Jones Huala seguirá preso pese a la falta de pruebas denunciada por la defensa
La Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales denunciaron que la Cámara Federal mantiene la preventiva de Jones Huala sin pruebas concretas. Los organismos advierten que el fallo convalida una detención por “opiniones políticas” y denuncian un régimen de aislamiento ilegal que ignora la falta de evidencias admitida por la propia fiscalía.
La Cámara Federal de General Roca resolvió mantener la prisión preventiva del lonko mapuche Facundo Jones Huala, quien permanecerá alojado en la Unidad 6 de Rawson al menos hasta marzo de 2026. La decisión judicial se produjo tras una audiencia de revisión realizada el pasado 17 de diciembre, en la que participaron la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) bajo la figura de amicus curiae. Ambas organizaciones denunciaron que el dirigente indígena se encuentra bajo un régimen de detención ilegal y en condiciones de extremo aislamiento, a mil kilómetros de su entorno familiar.
La resolución generó un fuerte rechazo en los organismos de defensa, quienes sostienen que la fiscalía admitió durante la audiencia no poseer evidencias que vinculen directamente a Jones Huala con los delitos imputados. Según lo manifestado por la Gremial de Abogados, durante el intercambio con el tribunal se evidenció una carencia de sustento fáctico para sostener la medida cautelar: “Nos reconocen en la cara que carecen de prueba. Nos dicen que no investigan a Facundo sino a la RAM. No pueden probar la existencia de la RAM. Pero mantienen la detención”.
Por su parte, el CELS calificó el fallo como una herramienta de disciplinamiento político. El organismo señaló que la detención, originada inicialmente por un discurso de Jones Huala en la presentación de un fanzine en Bariloche, se ha extendido mediante la suma de cargos genéricos sin avances reales en la investigación. En sus declaraciones, el CELS fue enfático al describir la situación procesal: “En la práctica, el tribunal convalida que siga preso por expresar sus opiniones políticas. La fiscalía tampoco aportó prueba alguna sobre estos hechos graves, por lo que en concreto la Cámara convalidó que una persona permanezca detenida en una cárcel de máxima seguridad durante al menos 9 meses por expresar opiniones políticas”.
La defensa técnica remarcó que se está aplicando lo que denominan el “Derecho Penal del Enemigo”, donde la persecución no se basa en actos concretos sino en la identidad y las ideas del acusado. La Gremial de Abogados subrayó que, durante el interrogatorio de los jueces, la fiscalía no pudo atribuir autorías materiales al dirigente: “el Tribunal le pregunta al Fiscal sobre la investigación y la Fiscalía no puede menos que reconocer que ‘no investigan a Facundo’ y que ‘no se le atribuye autorías de hechos’“.
Pese a que el Código Procesal contempla medidas alternativas a la cárcel federal, los pedidos de traslado o libertad han sido sistemáticamente rechazados. Para los organismos intervinientes, el caso de Jones Huala representa un precedente alarmante sobre el uso del sistema judicial en contextos de conflictos territoriales y sociales. La Gremial de Abogados concluyó con una advertencia sobre el futuro de la protesta social: “Facundo es también un claro ejemplo de lo que vendrá. De cómo la explotación capitalista y el saqueo Imperialista enfrentarán a quienes luchen, sean cuales fueren sus formas”.
Comunicado del CELS aquí
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