Se decreta comisión para analizar denuncias de violencia institucional en la provincia de Jujuy
En virtud de lo acordado durante la última reunión del gobierno nacional con El Tercer Malón de la Paz, el presidente decretó la creación de una Comisión de Recepción y Análisis de Denuncias sobre Violencia Institucional en dicha provincia.
El objetivo principal de esta comisión es abordar las alegaciones de abuso de autoridad, hostigamiento y persecución por parte de la fuerza policial provincial en el contexto de las manifestaciones durante las protestas contra la reforma parcial de la Constitución provincial.
Según el decreto, la comisión estará integrada por un mínimo de cinco y un máximo de siete representantes, quienes desempeñarán su trabajo de manera “ad-honorem”
La misma será coordinada por el Director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional y contará con la participación de expertos de reconocida trayectoria en derechos humanos designados por el Ministro de Justicia y Derechos Humanos.
Las funciones de la Comisión
a. Receptar las denuncias de abuso de autoridad, hostigamiento, persecución y demás casos de violencia institucional cometidos por la fuerza policial provincial contra manifestantes durante y después de la protesta contra la reforma constitucional de la PROVINCIA DE JUJUY.
b. Recopilar las observaciones formuladas por los organismos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los derechos humanos (ACNUDH), relativas a la actuación de la fuerza policial provincial durante las protestas llevadas a cabo por las diversas organizaciones sociales, sindicales, comunidades indígenas y demás ciudadanos en la provincia de Jujuy.
c. Elaborar un Informe que será puesto en conocimiento del Congreso de la Nación y de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, conjuntamente con las recomendaciones que aseguren el cumplimiento de las obligaciones asumidas por el Estado Nacional en los Tratados y Convenios Internacionales sobre Derechos Humanos.
Para que algo no funcione…
No es la primera vez que el gobierno nacional recibe comitivas de pueblos indígenas ante la represión y violaciones a sus derechos en las provincias no oficialistas.
Las mesas de diálogo que se mantuvo con distintas comunidades de la Nación Mapuche dieron fruto a la firma un acuerdo en el que las autoridades de Parques Nacionales Argentinos retiraron la denuncia contra los integrantes de Lof Lafken Winkul Mapu por usurpación. Esto derivó en la liberación de las cuatro presas políticas mapuche detenidas durante el desalojo.
Sin embargo a tres meses del acuerdo continúan judicializadas y sin cumplirse los demás puntos del mismo. Entre ellos, la restitución del Rewe a la Machi Betinana Colhuan y la reubicación de la comunidad en otro territorio.
Llama la atención que hace pocos días fue detenida Yessica Bonnefoi Carriqueo Antimil, quien a pesar de afirmar no pertenecer hace más de dos años a la comunidad que fue desalojada de la zona de Villa Mascardi en octubre pasado, pasa sus días vinculada a esta causa y en huelga de hambre en una dependencia de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).
Es de celebrar que los reclamos de los pueblos originarios sean escuchados aunque cuesta confiar cuando la experiencia muestra que muchas veces estos encuentros no son más que en una foto para el recuerdo. No obstante, esperamos que no sea el caso de esta comisión. Las comunidades indígenas han depositado sus esperanzas en este tipo de mecanismos democráticos, que sólo se legitimarán si se asegura un grado de eficacia que garantice los derechos indígenas.
Foto de portada: Romina Lema
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