Comunidades alertan por contaminación en la Cuenca de Pozuelos

20 Ene 2026

El 19 de enero pasado, comuneros y productores de la Cuenca de Pozuelos en la Puna Jujeña presentaron formalmente ante el recientemente creado Ministerio de Minería de la provincia un pedido de informe ambiental referido a pasivos ambientales y nuevos proyectos mineros en Mina Pan de Azúcar y Mina Eureka I y II. Aunque durante 2025, se realizaron otros pedidos de informe, sin respuestas, la nueva solicitud insiste en esclarecer el estado actual de los pasivos mineros, la existencia de actividad vigente o en proceso de reactivación, los riesgos de contaminación asociados y las medidas de control y remediación previstas.

El pedido se produce en un contexto en el que el gobierno provincial, a cargo de Carlos Sadir, celebra el RIGI, exportaciones récord de litio y anuncia nuevos proyectos de cobre y oro, mientras las comunidades indígenas y productores locales denuncian que los pasivos ambientales de minas abandonadas, como Pan de Azúcar -en la localidad homónima ubicada a 192 kilómetros de San Salvador- continúan contaminando ríos y lagunas sin que se implementen medidas de saneamiento efectivas. A su vez, alertan que los nuevos pedimentos y proyectos profundizará el grave impacto sobre los ecosistemas y territorios comunitarios.

La presentación se realizó en el marco del Acuerdo de Escazú y de la normativa nacional y provincial de acceso a la información pública ambiental, con el objetivo de garantizar decisiones transparentes y proteger a las comunidades.

Florencia Solís es pobladora Kolla de Rodeo de la Puna, ubicada en la cuenca de Pozuelos, presidenta de la Comunidad Aborigen de Puya Puya y representante de la Asamblea de Mujeres en Defensa de la Pachamama. Tras la presentación, expresó: “Soy productora de ese lugar, ganadera, crío llamas y ovejas, todos los de la cuenca somos productores. La contaminación en Pan de Azúcar viene de hace muchos años, nunca se hizo un saneamiento, no se hizo ninguna curación de esa tierra que está envenenada, y ahora quieren volverla a explotar”.

Solís alertó sobre la reactivación del extractivismo en la cuenca de la mano del proyecto Eureka, del cual los pobladores no tuvieron conocimiento hasta ver las máquinas en el territorio: “Me enteré de que ya hay máquinas trabajando, explorando, y es una gran preocupación para mí como productora, porque va a contaminar la Laguna de Pozuelos. Estoy luchando por esa laguna, para que esté sanita, nuestros animales, nuestros flamencos, nuestras gallaretas, y todo lo que está en esa laguna”. El reclamo de Solís también expone la falta de Consulta Previa, Libre e Informada a las comunidades originarias, tal como lo establece el Convenio 169 de la O.I.T, al que el Estado argentino suscribe.

La comunera advirtió: “nos van a envenenar todo el suelo, el agua, el aire. Ahora que está lloviendo, es una gran preocupación más para los productores del lugar, porque en Pan de Azúcar están corriendo aguas envenenadas a la laguna de Pozuelos, al río Cincel, y de allá de Eureka va a venir el río Sarcari, que también desemboca en la laguna”. Asimismo, señaló que “el gobierno de hoy, desgraciadamente, quiere envenenar todo el suelo y el agua, porque hay pedimentos mineros por toda la cuenca de Pozuelos, especialmente en los cerros donde hay minerales”.

Contaminación de larga data

La preocupación de las comunidades se intensifica por los antecedentes de contaminación en la zona. En 2012, un equipo científico caracterizó los pasivos mineros de Pan de Azúcar y concluyó que la actividad había generado un fuerte impacto ambiental, contaminando aguas superficiales y subterráneas, sedimentos fluviales y suelos. El estudio advirtió que las lluvias estivales aceleran la producción de drenaje ácido de la mina, observándose la coloración rojiza del agua por más de cuatro kilómetros desde el yacimiento. “La afectación al medio ambiente continuará en el tiempo hasta tanto no se tomen medidas de remediación y saneamiento“, concluía el informe.

8 años después, en 2020, un nuevo informe de impacto ambiental elaborado por la Dra. Jesica Murray, del Instituto de Bio y Geociencias del NOA, CONICET-Universidad Nacional de Salta, confirmó que el drenaje ácido de la mina Pan de Azúcar seguía afectando al río Cincel y la Laguna de Pozuelos, declarada Reserva de Biosfera por la UNESCO en 1990. El estudio detectó niveles de metales pesados como hierro, aluminio, cobre, plomo y cadmio muy por encima de los límites permitidos, lo que refleja la gravedad de la contaminación. El documento recomendó medidas urgentes para mitigar la descarga de drenaje ácido de mina hacia los cursos fluviales, técnicas de fitoremediación con especies autóctonas en los sedimentos de las llanuras de inundación y la preservación de los aportes de agua limpia que llegan desde sectores menos afectados.

