Vendieron territorio de la comunidad diaguita El Churcal con 40 familias adentro

21 Oct 2025

El territorio fue vendido, mediante maniobras fraudulentas, a un extranjero. La comunidad, junto al equipo jurídico, denunció violencia de género, turbación de la posesión comunitaria y daños.

En pleno Valle Calchaquí, donde el Río homónimo serpentea entre los cerros, la comunidad diaguita El Churcal enfrenta una nueva avanzada de despojo territorial. Ubicada en el Departamento de Molinos, en el llamado Valle Medio, esta comunidad agrícola compuesta por unas 40 familias está siendo blanco de presiones inmobiliarias, engaños jurídicos y actos de violencia que exponen una vez más la avanzada de intereses económicos sobre los territorios indígenas.

Presión inmobiliaria y vitivinícola sobre territorios ancestrales

El Churcal es una de las más de 40 comunidades diaguitas que habitan el Valle Calchaquí en Salta, desde Cafayate hasta La Poma. En los últimos años, la expansión de bodegas de lujo, emprendimientos turísticos y negocios inmobiliarios ha intensificado los conflictos territoriales. “Se están vendiendo fincas históricas a grandes inversores, muchos de ellos extranjeros, que buscan instalar bodegas o desarrollos turísticos. Esto genera una presión directa sobre las comunidades que habitan y trabajan esos territorios desde hace generaciones”, explicó Rafael Delgadillo, abogado del equipo jurídico que acompaña a la comunidad e integrante de FM Diaguita Ambrosio Casimiro.

Engaño jurídico y violencia contra la cacique Liliana Vilte

A pesar de contar con el relevamiento territorial de la Ley 26.160 y una Carpeta Técnica que acredita la posesión tradicional, actual y pública del territorio, El Churcal fue recientemente víctima de un intento de despojo encubierto. Un allegado a los titulares registrales —la familia Gutierrez, muy influyente en el ámbito local— recorrió la comunidad ofreciendo gestionar el acceso al servicio eléctrico, inexistente en la zona. Lo que parecía una solución a una necesidad básica escondía una trampa: una nota con letra chica que hacía declarar a los comuneros como “meros tenedores” de la tierra.

“Esta familia de apellido Gutierrez, que sólo posee el título de esta gran extensión de territorio, como tantas familias que vienen del período poscolonial, y que de ese proceso han quedado con grandísimas extensiones de tierras en el valle, llamadas “Fincas” y con mucha gente viviendo adentro”, explicó el abogado.

“Cuando nos llegó esa nota, se nos prendieron todas las alarmas. Decía que los comuneros reconocían ser meros tenedores. Eso es gravísimo, porque jurídicamente implica que no tienen derechos sobre la tierra que habitan. Fue un ardid, un engaño”, denunció Rafael. “Muchas personas no están familiarizadas con el lenguaje técnico, y eso fue aprovechado para hacerles firmar algo que en realidad era una renuncia a sus derechos”.

Poco después, un enviado de los nuevos titulares registrales ingresó al territorio con una motosierra, destruyó cartelería comunitaria y agredió verbalmente a la cacique Liliana Vilte con expresiones discriminatorias y racistas. “No sólo hubo violencia simbólica y verbal, sino también violencia de género. La cacique fue insultada y amenazada por ser mujer y por ser indígena”, detalló el abogado.

El Estado ausente y la justicia que no escucha

La comunidad, acompañada por su equipo jurídico, radicó la denuncia en la comisaría local, con intervención de la Fiscalía Penal de Cachi, por hechos de violencia de género, turbación de la posesión comunitaria y daños. No obstante, hasta el momento no se han dictado medidas cautelares. “Sabemos por experiencia que muchas veces en la fiscalía no nos dan mucha pelota. Ya nos ha pasado que cajonean las denuncias. Pero igual las hacemos, porque es un derecho y porque fortalece a la comunidad”, sostuvo Rafael.

El trasfondo del conflicto es estructural, el Estado incumple sistemáticamente con la regulación de la propiedad comunitaria indígena. Eso es lo que da pie a estos conflictos. Desde el Poder Judicial se desconocen los derechos indígenas y terminan dándole más valor a un título que a la posesión ancestral. Es una deuda histórica que sigue sin saldarse.

Extranjerización y despojo: una amenaza latente

La finca en disputa fue vendida recientemente a un extranjero, lo que abre un escenario de incertidumbre. “No sabemos quiénes son ni qué quieren hacer. Si van a sacar la producción de soberanía alimentaria para meter viñas, bodegas o simplemente hacer un negocio inmobiliario. Pero lo que sí sabemos es que ya se vendió, y eso nos preocupa”, advirtió Rafael.

“Nos pasa que viene mucha gente a la zona como turistas, visitan bodegas y no saben que están en territorio diaguita, que están desalojando a comunidades para hacer sus negocios. Son tierras manchadas con sangre”, agregó.

Entre otras verduras y hortalizas, la comunidad El Churcao produce cebollas.

Alternativas desde el territorio: vinos artesanales y resistencia comunitaria

Mientras el modelo extractivista avanza, las comunidades proponen otras formas de habitar y producir. “Hay miembros de las comunidades que hacen sus vinos artesanales, con otra lógica, con respeto por la tierra. Es una alternativa más responsable al consumo de las grandes bodegas”, señaló Rafael.

También cuentan con medios de comunicación comunitarios, imprescindibles para fortalecer el vínculo entre comunidades, visibilizar sus proyectos y denunciar los atropellos que enfrentan. FM Diaguita Ambrosio Casimiro es uno de ellos. Actualmente, la emisora se encuentra fuera del aire por falta de recursos económicos, pero continúa informando activamente a través de sus redes sociales.

Este conflicto, que la comunidad El Churcal nunca buscó, recién comienza. La comunidad El Churcal se mantiene firme, con acompañamiento legal y expectante por el entramado que aún desconocen. “La comunidad se ha mostrado fuerte. Sabe que tiene derechos y que tiene la posesión. Y eso no lo borra ningún título heredado del colonialismo”, concluyó el abogado.