Mara Puntano: “el ecocidio provoca el genocidio de los pueblos”

06 Feb 2026

El pasado 29 de enero se cumplieron 180 jueves de movilización ininterrumpida de la Red de Luchas Socioambientales de Salta defendiendo el agua, monte y territorio para la vida de los pueblos. Conversamos con Mara Puntano, abogada de comunidades indígenas en la provincia desde hace 42 años y referente de la Red que aglutina a autoconvocados, organizaciones y miembros de Pueblos Originarios frente al avance extractivista.

Los orígenes: de la privatización a la resistencia

¿Cómo fueron sus comienzos hasta llegar a la conformación de la Red?

En la época de Menem, la aplicación del liberalismo resultó en despidos masivos que afectaron a unas 40.000 familias que vivían directa o indirectamente de YPF, Ferrocarriles Argentinos y empleados estatales en Salta. El Estado despidió sin crear fuentes de trabajo dignas, lo que destruyó familias enteras. Ante esto, los trabajadores se organizaron; la más combativa fue la Unión de Trabajadores Desocupados de Mosconi, que constituyó una suerte de “municipio paralelo”. Asumieron tareas que el Estado abandonó, desde servicios básicos hasta fabricar cajones de muertos por pura necesidad.

Usted se involucró activamente en la defensa legal de estos movimientos, ¿cómo fue ese proceso?

Los trabajadores reclamaban el 14% de la propiedad participada de YPF que les correspondía. Ante la falta de respuesta, comenzaron los cortes en la Ruta Nacional 34, que llegaron a durar 30 días. La respuesta estatal fue la represión y la criminalización. Los detenían en el norte, Mosconi, Tartagal y Aguaray y los trasladaban 400 kilómetros hasta Salta Capital en colectivos cedidos por empresarios vinculados a la dictadura. Yo me presentaba en el Juzgado Federal y tomaba las causas de forma gratuita. Allí contacté con desocupados y miembros de comunidades indígenas que también eran reprimidos por apoyar las protestas. Algunos sabían hablar castellano y otros no, pero todos golpeados y humillados. Los cortes de rutas fueron desde 1996 hasta el 2003, aproximadamente.

¿Cómo siguió su labor con el paso de los años y los distintos gobiernos?

También, llevé causas de lesa humanidad y representé a organismos de derechos humanos – siendo abogada de organismos de derechos humanos, presos políticos, familiares detenidos y desaparecidos en la dictadura, Hijos, Serpaj- gratuitamente. Con la llegada de los Kirchner, surgió presupuesto para servicios de abogados, muchos fueron nombrados por partidos políticos, pero a mí me dejaron afuera. Seguí con las comunidades, hasta que en 2016 enfermé de cáncer. Al no tener recursos ni obra social, me atendí en el hospital público. Con la pandemia se instrumentó en el Poder Judicial Sistema de Expediente Digital y eso me permitió seguir trabajando sin viajar tanto, algo que ya no podía hacer física ni económicamente.

El hilo conductor: la lucha socioambiental

¿En ese momento deciden conformar la Red actual?

Sí, ante la imposibilidad de viajar, propuse armar una Red donde el hilo de unión fuera lo socioambiental. Vemos más desmonte, minería e incendios intencionales; el Estado entrega territorios a terratenientes sojeros, mineros y petroleros. Responsabilizamos al Estado del ecocidio en Salta, que deriva en un genocidio: hay más de mil niños wichí menores de dos años muertos por deshidratación y desnutrición. Es consecuencia directa de los desmontes autorizados por el Estado masivamente. Ya se desmontaron 1.200.000 hectáreas y a fines del 2024 los diputados y senadores de Salta aprobaron 720 mil hectáreas más.

¿Cómo afecta el desmonte específicamente a la vida de las comunidades?

Provoca la pérdida del alimento. Los bosques nativos son el alimento, el medicamento y la materia prima de trabajo artesanal de los Pueblos Originarios en Salta, especialmente de la etnia wichí. Entonces, la pérdida de los montes provoca la deshidratación y desnutrición y afecta especialmente a los niños y a los viejos. Además, el Ministerio Público actúa en bloque con el Ejecutivo para defender los negocios empresariales en contra de las poblaciones indígenas.

¿Quién autoriza este avance sobre el territorio?

Con Milei y la adhesión de las provincias al RIGI, el gobierno de Salta facilitó que mediante su Secretaría de Medio Ambiente, se hiciera el Reordenamiento Territorial de los Bosques Nativos para autorizar más desmontes. Buscan desalojar a los Pueblos Originarios para instalar monocultivos transgénicos de soja, trigo y maíz. Con eso elaboran alimentos cancerígenos que luego el Estado entrega en comedores de las mismas comunidades: les quitan el monte, lo que provoca la deshidratación, y les dan veneno.

La amenaza extractiva en toda la provincia

¿Qué otros problemas ambientales enfrentan hoy?

