Un proyecto de ley para el saqueo
El Diputado Nacional por Hacemos Coalición Federal, Miguel Ángel Pichetto presentó un proyecto de ley titulado “Derogación de la prórroga de entrega de tierras a comunidades indígenas y nulidad de lo actuado”.
El proyecto pretende revocar el Decreto de Necesidad y Urgencia 805/2021, que prorroga hasta el 23 de noviembre de 2025 el plazo de la emergencia que se establece en la Ley 26.160. A su vez, propone incorporar en la Ley 23.302 sobre Política Indígena y apoyo a las Comunidades Aborígenes un nuevo artículo, que establece condiciones restrictivas para el reconocimiento del derecho a la posesión tradicional indígena.
El artículo central del proyecto propone que cualquier acto administrativo emitido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que declare o disponga derechos sobre tierras o territorios de comunidades indígenas será nulo si no se cumplen ciertas restricciones. Estas condiciones incluyen la obligatoriedad de que las comunidades indígenas cuenten con personería jurídica efectivamente otorgada, que haya intervención provincial en el proceso de reconocimiento de personería, y que todas las “partes directamente afectadas y terceros con interés legítimo” sean consultados previamente.
En relación al último punto, Silvina Ramirez, abogada de la Asociación de Abogados de Derecho Indígena (AADI) y Centro de Políticas Públicas para el Socialismo (CEPPAS) destaca: “Esto representa todo lo contrario a lo que se pensó en su momento, para llevar adelante una regulación y un ordenamiento territorial en Argentina, de acuerdo a lo que disponen los instrumentos jurídicos internacionales, en el sentido que se está pensando en una reparación histórica, y se debe tener claridad acerca de los territorios reivindicados por las comunidades indígenas. Abrir el universo a cualquier sujeto permite que puedan intervenir empresas extranjeras, sujetos particulares de cualquier índole que san ajenos a los territorios y que carecen de cualquier vínculo con él“
Finalmente, el artículo menciona el carácter retroactivo del mismo. Esto significa que no sólo, de aprobarse el proyecto, se aplicaría a los casos futuros, sino que también a actos administrativos pasados, nulificando lo que ya ha sido dispuesto y concedido. Esto es abiertamente inconstitucional, ya que no respeta los derechos adquiridos, generando una situación de inseguridad jurídica sin precedentes, violando el principio de no regresividad que impera en el derecho internacional.
Cabe recordar la ley 26.160, promulgada en noviembre de 2006, declara la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquéllas preexistentes.
Argumentos y críticas
Entre los fundamentos, el ex jefe de bloque de senadores del Frente para la Victoria, y compañero de fórmula presidencial de Mauricio Macri en 2019 apunta: “La verdadera emergencia es terminar ya, no recién en noviembre, con normas que lo único que han hecho es permitir que se siga poniendo en peligro la soberanía nacional”.
No obstante, la llegada de la comandante del Comando Sur de los Estados Unidos, General del Ejército Laura Richardson, y el anuncio presidencial sobre la construcción de una base naval integrada entre Argentina y Estados Unidos, parecen no preocupar a Pichetto. Hasta ahora no se ha escuchado ningún posicionamiento público del diputado acerca del nuevo alineamiento frente a la estrategia que Estados Unidos despliega hacia Argentina y la región.
Es importante mencionar que en una reunión del Atlantic Council en enero de 2023, la Generala Richardson resaltó los intereses sobre el triángulo del litio, compuesta por Argentina, Bolivia y Chile, donde se encuentra el 60% del litio mundial; además del 31% del agua dulce del planeta y el petróleo que posee esta región,
En este sentido, Orlando Carriqueo, werken del Parlamento Mapuche Tehuelche en Río Negro en comunicación con Infoterritorial señaló que este proyecto “tiene un claro tinte racista y extractivista”, y es parte de una política regional que apuesta al conflicto con las comunidades para beneficio de los intereses extractivos sobre los territorios. “Hoy lo que se ve en Latinoamérica es un colonialismo extractivo por parte de las grandes potencias”
Por su parte Gabriel Jofre, werken de la organización mapuche en Mendoza Malalweche, indicó: “Mientras vemos a la bandera de Estados Unidos flamear junto a la bandera Argentina despotrican contra las simbologías indígenas que son profundamente ancestrales y milenarias y que deberían unificarnos en un conjunto como sociedad”
En otro de sus argumentos, Pichetto refiere que “desde el INAI se han relevado comunidades indígenas que no son originarias del actual territorio argentino; se han relevado comunidades indígenas descendientes de quienes no habitaban el territorio nacional en la época de la conquista o colonización”
Este concepto, repetido por Pichetto, ya ha generado en otras ocasiones críticas y debates. Silvina Ramirez, en una nota publicada por este medio, hace ya un año afirmaba: “existe una profunda incomprensión conceptual cuando se invoca la idea de que el sujeto de la constitución son los pueblos originarios del territorio de la república, como si las fronteras que se perfilaron en el siglo XIX ya hubieran existido, vaciando de contenido el concepto mismo de pre existencia. En este sentido, enfatiza: “Insistir una y otra vez con la idea de que los únicos detentadores de derechos son los pueblos indígenas que se “originaron” dentro del espacio de lo que hoy se conoce como Argentina, es un dislate conceptual que contradice cualquier evidencia empírica. Mapuche de uno y otro lado de la cordillera; guaraníes en Argentina y Paraguay, y así podríamos mencionar pueblos que se desarrollaron en territorios que no conocían de Estados y que debieron adaptarse a condicionamientos políticos que les transformaron la vida. (link nota)
Carriqueo sostiene que el proyecto de ley es inconstitucional, y una clara violación a los derechos humanos y a los derechos de la preexistencia de los pueblos indígenas: “Tenemos derecho al territorio que parte del Estado argentino se apropió hace 145 años en la Patagonia y gran parte del norte”
El proyecto ahora deberá ser discutido en comisión en el Congreso para su eventual aprobación o rechazo. Gabriel Jofre anuncia que de votarse este proyecto, se llegaría a la judicialización. “El destino del conjunto de la sociedad y de los pueblos están en manos de los pueblos más que nunca“ , concluye Jofré.
✍ Roxana Sposaro
📷 Jorge Maceiras
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