Alerta por avance minero ilegal en Laguna de Guayatayoc

01 Abr 2026

Las comunidades originarias de Santa Ana de la Puna y zonas aledañas denuncian que la empresa Dajin Resources S.A. vulnera derechos constitucionales y tratados internacionales al intentar unificar proyectos mineros sin consulta previa e intentando dividir a las comunidades.

Los pobladores de la Puna jujeña permanecen en estado de alerta y movilización tras impedir el ingreso de la minera Dajin Resources S.A., filial de la canadiense Dajin Resources Corp., a sus territorios ancestrales. Denuncian que la empresa actúa fuera de la legalidad y desconoce tanto el Convenio 169 de la OIT como el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, que garantizan la propiedad comunitaria de las tierras y la participación en la gestión de los recursos naturales.

El conflicto se intensificó cuando la multinacional intentó realizar un Monitoreo Ambiental Participativo en el denominado Proyecto Guayatayoc Norte. Según las comunidades, esta denominación busca unificar cuatro pedimentos mineros previamente rechazados de manera individual por la Unidad Ambiental de Gestión Minera Provincial (UGAMP). Ante la convocatoria de la empresa para presentar su monitoreo los días 31 de marzo y 1 de abril, la comunidad de Santa Ana de la Puna respondió con un llamado a la movilización en defensa de su territorio y del agua.

El cuestionamiento legal

La abogada de la comunidad, Alicia Chalabe, advirtió sobre las irregularidades administrativas en las que incurre la empresa y la Secretaría de Minería provincial. En un escrito presentado recientemente, la letrada sostiene que la convocatoria para el monitoreo carece de validez legítima para las comunidades.

“Se desconoce esta reunión de pedimentos y el Proyecto Minero Guayatayoc, que será tratado en el Monitoreo Ambiental Participativo como un solo proyecto. Se expresó el rechazo a la exploración de cada uno de los pedimentos cuando fueron tratados en la Unidad Ambiental de Gestión Minera Provincial (UGAMP) en forma individual”, afirmó Chalabe.

La defensa técnica remarca que no existe una presentación formal ni aprobación del proyecto unificado que la empresa pretende monitorear. “No se tuvo participación en el mismo, no fueron citados para su tratamiento y reunión, ni se aprobó su reunión en un solo proyecto”, sentenció la abogada.

Testimonios desde el territorio

Los habitantes de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc libran una batalla diaria que trasciende los despachos judiciales. Las comunidades indígenas utilizan hoy las redes sociales para difundir videos donde denuncian frontalmente el avance de las mineras sobre sus tierras. Estos registros muestran a los pobladores señalando intervenciones territoriales, alertando sobre el uso del agua y cuestionando la vulneración de sus derechos fundamentales.

En el paraje de la Comunidad de Santa Ana de la Puna, la resistencia se manifiesta de forma directa. Nélida Zarapura, pobladora, relató el momento en que impidió el paso de la maquinaria y el personal minero que intentaba atravesar sus tierras.

“Yo termino de almorzar y me encuentro con estos vehículos que están parados acá en la puerta de mi portón, donde cruza mi hacienda. Entonces Jorge Morales me dijo que vino por tema del monitoreo. Yo le dije que no quiero nada, no acepto nada. Así que de esta puerta para arriba ni para abajo no pasan ellos”, relató Zarapura con firmeza.

Por su parte, Franco, integrante de la comunidad de Tusaquillas, subrayó la importancia de la defensa del agua como recurso vital y derecho colectivo. Según el comunero, la minería lítica avanza sin el consentimiento de quienes habitan la cuenca. “Nosotros buscamos defender el derecho al agua y manifestamos que es un derecho cultural de nosotros proteger toda la Pachamama para las futuras generaciones”, explicó.

Una estrategia de división comunitaria

Aunque la mayoría de las comunidades rechaza colectivamente la actividad, los testimonios indican que los proyectos avanzan mediante diversos mecanismos. Los pobladores denuncian que las empresas negocian individualmente con algunos propietarios para habilitar el ingreso a tierras donde la comunidad ya decidió un “no” rotundo. Estas prácticas, que a menudo cuentan con el aval del Estado, fragmentan el tejido social al fomentar acuerdos que ignoran las decisiones de la asamblea.

