Amicus Curiae en defensa de la Comunidad Pluma Blanca

20 Feb 2026

En 2020, un tribunal dictó una orden de desalojo contra la Comunidad Indígena Camiare Comechingón Pluma Blanca. Diversas presentaciones judiciales y una audiencia pública histórica en 2022 lograron frenar la medida. La vigencia de la Ley 26.160, que declaraba la emergencia territorial y suspendía desalojos a comunidades originarias, les dió protección hasta su derogación en diciembre de 2024. Desde entonces, el proceso judicial se reactivó. A fines de ese mismo año, un grupo de especialistas presentó un amicus curiae con el objetivo de aportar evidencia científica y jurídica que respalde a la comunidad.

El pasado 19 de febrero, un equipo de investigadores en antropología, arqueología y bioantropología expuso el Amicus Curiae presentado en diciembre de 2025. La acción busca aportar pruebas sobre la ocupación ancestral y el valor patrimonial y ambiental del territorio. “No defendemos sólo un territorio, defendemos nuestra identidad y la continuidad de nuestros pueblos“, expresaron desde la comunidad que habita el monte que rodea el río Chavascate en las Sierras Chicas de Córdoba, en el comunicado de convocatoria para acompañar la audiencia judicial.

Sigue sin aplicarse el marco normativo indígena

Tras la audiencia en la que se presentó el Amicus Curiae, la defensa de la Comunidad Pluma Blanca, a cargo de la abogada Natalia Bilbao Carmona, sostuvo que, pese a la relevancia de la exposición de los expertos, la justicia continúa abordando el conflicto desde una perspectiva estrictamente vinculada al derecho privado.

El litigio tiene su origen en 2015, cuando Luis Ernesto Remonda, heredero de la familia fundadora del diario La Voz del Interior -actualmente perteneciente al Grupo Clarín- promovió una acción de desalojo invocando la supuesta titularidad registral del inmueble.

“La Cámara Séptima había reconocido la cuestión indígena y suspendido el lanzamiento, pero el Tribunal Superior resolvió que, tras la derogación de la Ley 26.160, debía revisarse el caso. En ese marco se presentó el amicus y se citó a esta audiencia. Lo que queda claro es que la justicia no logra salir de los marcos históricos occidentales y capitalistas que rigen nuestro derecho, pese a reconocer la existencia de la comunidad indígena“, señaló la abogada.

La letrada informó que ahora la comunidad transita un plazo de 60 días para intentar una conciliación con la parte demandante, integrada por terratenientes vinculados a poderosos intereses económicos. En este sentido, consideró difícil alcanzar un acuerdo. Después de ese plazo, la Cámara Octava deberá decidir si suspende o no la ejecución de una sentencia que consideran firme.

Bilbao Carmona remarcó que, más allá de esta instancia, la comunidad evalúa nuevas acciones legales para que se aplique el marco normativo que reconoce la Ocupación Actual, Tradicional y Pública de los Pueblos Originarios.“La comunidad viene sufriendo hostigamientos y persecuciones de toda naturaleza, y esta audiencia es una más dentro de una lucha que nunca se termina“, concluyó.

La voz de los especialistas

Por su parte, Mabel Sessa de Tosco –abogada que presentó el amicus curiae– destacó la importancia de incorporar perspectivas académicas en los procesos judiciales que involucran territorios ancestrales. Además, subrayó que la intervención del equipo de antropología permitió ampliar el enfoque estrictamente jurídico: “Es algo muy importante porque es diferente. Escuchar desde el punto de vista de la antropología, la historia y las ciencias sociales lo que significa el territorio para las comunidades nos ilumina muchísimo, teniendo en cuenta derechos que están vigentes pero no se aplican. Ha sido una experiencia muy buena y creemos que ahora esperamos que todo este esfuerzo tenga buenos frutos para las comunidades”. Asimismo, remarcó el valor de este precedente para futuros reclamos de otros Pueblos Originarios.

En diciembre de 2023, la Cámara de Apelaciones de 7° Nominación Civil y Comercial de Córdoba dictó un fallo favorable a la comunidad, reconociendo sus derechos en el marco constitucional y convencional. La sentencia se dio tras una audiencia pública en la que, durante más de cinco horas, distintos oradores y especialistas expusieron sus argumentos en favor de la comunidad. Finalmente, el juez Luis Belitzky, resolvió no firmar la orden de lanzamiento de expulsión, al considerar que existía el riesgo de “causar perjuicios a terceros”.

Otra de las antropólogas, Carolina Alvarez, recordó la relevancia de aquella audiencia pública en la que se logró frenar el desalojo: “Cuando escribíamos el amicus y ahora al presentarnos, teníamos el recuerdo de lo que fue aquella audiencia, donde las condiciones fueron distintas, pero también fue un precedente muy importante. Allí pudieron ingresar las comunidades, representantes del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas y los representantes del Consejo de Participación Indígena de Córdoba, generando una unión que fue clave para que hoy se considerara nuestra presentación“.

Acompañamiento

En los exteriores del Palacio de Justicia, acompañaron la jornada integrantes de la Comunidad del Pueblo de La Toma, del Instituto de Culturas Aborígenes, personas autoconvocadas, asambleístas ambientalistas y afines a la facultad de Ciencias Sociales y Humanidades.

El amicus curiae presentado busca aportar evidencia científica y sociohistórica sobre la continuidad de la presencia indígena en el territorio de Pluma Blanca, en las Sierras Chicas, y reforzar la aplicación de los derechos reconocidos constitucionalmente. La comunidad espera que este aporte académico y jurídico contribuya a frenar el proceso de desalojo y siente un precedente en la defensa de las comunidades y los Pueblos Indígenas en Córdoba y en el país.

Fotos y cobertura colaborativa con Rocío Victoria

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