10 de febrero: fecha clave para el futuro de los glaciares
El próximo 10 de febrero de 2026 el Senado de la Nación tratará en sesiones extraordinarias la reforma de la Ley N. º 26.639 -la Ley de Glaciares-, en lo que representa el intento por perforar los presupuestos mínimos de protección ambiental desde su sanción en 2010. Esta iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo y respalda por los gobernadores de las provincias que componen la Mesa del Litio y la Mesa del Cobre, busca el vaciamiento de su contenido técnico para subordinar la seguridad hídrica a los proyectos extractivistas.
Un ataque al derecho ambiental
La reforma apunta directamente al principio de no regresión ambiental. Al pretender limitar la protección exclusivamente a los glaciares y ambientes periglaciales considerados hídricamente relevantes, el Estado argentino avanza hacia la desprotección, por omisión deliberada, de ecosistemas que cumplen funciones sistémicas fundamentales que van desde la regulación climática y el sostenimiento de la biodiversidad de montaña hasta la provision de agua potable a gran parte de la población del país.
En las recientes audiencias de comisión de Minería, Energía y Combustibles y de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado, el abogado Enrique Viale fue tajante al definir el proyecto como “la reforma Barrick Gold”. Su advertencia pone de relieve la demolición de una estructura jurídica que costó años de consenso social. Viale señaló que “las leyes de presupuestos mínimos son una arquitectura que este proyecto tira por la borda. La destruye”. El especialista cuestionó además el futuro de otras normas protectoras al preguntar si vendrán luego por los bosques o los ríos, subrayando la inconstitucionalidad de una iniciativa que reduce los pisos comunes de protección fijados por el artículo 41 de la Constitución Nacional.
La ciencia bajo el asedio minero
Uno de los puntos más alarmantes de la reforma es el desplazamiento del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales – IANIGLA como autoridad técnica independiente. Bajo el nuevo esquema propuesto, la ciencia queda supeditada a la voluntad política. El mecanismo previsto permitiría que, si una autoridad minera provincial decide que una geoforma no es hídricamente relevante, el instituto científico deba eliminarla del Inventario Nacional.
Pablo Villagra, director del IANIGLA, remarcó durante su exposición que no fueron convocados para la elaboración del proyecto de Ley y recordó que en las zonas desérticas de los Andes toda el agua depende de la criósfera. Desproteger el ambiente periglacial es condenar a las poblaciones locales al estrés hídrico crónico, especialmente considerando que este entorno aporta hasta el 50% de la infiltración en años de sequía.
Inseguridad jurídica
Contrario al argumento oficial que sostiene que la reforma busca seguridad jurídica, los especialistas advierten sobre un escenario de parálisis legal y alta conflictividad. Andrés Napoli, director de FARN, señaló que “este proyecto va a estar en tribunales 40 años”. Al vulnerar estándares internacionales y derechos de comunidades locales que no han sido consultadas, la reforma garantiza una judicialización inmediata de cada proyecto minero que intente avanzar sobre áreas hoy protegidas.
El análisis de los cambios y el agua como moneda de cambio
El proyecto redefine artículos clave para flexibilizar las prohibiciones vigentes. El Inventario Nacional dejaría de ser un registro científico de la criósfera para transformarse en una lista funcional sujeta a criterios de oportunidad
Protestas en las calles
Frente al Congreso Nacional, organizaciones sociales, políticas, sindicales, ambientales y de derechos humanos se manifestaron en rechazo a la reforma laboral y de la modificación de la Ley de Glaciares. Estas reformas impulsadas por el gobierno nacional y aliados de distintos colores partidarios buscan transformar de raíz el tejido social y cultural del país, facilitando la entrega de los territorios y de las reservas estratégicas de agua dulce a intereses trasnacionales. La protesta no se limitó a la capital federal, ya que se registraron marchas similares en diversas localidades de las provincias.
El tratamiento legislativo del 10 de febrero y la movilización popular definirán si se continúa considerando a sus glaciares como un bien común estratégico o simplemente como un obstáculo para los destructivos intereses transnacionales.
📷No a la Mina – Esquel
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