Tierras raras: alerta en cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc

15 Nov 2025

Las comunidades originarias que habitan la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc denunciaron que el Estudio de Impacto Ambiental fue presentado sin consulta previa, sin estudios arqueológicos y sin garantías frente a los riesgos de contaminación. Advierten que el avance extractivo vulnera derechos fundamentales y amenaza territorios ancestrales.

El pasado 11 de noviembre, la Secretaría de Minería de la provincia de Jujuy realizó una audiencia de la Unidad de Gestión Ambiental Minera (UGAMP), en la que se presentó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del proyecto minero “Pirca Amarilla”. La instancia se realizó sin cumplir con el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada, tal como lo establecen la Constitución Nacional y el Convenio 169 de la OIT. Aunque representantes de las comunidades originarias de la cuenca asistieron para manifestar su rechazo, los únicos convocados formalmente fueron superficiarios individuales de la localidad de Barrancas, que acuerdan con el proyecto de exploración.

El emprendimiento, orientado a la exploración de tierras raras, oro y plata afecta a la subcuenca endorreica Salinas Grandes–Laguna de Guayatayoc y abarca 9.981 hectáreas en el departamento Cochinoca. Está representado por Fernando Eleit, abogado vinculado a empresas mineras transnacionales, ex vocal de la Cámara Minera jujeña y señalado por su relación con la jueza ambiental María Laura Flores. El Estudio de Impacto Ambiental fue suscripto por un ingeniero civil, a pesar de que, según la normativa vigente, quien debe encabezarlo es un geólogo. Esta irregularidad constituye una violación al ejercicio profesional y pone en cuestión la solvencia técnica del informe.

Tras asistir a la presentación del EIA, representantes de las comunidades indígenas que habitan la cuenca alertaron sobre la falta de consentimiento, la ausencia de relevamientos arqueológicos y los riesgos de contaminación. El informe no especifica qué ocurriría en caso de hallarse tierras raras, ni detalla técnicas de extracción, sustancias químicas o gestión de residuos. Tampoco contempla la Consulta Previa ni reconoce la propiedad comunitaria de las tierras, a pesar de que el área de exploración se superpone con territorios de uso colectivo.

Verónica Chávez remarcó: “Seguimos resistiendo. No estamos hablando de tres o cuatro comunidades. La Corte nos dice que es toda la cuenca”, en relación a las 33 comunidades que la componen. Su declaración hace referencia al fallo de la Corte Suprema de Justicia de Jujuy, que en julio ordenó brindar información completa sobre los pedimentos mineros de litio y borato que afectan la cuenca, en respuesta a una acción de amparo presentada junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN). Chavez, expresó su preocupación frente a las autoridades provinciales que presentaron el EIA, pero no obtuvo respuesta: “Como que se molestaron, pero no tengo miedo, ellos tienen que responder porque son nuestros empleados”

En este contexto, Franco Bedía denunció que muchos comuneros fueron citados a la reunión sin información clara sobre los proyectos: “Eso es una irresponsabilidad del Estado y de las mineras. No se está informando correctamente y eso vulnera gravemente el derecho a la consulta”.

Las comunidades también advierten que el EIA omite datos sensibles como el uso del agua, la presencia de geoformas periglaciares y los protocolos ante posibles hallazgos otros minerales. Clemente Flores señaló: “No figuran las personas que viven en el territorio, ni los animales que son vitales para las familias, ni los ojos de agua que existen en la zona. Hay cosas preocupantes que no se tuvieron en cuenta o no se quieren dar a conocer”.

El informe minimiza la presencia de fauna y flora, aunque reconoce especies vulnerables como el flamenco austral y las parinas andinas. No evalúa los impactos sobre ecosistemas sensibles ni menciona la superposición con la Reserva Natural y Cultural Municipal de Barrancas. Además, reduce arbitrariamente la extensión de la cuenca Guayatayoc–Salinas Grandes y omite restricciones vinculadas a la – actualmente en peligro- Ley de Glaciares. Las rutas previstas para el tránsito de vehículos atraviesan caminos comunitarios sin establecer medidas de seguridad.

Consultamos a otras comuneras, que explicaron que los métodos para acceder a los territorios se repiten: “muchas veces las mineras intentan sobornar con termotanques solares o botellas de agua mineral. Son migajas para después contaminar y destruir el territorio”. También denunciaron la creación de comunidades ficticias -en connivencia con el Estado provincial- para legitimar proyectos sin el consentimiento real de los Pueblos Originarios: “Dicen que hacen consultas a comunidades que ellos mismos conforman para quebrar la oposición histórica a la megaminería”.

En pasado 17 de octubre, la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró competente en la acción de amparo presentada por las comunidades de la cuenca y FARN ante el avance de proyectos mineros sin evaluaciones ambientales adecuadas ni garantías de consulta. El tribunal dio un plazo de 30 días a los gobiernos de Jujuy, Salta y al Estado nacional para presentar informes sobre las medidas cuestionadas. Mientras tanto, la gestión del gobernador Carlos Sadir continúa impulsando proyectos extractivos que profundizan la vulneración de derechos colectivos y el medioambiente en la región.

📷Foto de portada: Sitio arqueológico – Reserva Natural Barrancas