Declaran nulo el protocolo antipiquetes y el gobierno apela
El juez federal Martín Cormick declaró la nulidad absoluta del protocolo antipiquetes impulsado en 2023 por la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. El gobierno nacional apeló el fallo.
La resolución, dictada por el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11, sostiene que el Poder Ejecutivo se excedió en sus facultades al aprobar la normativa mediante la Resolución 943/23 y que la medida vulnera competencias legislativas, además de no cumplir con los requisitos formales para imponer restricciones a la protesta social.
La Confederación Mapuche de Neuquén celebró el fallo judicial que responde al amparo presentado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) junto a numerosas organizaciones sociales y de derechos humanos, entre ellas la Confederación Mapuche.
Cormick sostuvo que el protocolo vulnera la Constitución Nacional y Tratados Internacionales, al intentar criminalizar la protesta social y restringir derechos fundamentales. El magistrado subrayó que el Ministerio de Seguridad se excedió en sus facultades, al arrogarse funciones legislativas que no le corresponden y al pretender limitar garantías constitucionales.
El protocolo había sido una de las primeras medidas del gobierno de Javier Milei y fue cuestionado por su carácter represivo, ya que buscaba atemorizar y desmovilizar las manifestaciones contra las regresivas políticas oficiales. “Es un fallo fundamental en los tiempos que corren, ya que incluso en Neuquén el gobierno de Figueroa y la fiscalía, se han atrevido a abonar la misma teoría de Bullrich y Milei, que pretende convertir cualquier acto de protesta en un delito”, señalaron desde la Confederación Mapuche de Neuquén.
Asimismo, remarcaron que este fallo constituye un freno judicial clave en defensa de la democracia y de los derechos colectivos. En palabras de la Confederación Mapuche: “Este freno judicial es un paso importante para defender la democracia en Argentina. Aunque sea apelado, la contundencia de sus argumentos sienta un precedente sobre el cual debemos seguir trabajando en unidad”.
El Ministerio de Seguridad, actualmente encabezado por Alejandra Monteoliva, respondió con una apelación inmediata y aclaró que la sentencia quedó suspendida hasta que la Cámara se expida. De esta manera, el protocolo continúa vigente y aplicándose en todo el país, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires y en rutas nacionales donde intervienen fuerzas federales.
El fallo judicial marca un nuevo capítulo en la defensa del derecho a la protesta social. Es importante señalar que, en las manifestaciones multitudinarias, el protocolo no logró aplicarse, como ocurrió en la movilización en defensa de la Universidad Pública y en las marchas del 24 de marzo por el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, entre otras.
Comunicado completo de la Confederación Mapuche de Neuquén
LA JUSTICIA ANULÓ EL PROTOCOLO ANTIPROTESTAS DE BULLRICH
Valoramos la decisión del juez federal Martin Cormick de declarar ilegítima la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad de la Nación y de esta manera anular el protocolo ANTIPROTESTAS de Patricia Bullrich.
El poder judicial le dio la razón al planteo judicial impulsado por el CELS – Centro de Estudios Legales y Sociales y numerosas organizaciones, entre las que figura la Confederación Mapuche de Neuquén, y sentenció que el protocolo vulnera la constitución nacional y tratados internacionales.
Este protocolo de Bullrich fue una de las primeras acciones del gobierno mileista, y pretendió criminalizar las movilizaciones, pero sobre todo amedrentar y desmovilizar a la población indignada por las acciones de gobierno de Milei y sus aliados provinciales.
El juez reivindicó el derecho a la protesta y determinó, entre otros puntos, que el Ministerio de seguridad se excedió en sus facultades al ejercer funciones legislativas que no le corresponden y peor aún, pretendiendo limitar derechos constitucionales.
Es un fallo fundamental en los tiempos que corren, ya que incluso en Neuquén el gobierno de Figueroa y la fiscalía, se han atrevido a abonar la misma teoría de Bullrich y Milei, que pretende convertir cualquier acto de protesta en un delito.
Por eso este freno judicial es un paso importante para defender la democracia en Argentina.Aunque sea apelado, la contundencia de sus argumentos sientan un precedente sobre el cual debemos seguir trabajando en unidad, así como las numerosas organizaciones hemos acompañado este amparo de CELS.
¡Marici wew! ¡Diez veces venceremos!
📷 Roxana Sposaro
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