Vilma Cayata, también de Tusaquilla, cuestionó que la minera intente negociar con propietarios individuales o “superficiarios” para evadir la decisión colectiva de las asambleas. “Nos llamó mucho la atención que, a pesar de la cautelar, de que no pueden avanzar las mineras, igual vemos que siguen llegando a nuestro territorio. También la estrategia que ellos arman de dividir o llamar por superficiario, cuando nosotros siempre de por vida hemos trabajado por comunidad”, denunció Cayata.

Otro comunero reforzó esta postura al señalar que la organización conjunta es la única garantía para proteger el territorio. “Nosotros tenemos un protocolo de trabajar como comunidad, no como individual. Si esto están haciendo es para dividir, para agarrar de uno a otro”, manifestó.

Un ecosistema en peligro

Las Salinas Grandes, situadas entre Jujuy y Salta, albergan un ecosistema frágil donde conviven decenas de comunidades originarias. El crecimiento de la minería de litio, que responde a la demanda global de baterías, generó una tensión profunda entre el supuesto desarrollo económico y la protección de los derechos territoriales. Desde 2010, los pueblos de la cuenca denuncian que las empresas inician proyectos extractivos sin el consentimiento y sin realizar los procesos de consulta previa, libre e informada que exige la ley.

El reclamo posee una raíz cultural profunda porque las comunidades entienden el territorio como un espacio de vida y no como un simple recurso. Los videos que circulan en internet repiten escenas de habitantes que detienen tareas de exploración, señalan el uso intensivo del agua y exigen respuestas a las autoridades. Estas acciones representan una defensa de la Pachamama y una resistencia que protege el territorio como parte esencial de la vida comunitaria.

El agua representa el punto de mayor conflicto. Debido a que la cuenca de Salinas Grandes depende de un equilibrio hídrico delicado, las comunidades advierten que la extracción masiva de litio podría alterar el sistema para siempre. “El agua vale más que el litio” es la consigna que unifica el territorio frente a los riesgos de daños irreversibles en el salar y en las fuentes que abastecen a la región.

La disputa también llega al terreno legal, donde las comunidades impulsan reclamos ambientales que el Estado todavía no atiende plenamente. Los pedidos incluyen la realización de estudios de impacto ambiental acumulativos para evaluar toda la cuenca, la protección del sistema hídrico y la garantía real del derecho a la consulta. Además, los pobladores presentan amparos judiciales para frenar una actividad que amenaza su supervivencia.

La tensión con Dajin Resources va escalando

A finales de 2024, cuando las comunidades de la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc junto a la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) presentaron una denuncia inicial ante la Embajada de Canadá en diciembre de ese año por violaciones a los derechos humanos. Ante el silencio de la representación diplomática, los Pueblos Indígenas reiteraron formalmente su reclamo en junio de 2025 para denunciar el accionar de la minera Dajin Resources S.A. en los departamentos de Cochinoca y Tumbaya.

En noviembre de 2025, la empresa realizó una presentación de impacto ambiental en un hotel privado, con un fuerte operativo policial que impidió el ingreso a referentes indígenas y organismos de derechos humanos, ambientales y sociales. Además, las comunidades ya elevaron quejas ante la Embajada de Canadá sin obtener respuesta hasta la fecha.

A través de una serie de resoluciones emitidas entre octubre de 2025 y febrero de 2026, la provincia de Jujuy otorgó a la empresa Dajin Resources S.A. al menos 4 concesiones de cateo para la exploración de minerales en el Departamento de Cochinoca. Estas autorizaciones, tramitadas bajo los expedientes 1265-G-2009,1266-J-2009, 1267-J-2009 y 1269-J-2009, abarcan una superficie total superior a las 30.000 hectáreas.

El Boletín Oficial de Jujuy confirma la concesión de miles de hectáreas a favor de Dajin Resources S.A. en los departamentos de Cochinoca y Tumbaya. Las áreas afectadas por estos permisos de exploración comprenden territorios de propiedad y ocupación tradicional y pública de diversas comunidades originarias, entre ellas Cochagaste, Quera y Agua Caliente, Sayate Este, El Cardonal y Abralaite. Las resoluciones destacan que los trabajos impactarán en tierras fiscales y comunitarias, incluyendo parcelas en Santa Ana de la Puna, quienes reclaman ante el riesgo sobre su forma de vida y subsistencia y el ecosistema de las salinas.Lo que sucede en Salinas Grandes refleja una discusión global sobre el modelo de desarrollo y los límites de la transición energética.

Fotos: Gentileza de la comunidad de Salinas Grandes y la Laguna de Guayatayoc

Esta nota es una cobertura Colaborativa “La Hojita Informativa” e “Infoterritorial”

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