Rechazan el desalojo de comunidad mapuche en Villa Pehuenia
La jueza de Garantías de Zapala, Carolina González, rechazó el pedido de desalojo inmediato de la comunidad mapuche Tuwvn Kupalmeo Maliqueo, solicitado por el fiscal Marcelo Jofré y la querella representada por Cristian Cúneo Libarona – hermano del ministro de Justicia de la Nación – y Maximiliano Orpianessi.
En la audiencia, González también formuló cargos contra la lonko Cecilia Maliqueo por presunta usurpación de tierras cercanas a Villa Pehuenia, aunque subrayó la necesidad de analizar el caso bajo el marco legal que protege a los pueblos indígenas.
“En tiempos del mayor disciplinamiento de la Justicia a los poderes económicos, mediáticos y políticos, una jueza en Neuquén expone los derechos constitucionales que respaldan al Pueblo Mapuche”, celebró la Confederación Mapuche de Neuquén.
El conflicto se desarrolla sobre un campo de 829 hectáreas que fue propiedad del exjuez federal Pedro Duarte, condenado por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar y señalado por apropiarse del mismo a base de engaños, violencia y amenazas.
Actualmente, las tierras están a nombre de Diego Ozollo, quien denunció a la comunidad por ocupar la zona desde febrero de este año. La defensa de Maliqueo argumentó que la comunidad tiene derechos ancestrales sobre el territorio, utilizado como campo de veranada y que alberga un cementerio mapuche.
Un fallo con perspectiva histórica
La jueza no sólo rechazó el pedido de desalojo de tierras ancestrales, sino que también expuso la deuda histórica del Estado con los pueblos originarios y reafirmó los derechos constitucionales que los protegen.
González destacó que la Constitución Nacional reconoce la diversidad cultural del país y los derechos de los pueblos originarios, quienes han sido históricamente vulnerados. “El pueblo mapuche ha sido arrasado por los ejércitos de un Estado que dio títulos de propiedad, pero llegó después”, afirmó la jueza. Además, subrayó que la protección de los derechos indígenas está respaldada por normativas internacionales.
En su resolución, la magistrada hizo referencia a la deuda histórica del Estado con los pueblos originarios y enfatizó que el derecho a las tierras ancestrales está reconocido por la Constitución: “Tenemos una Constitución que ya nos está advirtiendo que esta Nación no se conformó por una sola lengua, raza o pueblo, tiene diversidad, y dentro están los pueblos originarios, reconocidos por los instrumentos internacionales como una población vulnerable porque han sido históricamente arrasados, las políticas de Estado se han encargado de desconocerles sus derechos y apartarlos hasta prácticamente aniquilar sus costumbres”.
En esta misma línea destacó que «la deuda histórica existe, la vulnerabilidad de los pueblos originarios existe, por lo cual darles un mensaje de ‘¿por que no se compran un terrenito?’… Hay un reconocimiento de la Constitución que tienen derecho a las tierras ancestrales que ocuparon».
La comunidad Tuwvn Kupalmeo Maliqueo frente a la historia de despojo territorial
En 2024, en el marco del juicio por delitos de lesa humanidad cometidos en el centro clandestino de detención “La Escuelita” durante la última dictadura cívico militar, la lonko Cecilia Maliqueo testificó sobre el despojo que su comunidad ha enfrentado durante más de cuatro décadas. Entre los condenados en ese proceso estuvo el exjuez federal Pedro Laurentino Duarte, señalado no solo por su complicidad con la dictadura militar, sino también por impulsar el despojo de territorios indígenas en la zona del Lof Tuwvn Kupalmeo Maliqueo.
El testimonio de la lonko hizo memoria de los abusos sufridos por sus ancestros, quienes fueron sacados de su territorio por Duarte con métodos coercitivos. En los años siguientes, grandes extensiones de ese territorio, incluyendo un cementerio ancestral y un rewe, fueron cercadas por privados y destinadas a la plantación de pino ponderosa en acuerdo con Corfone (Corporación Forestal Neuquina).
Ahora, mientras la querella busca apelar la decisión, el proceso judicial sigue abierto con una investigación de cuatro meses en curso. La resolución de este caso no solo tendrá implicaciones para la comunidad, sino que también marcará un precedente en la lucha por el reconocimiento de los derechos indígenas en un contexto regresivo.
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