El INAI creó un sistema para beneficiar los reclamos privados
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) aprobó la Resolución 228/2025, que establece la creación del Sistema de Recepción, Análisis y Respuesta de Peticiones (SRARP).
La resolución, firmada por Claudio Avruj, crea el Sistema de Recepción, Análisis y Respuesta de Peticiones (SRARP), se trata de un mecanismo formal, permanente y obligatorio destinado a centralizar la tramitación de solicitudes, reclamos, consultas y denuncias presentadas por personas no indígenas. Se trata de un sistema que abarcará tanto a individuos como a empresas, instituciones privadas, organizaciones de la sociedad civil y otros actores cuyos derechos “puedan verse afectados por el accionar del organismo”.
En los fundamentos de la medida, el organismo subraya que “la Propiedad Comunitaria Indígena y la Propiedad Privada gozan de igual protección constitucional que, necesariamente deben ser armonizadas sin anularse mutuamente”.
El texto firmado por el presidente del INAI, Claudio Avruj, también advierte que la ausencia de un mecanismo formal “impacta en la eficiencia administrativa, dificulta y limita el seguimiento de casos relacionados con los conflictos o colisión de derechos que dificultan la convivencia pacífica o motivan judicializaciones”.
El SRARP estará bajo la órbita de la Dirección de Asuntos Jurídicos del INAI, que tendrá la responsabilidad de dictar lineamientos técnicos, supervisar plazos y calidad de respuestas, elaborar informes periódicos y administrar el sistema informático de soporte. A contramano de las políticas de ajuste para otros sectores, en este caso cada área del instituto deberá designar un referente operativo para garantizar el tratamiento técnico de las actuaciones.
Carriqueo cuestiona al INAI
En comunicación con infoterritorial, Orlando Carriqueo, werken de la comunidad Elel Quimun y referente de la zona Valle de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, expresó fuertes críticas hacia la resolución del INAI y su conducción política: “Me preocupa aunque no me sorprende la posición que tiene en la actualidad el INAI. Una dirección que va en camino contrario al plexo normativo internacional en materia de derechos indígenas“, señaló Carriqueo.
El referente mapuche también manifestó inquietud por la actitud de algunos integrantes de comunidades originarias: “Mucho más me preocupa hermanos indígenas que aceptan dialogar y planificar trabajos y proyectos de Propiedad Comunitaria, capacitaciones, articulaciones, etc. con el INAI, cuando es evidente que este gobierno nacional está aliado con los poderes económicos que buscan apropiarse, extranjerizar y contaminar nuestros territorios“.
En su análisis de la gestión del organismo, Carriqueo fue categórico: “Si analizamos estos dos años de actuación del INAI nos vamos a encontrar con posiciones políticas, resoluciones y directivas en contra de las comunidades y en favor de los terratenientes y la Sociedad Rural“.
Finalmente, reclamó acciones judiciales: “A este organismo y a su conducción política hay que denunciarlos penalmente por incumplimiento de los deberes de funcionario público y por clara violación a los Derechos Humanos“.
Un Estado que incumple
La resolución no menciona ninguna medida de protección a las comunidades indígenas, pero si enfatiza la necesidad de proteger ciertos datos: “El tratamiento de datos personales y datos sensibles en el marco del SRARP deberá cumplir estrictamente con la Ley 25.326, el Decreto 1558/2001, las normas de la Agencia de Acceso a la Información Pública y los estándares internacionales en materia de protección de datos”, señala el artículo 5°.
Detrás de la retórica de transparencia y participación, lo que se observa es un intento de acelerar aún más el ingreso de intereses económicos sobre las tierras indígenas.
El propio texto reconoce que “la ausencia de un mecanismo formal y centralizado impacta en la eficiencia administrativa”, pero no menciona cómo este nuevo sistema garantizará que las comunidades puedan defenderse frente a los intereses privados. No es casual la previa eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario, que otorgaba subsidios a las comunidades indígenas para asesoramiento legal ante los conflictos territoriales.
La resolución plantea la necesidad de “armonizar” la Propiedad Comunitaria Indígena con la Propiedad Privada. Sin embargo, tanto la Constitución Nacional como el Convenio 169 de la OIT reconocen la especificidad de los derechos colectivos de los Pueblos Originarios, y el Estado argentino continúa incumpliendo con la histórica deuda de aplicar de manera efectiva la Propiedad Comunitaria Indígena.
Cabe recordar que la Corte Interamericana, en el caso Lhaka Honhat vs. Argentina, determinó que el Estado violó los derechos de las comunidades indígenas al no garantizarles la titularidad de sus tierras ancestrales y permitir actividades de terceros que afectaron su modo de vida.
En un contexto de conflictos territoriales crecientes por la avanzada extractivista, el riesgo es que el SRARP se convierta en una herramienta para profundizar y legitimar la presión de empresas y particulares sobre las comunidades, bajo el argumento de dar “respuesta” a todos los actores como ya viene sucediendo de hecho con diversas resoluciones que anularon relevamientos territoriales realizado por gestiones anteriores.
Más que un avance, parece un paso hacia la institucionalización de la desigualdad: un sistema pensado para ordenar reclamos externos, pero no para garantizar el derecho de los Pueblos Indígenas sobre sus territorios.
BOLETIN OFICIAL REPUBLICA ARGENTINA – INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS – Resolución 228/2025
📷 Lof Suyai Leufú en Mendoza es una de las comunidades a las que se les anuló el reconocimiento de la ocupación actual, tradicional y pública. “Tenemos casos en Santiago del Estero, en Neuquén, en Río Negro, en Chaco, en Misiones. Esto se da en todo el país”, anticipó Claudio Avruj en una radio local de Mendoza.
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