Empresarios exigen renuncias por el incendio en Parque Nacional Los Alerces

En un contexto en el que las administraciones provincial y nacional centran su discurso en la criminalización y en la búsqueda de supuestos enemigos internos, el descontrol del incendio provocado por la caída de un rayo en el Parque Nacional Los Alerces echa por tierra el relato estatal. Un año después del silencio frente al desalojo de la comunidad mapuche Pailako -señalada sin pruebas como responsables de los incendios en el Parque-, entidades que representan al sector comercial de la cordillera norte de Chubut emitieron un pronunciamiento de inusual dureza, pidiendo la renuncia de las autoridades del Parque Nacional.

El 9 de enero de 2025, mediante un descomunal operativo de fuerzas federales, y con la presencia de la entonces ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, junto al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, fue desalojada la comunidad mapuche-tehuelche Pailako. La justificación oficial consistió en responsabilizarla mediáticamente de los incendios en la zona. Sin embargo, hasta la fecha esas acusaciones no avanzaron en el plano judicial.

Casi un año después, la caída de un rayo en una zona inaccesible -confirmada por fuentes oficiales- expuso -además de las falsas acusaciones racistas- la desidia de la gestión del Parque Nacional y del gobierno nacional, de quien depende. Recortes, subejecución del presupuesto del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, falta de ejecución de partidas y la amenaza de modificar las leyes ambientales constituyen algunos de los factores que aceleran estos incendios, vinculados al cambio climático y destinados a repetirse si no se cuestiona una matriz productiva que profundiza este proceso.

Mientras tanto, el incendio en el Parque Nacional Los Alerces sigue fuera de control, avanza hacia la localidad de Cholila. Las cámaras empresarias, a través de un documento conjunto, denunciaron una grave falta de prevención en materia de incendios forestales y reclamaron el alejamiento inmediato de las máximas autoridades de la Administración de Parques Nacionales.

Malestar empresarial

La declaración fue encabezada por la Cámara de Comercio, Industria, Producción y Turismo del Oeste del Chubut (CAMOCH), con el respaldo de la Federación Empresaria del Chubut (FECH) y la adhesión de las cámaras de Trevelin, Lago Puelo, Epuyén y El Maitén. El eje central del reclamo es el rechazo a lo que consideran una falta sistemática de políticas eficaces para el control del fuego en el Parque Nacional Los Alerces y otras zonas críticas de la región patagónica.


“Independientemente del gobierno de turno, nuestras comunidades continúan padeciendo incendios que solo generan más pobreza, pérdida de empleo, destrucción productiva y daños irreversibles a corto y largo plazo.”


Según el sector privado, existe una evidencia sostenida sobre el incremento en la frecuencia e intensidad de estos siniestros, los cuales consideran previsibles. Los empresarios calificaron como inadmisible que, pese a los pronósticos de un verano extremadamente seco, se haya registrado una falta de preparación básica. Señalaron específicamente la ausencia de restricciones efectivas en el uso del fuego, el incumplimiento de protocolos ante fenómenos naturales como la caída de rayos y una carencia de vigilancia activa en áreas vulnerables. 

El comunicado cuestiona la capacidad de respuesta de los organismos estatales, preguntándose si es realmente imposible asignar recursos para guardias preventivas o fuerzas de seguridad de montaña que intervengan de manera temprana. El sector empresario enfatizó que la prevención resulta significativamente menos costosa que el combate tardío, el cual estiman en un gasto público mínimo de 50.000 dólares diarios, sin computar las pérdidas económicas de las familias y emprendimientos locales.


Resulta inadmisible que, con pronósticos claros de un verano extremadamente seco, se haya evidenciado una alarmante desidia y negligencia en la preparación y aplicación de medidas básicas: ausencia de restricciones efectivas en el uso del fuego, incumplimiento de protocolos ante caídas de rayos, falta de ajustes operativos frente a la emergencia hídrica prevista con meses de anticipación y una notoria carencia de controles y vigilancia activa en zonas críticas.


Para las cámaras de la región, la gestión actual demuestra una indiferencia que pone en riesgo el estatus de las áreas protegidas y su valor como pilar del desarrollo económico y turístico. En ese sentido, manifestaron que no aceptarán un futuro basado en la destrucción de lo que clasifican como “capital natural, ni un territorio administrado por autoridades que consideran incompetentes para cumplir su misión institucional.

Como consecuencia de este diagnóstico, el sector empresario exigió responsabilidades políticas concretas. El pedido de renuncia fue dirigido explícitamente a Danilo Hernández Otaño, intendente del Parque Nacional Los Alerces, y al arquitecto Sergio Martín Álvarez, presidente de la Administración de Parques Nacionales, junto a su equipo de trabajo. Los representantes del comercio y la industria responsabilizaron a estos funcionarios por la catástrofe ambiental y económica generada.


“Nos preguntamos -y elevamos formalmente este interrogante a las autoridades nacionales de la Administración de Parques Nacionales-: ¿qué sigue después de cada incendio? ¿La inacción? ¿La pérdida progresiva de áreas protegidas? ¿La venta de tierras devastadas para desarrollos inmobiliarios? ¿El cambio de zonificaciones? ¿Cuánto vale el bosque para quienes hoy lo administran? ¿Cuánto vale el agua, en una región que ya enfrenta restricciones severas?


Además de los cambios de autoridades, los firmantes demandaron la apertura de un debate participativo para revisar los planes de manejo de las áreas protegidas y establecer protocolos de contingencia consensuados que permitan actuar con eficacia ante futuros eventos de esta naturaleza.

📷Nicolás Palacios

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