Alertan a la ONU por vulneración de derechos indígenas en Chubut
La abogada especialista en Derecho Indígena, Sonia Ivanoff, elevó un duro informe ante el Relator Especial de las Naciones Unidas, Dr. Albert Kwokwo Barume, en el que describe un escenario de “grave regresividad normativa” y vulneración de derechos hacia los pueblos Mapuche-Tehuelche en la provincia de Chubut.
La presentación, que se enmarca en la convocatoria para elaborar el Informe Temático sobre demarcación, registro y titulación de las tierras, territorios y recursos de los Pueblos Indígenas -que será expuesto ante la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)- advierte sobre la desprotección jurídica que atraviesan las comunidades tras la caída de legislaciones nacionales y la sanción de leyes provinciales anticonvencionales y sin la debida consulta previa.
El documento elaborado por la reconocida defensora de las comunidades Mapuche-Tehuelche en Chubut subraya que, pese a que la provincia es la tercera con mayor porcentaje de población indígena en Argentina y que cuenta con más de 150 comunidades organizadas, la falta de títulos de propiedad no obedece a una falla administrativa, sino a una decisión política deliberada.
“La falta de una política de titulación no afecta a casos aislados, sino que constituye una denegación sistémica de derechos que impacta a miles de mapuche tehuelche que, pese a su reconocimiento censal, carecen de seguridad jurídica sobre sus tierras y territorios comunitarios”.
El fin de la emergencia territorial y el avance de privados
La presentación no solo pone en evidencia la crisis de seguridad jurídica en Chubut, sino que también proyecta un debate de alcance nacional en relación al desfinanciamiento y la “derogación de hecho” de laLey Nacional 26.160. Esta norma suspendía los desalojos y ordenaba al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realizar un relevamiento técnico, jurídico y catastral de las tierras ocupadas por comunidades indígenas.
Durante las diferentes gestiones ejecutivas esta tarea se realizó con una dilación llamativa, no obstante, desde la llegada de Javier Milei a la presidencia e Ignacio Torres al gobierno provincial, fue paralizada. En este sentido, Ivanoff remarcó que aproximadamente solo la mitad de las comunidades en Chubut recibió su Carpeta Técnica, y que en muchos casos se desconoce el contenido de las mismas.
La abogada subraya que esta “orfandad jurídica absoluta” permite que el Poder Judicial retome procesos de desahucio, ignorando el carácter ancestral de la posesión. En este contexto, apunta contra el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural por otorgar permisos a terceros sobre territorios comunitarios, que el Estado categoriza unilateralmente como “tierras fiscales”, desconociendo a los “reales ocupantes indígenas”
“El Estado Provincial carece de un plan de titulación de propiedad comunitaria desde el año 1995. Esta omisión deliberada mantiene a las familias indígenas bajo un régimen de precariedad administrativa que facilita el avance de terceros y proyectos extractivos”.
Reformas legislativas provinciales
Ivanoff pone especial énfasis en la gestión del gobernador Ignacio Torres, acusando la sanción de leyes que afectan el régimen territorial sin haber cumplido con el proceso de Consulta Previa, Libre e Informada. Las leyes provinciales I-810, V-202 y I-811 son señaladas como un “bloque de inconstitucionalidad” que impone requisitos burocráticos ajenos a la cultura indígena y vacía de poder real a los órganos de participación:
1. Ley I N° 810 de Registro de Comunidades: Impone requisitos burocráticos para el reconocimiento de personerías, vulnerando el principio de autoidentificación.
2. Ley V N° 202 de Protocolo de Consulta: Paradójicamente, se legisló sobre el procedimiento de consulta sin consultar a los pueblos afectados, estableciendo un protocolo que favorece los plazos corporativos sobre los tiempos comunitarios.
3. Ley I N° 811 que Reforma de la Comisión de Tierras Indígenas (CTI): Esta norma modifica la estructura del organismo encargado de dictaminar sobre las tierras ocupadas por personas, familias o comunidades indígenas.
Sobre la reforma de la CTI, el informe es tajante al denunciar su desnaturalización para dejarla bajo un “control político directo” del Poder Ejecutivo. Actualmente, este cargo lo ocupa Matías Antieco, director de Pueblos Originarios de la provincia, cuya designación no es reconocida por las comunidades al haberse realizado sin su consentimiento.
Además, señaló que en la práctica no existe un reconocimiento efectivo de los territorios consuetudinarios ni de las instituciones de gobernanza tradicionales como derechos preexistentes y que las autoridades estatales imponen condicionamientos ideológicos desconociendo a las autoridades comunitarias.
“Se ha modificado la composición de la CTI para dejarla bajo control político directo. Hoy, el nombramiento de un Presidente ad hoc dependiente del Poder Ejecutivo y la reducción de la representatividad indígena vacían de contenido la participación real”.
Criminalización y la teoría del “enemigo interno”
El informe concluye con una fuerte denuncia sobre la judicialización de la vida comunitaria. La abogada expone que mientras los reclamos por demarcación técnica permanecen archivados o sin presupuesto, la fuerza pública es utilizada para garantizar intereses privados, mencionando específicamente conflictos con terratenientes como el grupo Benetton y funcionarios o vinculados al poder estatal.
En esta línea, Ivanoff alerta sobre la situación de autoridades políticas en el Penal de máxima seguridad de Rawson, como el Lonko Facundo Jones Huala y el Lonko Juan Pablo Colhuan Nahuel.
“Las comunidades mapuche tehuelche enfrentan la criminalización de sus autoridades comunitarias, la imputación a Lonkos como ‘presos políticos mapuche’ que, sin formulación de cargos, se los señala como autores o participes en variadas causas penales de persecución -sin pruebas- bajo la teoría del enemigo interno”.
Ante este panorama, la abogada solicitó formalmente al Relator de la ONU que inste al Estado argentino a restablecer las protecciones contra desalojos y que recomiende a la provincia de Chubut la suspensión de las leyes sancionadas en marzo de 2025, hasta que se lleve a cabo una consulta acorde con los estándares internacionales.
Asimismo, pidió que se requieran informes al Poder Ejecutivo de Chubut sobre la ausencia de dictámenes de la CTI en procesos que afectan al Pueblo Mapuche-Tehuelche; que se realice un seguimiento especial de los casos de estas comunidades, ante el riesgo inminente de despojo; y que se soliciten informes al sistema penitenciario federal respecto de la garantía de pertinencia cultural en los protocolos y tratamientos aplicados en los lugares de detención a personas mapuche-tehuelche.
Foto: Roxana Sposaro
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