Un country sobre un cementerio indígena: el conflicto en Punta del Marqués

10 Feb 2026

Intiman al Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia de Chubut por desconocer consulta indígena y orden judicial

Las comunidades mapuche tehuelche impugnaron el convenio entre el Ministerio de Turismo de Chubut y la empresa Refugio de los Lobos S.A., denunciando que vulnera derechos constitucionales y medidas judiciales vigentes, al pretender avanzar sobre enterratorios ancestrales y áreas naturales protegidas.

El 5 de febrero pasado, el lonko de la comunidad Meli Witral Mapu Kimun, Jesús Roco, en representación de las comunidades mapuche tehuelche de la zona, formalizó la impugnación del convenio de colaboración suscripto entre el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas de la Provincia de Chubut y la empresa Refugio de los Lobos S.A.

Las comunidades sostienen que el acuerdo, introducido en sede judicial el 15 de diciembre de 2025, vulnera el derecho a la consulta y participación previa, libre e informada. Además, advierten que fue gestado “deliberadamente de espaldas a los Pueblos Originarios sujeto de derecho colectivo y custodios del patrimonio arqueológico allí existente“, amparando su postura en el artículo 75, incisos 17 y 22 de la Constitución Nacional, así como en el Convenio 169 de la OIT.

Actualmente, el proyecto pretende avanzar sobre enterratorios ancestrales y áreas naturales protegidas, pese a las medidas cautelares vigentes. En este contexto, las comunidades exigen la nulidad absoluta del acuerdo bajo el argumento de que el acto administrativo incumple derechos constitucionales básicos y mandatos judiciales previos.

Sonia Ivanoff, abogada que, junto a Matías Álvarez, representa a las comunidades mapuche-tehuelche, explicó a infoterritorial que “este conflicto es por privados que quieren hacer un country, un barrio privado, en donde hay un cementerio indígena“, pese a la existencia de una medida de no innovar.

El proyecto privado

El mega emprendimiento privado inmobiliario está ubicado en la costa marítima a 7 kilómetros de Rada Tilly y 15 de Comodoro Rivadavia. Desde sus inicios generó rechazo por parte de vecinos y comunidades mapuche tehuelche, que reclamaron ante la falta de Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y la ausencia de consulta indígena.

En 2018 los vecinos denunciaron que la empresa inició obras sin contar con el EIA ni cumplir con el procedimiento de evaluación correspondiente en Provincia y Municipio. Tras los reclamos, la Municipalidad ordenó paralizar el proyecto y labró actas, aunque la empresa continuó trabajando hasta que el Ministerio de Ambiente de Chubut abrió un sumario administrativo e intimó a suspender las obras, lo que finalmente detuvo el emprendimiento, aunque la venta de lotes siguió activa. En 2020 los vecinos denunciaron que la empresa publicitaba la venta de lotes pese a la falta de habilitación del proyecto.

Incumplimiento de medidas judiciales

La nueva impugnación enfatiza que el Ministerio actuó con temeridad al desconocer la plena vigencia de una medida cautelar de no innovar dictada en 2021 en el expediente “ROCO JESÚS c/ MUNICIPALIDAD DE COMODORO RIVADAVIA S/ Medida cautelar de no Innovar“. Esta orden judicial, ratificada en 2022 por la Cámara de Apelaciones local, prohíbe explícitamente cualquier reanudación de trabajos o actos administrativos relacionados con el área.

La restricción judicial establece que no podrán realizarse movimientos hasta que la Legislatura Provincial apruebe el Plan de Manejo del Área Natural Protegida (ANP) Punta Marqués mediante una ley formal. Además, suspendió las obras y obligó al Estado a convocar a las comunidades en un plazo de 60 días para iniciar el proceso de consulta y definir pautas de restitución de restos humanos originarios encontrados en la zona.

Al día de la fecha, la consulta no solo no se realizó, sino que el Municipio de Comodoro Rivadavia y el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas avanzaron con gestiones a favor de la urbanización privada. Para las comunidades, el acuerdo firmado en diciembre de 2025 “pretende eludir de forma ilegal” este requisito fundamental fijado por la justicia.

En este sentido, Ivanoff remarcó que “las comunidades están intimando al Ministerio de Turismo a cumplir. Toda área protegida y reglamentada, en donde hay enterratorios indígenas sobre todo, tiene que tener consulta y participación, y tiene que salir por medio de una ley, no por un acto administrativo“.

Refugio de los Lobos: playas públicas y restos ancestrales en peligro

La abogada también destacó la dimensión cultural y patrimonial del sitio: “es un enterratorio casi inédito, único, exclusivo de Latinoamérica, cuya tumba eran huesos de ballena”, hallazgo que actualmente se conserva en el Museo de Rada Tilly y que, según afirmó, está dispuesto a ser restituido a las comunidades originarias.

Finalmente, advirtió que el convenio firmado desconoce no solo la consulta indígena, sino también la protección de los derechos culturales y de la flora y fauna existente en el área protegida Punta Marqués, lo que agrava la irregularidad del proyecto.

Próximos pasos

Las comunidades exigen la revocación inmediata del citado acuerdo y advierten sobre el inicio de acciones por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y desobediencia judicial. Ante la gravedad de lo denunciado, la parte querellante ya realizó la reserva del caso federal para llevar el reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación si la provincia no retrocede con el convenio.

Fotos: Gentileza No al loteo de “Playa Bajada de los Palitos”

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