Tenemos todos. Además del monocultivo y las fumigaciones con glifosato que causan malformaciones y cáncer, enfrentamos el fracking y la “dictadura minera” en la Puna. Hay más de 120 megaproyectos transnacionales destruyendo la zona con la extracción de litio, salinizando suelos y utilizando el agua de periglaciares. También hay uranio y oro, por lo que usan cianuro y contaminan napas. El gobierno invisibiliza las enfermedades neurológicas y cánceres raros en la Puna. Estos desechos tóxicos contaminan el suelo, el aire y el agua. No se los llevan a sus países (China, Corea, Australia, Francia); se quedan aquí y terminan en el mar.

Muchos integrantes de la Red comparten una historia de salud personal, ¿es así?

La mayoría tenemos o somos sobrevivientes de cáncer. Por eso luchamos; es un compromiso de vida. Cada jueves, durante el periodo legislativo, nos manifestamos frente a la Legislatura denunciando esto y levantando firmas en defensa del agua. Ya llevamos 180 jueves. En verano nos trasladamos a la Plazoleta Cuatro Siglos para seguir concientizando.

¿En qué consiste la iniciativa popular que están impulsando?

Queremos presentar un proyecto de ley para suspender los desmontes por 35 años, que es el tiempo que el monte tarda en regenerarse. Es con la esperanza de que crezca la conciencia ambiental en un feudo como es Salta. Es un pasito a pasito, para nosotros es muy valioso que la gente escuche, se detenga, y nos firme una planilla. Necesitamos 30.000 firmas. Es una tarea difícil en un “feudo” como Salta, donde el Estado abandona su obligación de garantizar la salud. La Constitución impone el derecho al agua sana, pero el Estado permite que Aguas del Norte arroje desechos cloacales a los ríos y al dique Cabra Corral. Nos envenenan por todos lados: con cloacas, con metales pesados de la minería y con agrotóxicos.

Consulta incumplida y resistencia indígena

¿Qué sucede con el derecho a la consulta previa, libre e informada?

Salta tiene más de 14 etnias; son los legítimos dueños, aunque el Estado viole sus derechos sistemáticamente. En las provincias del norte, que funcionan como feudos de familias aristócratas, la consulta nunca es voluntaria. Se hace de forma forzada para cumplir con estándares del FMI o la banca internacional que exigen “formalidades” para otorgar fondos. Son simulacros: citan a una reunión en un local municipal lejano, sacan una foto, filman y dan por cumplida la consulta sin bajar información real. Ahí es donde la Red interviene para exigir datos concretos.

¿Existen casos exitosos donde las comunidades hayan logrado frenar estos proyectos?

Sí, la comunidad Kolla del Desierto en San Antonio de los Cobres. El gobierno no llamaba a consulta, así que se forzó una en el territorio. Fue impactante ver a jóvenes y ancianos decirle “no” a la minera Anglo Gold Ashanti. Les advirtieron que, si entraban, defenderían el territorio con su sangre.

¿Qué medidas tomó la empresa ante ese rechazo?

Como no podían entrar por tierra para mapear, mandaban helicópteros que volaban tan bajo que asustaban al ganado, provocando que las llamas y alpacas abortaran o murieran. Denunciamos esto en el Juzgado Federal y tuvieron que parar, aunque siguen intentando entrar, la empresa tuvo que irse. Las mineras ofrecen “el oro y el moro” aprovechando la pobreza estructural que el Estado mantiene: regalan pelotas de fútbol o viajes para comprar la licencia social y dividir a las comunidades.

Después de 42 años de trayectoria, ¿cuáles considera que son los logros más significativos que puede rescatar de este camino?

Para mí el logro más grande es que los luchadores sociales estén libres y luchando, en donde sea y como sea. Saber que el hijo de un trabajador llega a la universidad y se recibe vale muchísimo más que el oro. La libertad, la lucha y la conciencia son lo máximo; no hay precio para eso, porque “solo la lucha del pueblo salva al pueblo”. Saber que en algún lado hay gente rebelde es fundamental. Sea uno, dos o cinco -ojalá fueran cien-, hay que apoyarlos y estar presentes, porque ellos son los que van a salvar al resto. Son quienes están poniendo el cuerpo para salvar los glaciares.

¿Qué lecciones nos dejan las luchas de los Pueblo Indígenas?

Esta es la enseñanza que te dan los Pueblos Originarios: son guardianes de la naturaleza, pero no como propiedad privada, sino para toda la humanidad. Es realmente revolucionaria su forma de pensar y de vivir; te abre la mente y le da sentido a la vida. Acá ni siquiera podemos decir “la lucha de los trabajadores”, porque no hay trabajo digno con derechos. No se puede hablar de aguinaldo ni de vacaciones. La reforma laboral ya existe de hecho hace siglos. Por eso, la lucha está en los Pueblos Originarios, que enseñan con su supervivencia: sin acumular ni destrozar la vida, pidiendo permiso a la tierra, porque eso es lo que hacen.

Fotos: Gentileza Red de luchas Socioambientales de Salta

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