Exigen la libertad a manifestantes del Chubutazo
Organizaciones ambientales y de derechos humanos denuncian la criminalización de la protesta y exigen la libertad a Mauricio Naun Vargas y Damián Díaz, señalando que las condenas ratificadas por la Cámara Penal de Trelew representan un ataque directo a quienes defendieron el agua y los bienes comunes frente al avance de la megaminería.
La Cámara Penal de Trelew ratificó el pasado 18 de diciembre las sentencias contra 6 manifestantes que participaron en las movilizaciones de diciembre de 2021 contra la zonificación minera. Tras el fallo de los jueces Adrián Barrios, Alejandro De Franco y Cesar Zaratiegui, se procedió a la detención inmediata de Mauricio Naun Vargas y Damián Díaz, quienes recibieron penas de cumplimiento efectivo de cuatro años y un año y ocho meses de prisión, respectivamente.
El proceso judicial, impulsado por la fiscal general jefe Florencia Gómez, se centra en los incidentes ocurridos durante el “Chubutazo”. Aquellas jornadas de protesta masiva y espontánea surgieron en respuesta a la aprobación de la Ley de Zonificación Minera, sancionada de forma imprevista y sin consenso social, por la Legislatura provincial para habilitar la explotación minera en la Meseta central. A pesar de la represión, la presión popular logró la derogación unánime de la ley, las causas penales contra los manifestantes continuaron su curso, marcadas por hechos trágicos como el suicidio de Lautaro Martínez, un joven acusado en la misma causa que se quitó la vida antes de conocerse el fallo.
Repudios
Ante la confirmación de las condenas y las recientes detenciones, la Comisión por la Memoria del Pueblo Hilda Fredes emitió un comunicado oficial manifestando su rechazo a la resolución judicial. La organización señaló que la decisión busca desarticular la protesta social y proteger intereses sectoriales.
“Repudiamos el fallo y toda esta causa que fue armada sin evidencias contra las personas hoy condenadas, tratándose de un caso que busca disciplinar al pueblo de Chubut que se expresó masivamente durante 7 días luego que la Legislatura, entre gallos y medianoche, aprobará la zonificación minera que habilitaba la megaminería en Chubut”, sostuvo la Comisión en su declaración.
Asimismo, el organismo vinculó el accionar del Poder Judicial con un sesgo favorable a la actividad extractiva. “Esta justicia de clase y pro-minera es extremadamente rápida solo para criminalizar y encarcelar al pueblo que lucha. Tal es el caso de las víctimas de la represión de aquellas jornadas de diciembre de 2021″, manifestaron desde la entidad, añadiendo un llamado a la sociedad civil para pronunciarse contra lo que consideran un atropello a la democracia y al derecho de manifestación.
Desde la asamblea del No a la Mina Esquel, también exigieron la libertad y expresaron: “El poder político y un Poder Judicial alejado de la Justicia, funcional a las empresas extractivistas, buscan disciplinar al pueblo encarcelando a quienes defienden el agua y el territorio. En diciembre de 2021 fuimos miles en las calles y derrotamos el plan saqueador y ecocida. Hoy seguimos de pie. No vamos a retroceder ni a callarnos. Defender el agua no es delito.”
Por su parte, la Red de Organizaciones por los Derechos Humanos del Chubut mediante un comunicado público recordó la “cronología de la traición y la lucha popular”, señalando que el gobernador Mariano Arcioni, electo en 2015 tras una campaña contra la megaminería, “rompió el pacto social al impulsar la zonificación minera en 2019, traicionando la voluntad popular”. Frente a ello, la ciudadanía recurrió en 2020 a la iniciativa popular prevista en el artículo 263 de la Constitución de Chubut, que fue “ninguneada por los legisladores provinciales”, quienes igualmente aprobaron la zonificación. Esa decisión desató una masiva protesta social entre el 15 y el 21 de diciembre de 2021 en Rawson y otras localidades, donde “gran parte de la ciudadanía se manifestó en defensa del agua y los bienes comunes logrando la derogación de la infame ley”.
En este sentido, denunciaron que pese a la victoria popular en defensa del agua y el ambiente, “seis vecinos fueron condenados por defender derechos fundamentales, en una criminalización sistemática que involucra a los tres poderes del Estado y evidencia parcialidad judicial en contextos de alta conflictividad social“
Quieren aleccionar a los pueblos
Las detenciones se hicieron efectivas pocas horas después de la resolución. La criminalización de la protesta social en una provincia con una histórica trayectoria de defensa del agua y rechazo a los proyectos megamineros, se enmarca en un mensaje disciplinario ante el creciente malestar social frente al intento de avance de proyectos extractivos en la provincia.
En esta misma línea, los hermanos Renzo y Facundo Gollano continúan detenidos en el Polo Judicial de Mendoza tras ser imputados por el fiscal Federico Giunta. Ambos fueron arrestados el pasado 9 de diciembre durante la protesta frente a la Legislatura provincial contra el proyecto minero San Jorge, en una jornada marcada por la represión policial que dejó un saldo de 13 detenciones. La audiencia de apelación para los hermanos se llevará a cabo el próximo martes 23 de diciembre.
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