Alerta del CELS: El nuevo DNU de inteligencia es “inconstitucional y peligroso”
El organismo de derechos humanos advirtió que el DNU 941/2025 transforma a la SIDE en una “policía secreta” con facultades para detener personas, espiar a la ciudadanía sin control judicial y restaurar la doctrina del enemigo interno bajo un secretismo absoluto.
El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) emitió un crítico análisis tras la firma del decreto de necesidad y urgencia 941/2025 por parte del presidente Javier Milei. Esta medida, tomada durante el receso del Congreso y sin un contexto de urgencia que la justifique, representa una reforma estructural que otorga a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) facultades propias de una “policía secreta que podrá detener personas” y establece un marco legal para la vigilancia masiva bajo un estricto secreto, señalaron desde el organismo.
La organización sostiene que el decreto es inconstitucional y peligroso, argumentando que “debilita los límites y controles de las agencias de inteligencia, reforzando la opacidad, la discrecionalidad, el secretismo y la intervención directa del poder oculto en la vida social y política”. Para el CELS, el cambio de paradigma es total, ya que la SIDE abandona un enfoque de seguridad nacional para centrarse en la contrainteligencia, un concepto que el Gobierno habría ampliado para abarcar cualquier amenaza interna. Esto, advierten, marca el retorno de “la lógica del enemigo interno” al sistema de inteligencia nacional.
Vigilancia política y control social
El informe resalta que el nuevo marco normativo tiene como objetivo la vigilancia de actores sociales específicos, como periodistas, comunidades indígenas y anarquistas, que sean percibidos como riesgos para la gestión oficial. El decreto establece que todas las actividades de inteligencia tendrán carácter encubierto para minimizar el denominado “Riesgo Estratégico Nacional”. Al respecto, el organismo denuncia que “este nivel de secretismo implica que el accionar de la SIDE y del Sistema de Inteligencia Nacional queda formalmente oculto, reforzando el secreto como regla legal explícita”.
Un punto de especial alarma es la capacidad de la SIDE para recolectar datos personales sin control judicial. Organismos como el ReNaPer o ARCA se convierten en terminales del sistema de inteligencia. El CELS advierte que “la SIDE podrá acopiar información de cualquier persona que esté en manos de otras agencias estatales” y que dicha información podrá ser compartida con agencias extranjeras bajo un absoluto hermetismo, impidiendo conocer los términos de esos intercambios.
Facultades de detención y rol de las Fuerzas Armadas
La reforma habilita al personal de inteligencia a realizar detenciones en el marco de sus actividades o delitos en flagrancia. El CELS califica esto como una vulneración gravísima al régimen constitucional, afirmando que “el Poder Ejecutivo no puede otorgar por decreto facultades de detención a organismos de seguridad, por razones indefinidas y sin orden judicial”. Además, el decreto permite que la SIDE solicite apoyo técnico y logístico a las Fuerzas Armadas, lo que supone un retroceso en la histórica separación entre Defensa Nacional y Seguridad Interior.
Finalmente, el informe cuestiona la centralización de poder y recursos, señalando que la SIDE ahora tiene la facultad de aprobar presupuestos y gastos reservados de todo el sistema. Según el organismo, esta estructura “consolida un modelo centralizado de producción, control y circulación de información e inteligencia” que remite a las épocas más oscuras de la institución. Ante este escenario, el CELS reclama la intervención urgente del Congreso para rechazar el DNU y poner en funcionamiento la Comisión Bicameral de Inteligencia.
Informe del CELS completo aquí
Publicación del DNU 941/2025 en el Boletín Oficial aquí
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