos llamará a nosotros, a la comunidad, para que expliquemos cuáles son los motivos por los que no queremos aceptar la etapa de exploración”. Una maniobra que, para los comuneros, sólo puede terminar en “judicialización”.

La situación se complejiza al observar el rol de Gabriel Cortés, quien, a pesar de presentarse a nombre de “Integra Recursos Naturales”, en su perfil de LinkedIn figura como “Responsable del Área Social de Jujuy Energía y Minería Sociedad del Estado (JEMSE)”, la empresa estatal que dedicada a la energía y minería, criticada por avanzar con el negocio del litio sobre los territorios comunitarios .

Por su parte, “Integra Recursos Naturales” es parte del conglomerado “Integra Capital”, fundado en 1995 por José Luis Manzano en Washington D.C, con capitales en medios de comunicación como el Grupo América y El Cronista Comercial. Además, es uno de los principales exploradores de litio en Argentina, con inversiones en Minera Aguilar, Integra Lithium, Integra Uranium, Transition Metals, Volcán, Refinor, Edenor, Metrogas y Endesa, entre otras empresas.

Más allá de para qué empresa responda Gabriel Cortes, su apellido es mal agüero para las comunidades indígenas. En 2022, Cortés protagonizó una situación similar en nombre de “Minerales Australes S.A.” . Por aquellos días, las comunidades atacameñas de San Juan de Quillaques, Coranzuli y Collamboy denunciaron que la empresa se instaló en el territorio de una familia de la comunidad, diciendo que poseían autorizaciones. Los comuneros denunciaron la intrusión, “cuando la ayudante fiscal solicitó que muestren los papeles no lo hicieron, situación que llevó a la fiscal a establecer una orden de Fiscalía donde los intimó para presentar la documentación”, expresaron en un comunicado público.

Vulneración de Derechos Indígenas

La situación en Jujuy expone la flagrante vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, reconocidos por la Constitución Nacional (Art. 75 inc. 17), que garantiza la propiedad comunitaria de las tierras y la participación en la gestión de sus recursos naturales. Más aún, se incumple el Convenio 169 de la OIT (Ley 24.071), de jerarquía constitucional, que establece el derecho a la consulta previa, libre e informada. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas refuerzan este principio fundamental del consentimiento.

La comunidad de Potrero de la Puna, se suma a la larga lista de comunidades en Jujuy que resisten a la avanzada destructiva de los territorios ancestrales. Exigen el cumplimiento de la Consulta Previa Libre e Informada y la protección de los bienes comunes.

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