Pero, los pobladores denuncian que las recomendaciones de los profesionales quedaron en la nada y que los intereses mineros en la Puna, respaldados por los gobiernos de turno, continuaron avanzando a pesar de la oposición de las comunidades locales.

En diciembre pasado, durante las Jornadas Interdisciplinarias de Ambiente y Sociedad realizadas en la Universidad de Jujuy, una comunera afectada por el proyecto Chinchillas expuso las consecuencias que la actividad minera genera y remarcó que la falta de infraestructura sanitaria agrava los problemas derivados de la contaminación: “Nosotros escuchamos claramente las bombas, las explosiones, el polvo y el ruido. Hoy no tenemos ambulancia, le dieron de baja. No hay medicaciones, vemos un abandono hacía en las comunidades que hoy están con mineras”.

Además, relató que sus reclamos no encuentran respuesta ni en las autoridades provinciales ni en las mineras: “Si nos sentamos con la empresa y le decimos que necesitamos una ambulancia o un médico, porque debido al agua contaminada hay casos de diarrea, y tos porque tenemos en la garganta ese polvo de las explosiones, la empresa nos calla y cierra la mesa de diálogo“.

Eureka, más contaminación

Otro negocio que asedia a la Cuenca De Pozuelos es la mina Eureka. El proyecto está en manos de la empresa Ajax Resources, que en mayo de 2025 adquirió Puna Metals S.A. y en julio presentó un nuevo Estudio de Impacto Ambiental. El proyecto comprende doce licencias mineras prospectivas, nueve ya concedidas y tres pendientes de aprobación, que abarcan unas 7.200 hectáreas e incluyen la perforación ya iniciada en búsqueda de oro y cobre, según informó en su página oficial la compañía británica.

Los reclamos

Durante 2025, Florencia Solís, junto a otras y otros productores, presentó reiterados pedidos de informes con el objetivo de que el Estado provincial dé respuestas claras sobre las acciones de remediación de los pasivos ambientales existentes y los desechos mineros y contaminación que podría estar generando los diferentes proyectos mineros en la Puna.

Además de Pan de Azúcar y Eureka, los comuneros señalaron a la mina a cielo abierto Chinchillas de la canadiense SSR Mining que se encuentra en pleno funcionamiento desde el año 2018. La llegada de SSR Mining, en 2016, provocó conflictos locales que derivaron en denuncias legales, manifestaciones públicas y movilizaciones sociales para impedir su instalación señalando los impactos potenciales sobre la producción y la disponibilidad de agua que esta explotación provocaría, y que, como advirtieron los pobladores, actualmente están afectando a la Cuenca de Pozuelos.

En agosto de 2025, también se realizó la “Caminata de Mujeres en Defensa de la Pachamama“, que recorrió más de 300 km desde la Laguna de Pozuelos hasta la ciudad de San Salvador de Jujuy, movilizadas ante la preocupación por la falta de agua y en rechazo a la instalación de más proyectos mineros en la provincia.

**Jujuy invadida por las mineras. En rojo, mina concedida. En amarillo, solicitud de mina. En celeste, cateos. Ver más aquí**

En la misma línea, el pasado 16 de enero las comunidades originarias se manifestaron frente a la Casa de Gobierno provincial para denunciar la falta de respuestas ante el avance extractivista sin su consentimiento. Además, exigieron la entrega de las personerías jurídicas y los títulos comunitarios que el Estado mantiene pendientes. Señalaron que, pese a haber cumplido con todos los requisitos, la Secretaría de Pueblos Indígenas -a cargo de Sonia Ochoa, denunciada por incumplimiento de deberes de funcionario público– dilata los plazos y agrava la situación de las comunidades, que se pronunciaron en defensa de los territorios, del agua y contra la megaminería.

Ante un gobierno que se niega a escuchar, los reclamos se profundizan y la consigna sigue siendo el respeto a los derechos de los Pueblos Indígenas, la Consulta Libre, Previa e Informada y la defensa de los territorios frente al destructivo avance extractivista. En esta última ocasión, Solís lanzó un llamado de alerta “a todos los pueblos, comunidades y productores para que cuiden el ecosistema, el medio ambiente y a la Pachamama”

📷 Foto de portada: Antes y después de la minera Chinchillas

✍🏾Nota colaborativa entre infoterritorial y La Hojita Informativa

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