Se conformó la “Agrupación de Presxs Políticxs por Defender el Agua” en Mendoza
La organización se conformó tras cumplirse un año del inicio de la persecución y criminalización de quienes se oponen a la megaminería en Mendoza. Integrada por personas que denuncian privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, hostigamiento laboral y causas armadas, el colectivo se presenta como defensor de los derechos humanos y observador de la represión policial e institucional, con el objetivo de visibilizar y enfrentar las violaciones que, aseguran, se cometen contra quienes defienden el agua y el territorio
El 24 de enero de 2025 se llevó a cabo una movilización en rechazo a la inauguración de la Oficina de la Cámara de Proveedores Mineros de Uspallata y al avance de los proyectos mineros en la provincia. La jornada culminó con una fuerte represión y la detención de defensores del agua, dando inicio a un ciclo de persecución y judicialización de la protesta social en Mendoza.
En las semanas siguientes se sucedieron allanamientos y nuevas detenciones relacionadas con la movilización de enero. Entre los arrestados se encontraban comerciantes y vecinos de Uspallata, acusados de haber participado en los hechos. Desde aquel hecho, organizaciones como la Asamblea por el Agua y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, vienen denunciando la criminalización de la defensa del agua.
Con el correr de los meses, las causas judiciales se ampliaron y se sumaron nuevas imputaciones. Los ambientalistas sostienen que se trata de causas armadas y que las medidas de prisión preventiva y las fianzas elevadas tienen un carácter claramente intimidatorio.
Cabe recordar que el 9 de diciembre de 2025 la Legislatura de Mendoza aprobó un paquete de leyes mineras que habilitan y regulan la explotación de proyectos como el de Minera San Jorge, lo que generó un fuerte rechazo de comunidades mapuche y huarpes, organizaciones sociales y ambientales. Esa jornada también estuvo marcada por un intenso operativo policial, represión y detenciones.
Al cumplirse un año de la represión que dió inicio a esta ola de detenciones, allanamientos e imputaciones a manifestantes contra la minería, se conformó la “Agrupación de Presxs Politicxs por Defender el Agua”.
Reproducimos su primer comunicado público
La Agrupación de Presxs Políticxs por Defender el Agua comunica que se ha conformado como organización defensora de los derechos humanos y observadora de la represión policial e institucional de Mendoza, a partir de la reunión de las personas que estamos siendo perseguidas con privación ilegítima de la libertad, apremios ilegales, hostigamiento laboral y causas armadas por el Gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, por cuenta y orden de Minera San Jorge.
Nos declaramos en contra del paquete de leyes aprobadas por la Legislatura de Mendoza el día 9 de diciembre pasado, porque la megaminería encierra muchísimas externalidades negativas ambientales, sociales y económicas que perjudican a territorios y comunidades que los habitan.
Pero además de eso, viola los derechos humanos, con su impronta de persecución, represión, tortura y cárcel a opositores, algo completamente inaceptable para una sociedad que se precie de vivir en democracia.
Minera San Jorge pertenece a Solway Holding, una corporación off shore radicada en paraísos fiscales, que viene cometiendo sucesivas violaciones a los derechos humanos en países como Guatemala, Indonesia, Filipinas y Liberia, con contaminación, sobornos, estado de sitio, intimidación, represión y asesinato de opositores; modus operandi que pretende implementar también en Argentina, a través de su subsidiaria local y con la venia del gobernador Alfredo Cornejo, principal responsable de las violaciones a los derechos humanos que se vienen perpetrando en Mendoza.
A un año del inicio de la persecución y represión contra opositores a Minera San Jorge, actualmente somos más de 20 presxs políticxs con libertad condicional bajo fianzas usurarias, cuestión que no sólo es intimidatoria a nivel personal, sino a nivel social. Esto desde ya, lo repudiamos categóricamente e instamos a no dejarse amedrentar por el abuso de posición dominante del poder de turno. Por lo tanto, exigimos el desprocesamiento inmediato de todas las personas imputadas por defender el agua de Mendoza, en cumplimiento del Acuerdo Escazú y los demás convenios internacionales sobre derechos humanos con rango constitucional vigentes en todo el territorio de la República Argentina.
Mendoza, 24 de enero de 2026.
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