Boda en Quebrada de las Conchas: denuncia de la Comunidad Indígena Suri Diaguita Kallchaki
La Comunidad Indígena Suri Diaguita Kallchaki denunció públicamente la “turbación ilegal” de su territorio ancestral tras la realización de un evento social de alta gama en la Reserva Provincial Quebrada de las Conchas, un área protegida de 25.000 hectáreas que resguarda formaciones geológicas de hasta 90 millones de años.
El evento de lujo realizado a fines de marzo contó con la participación de más de un centenar de invitados, incluyendo figuras mediáticas, abogados e incluso un magistrado de la Corte Suprema cuya identidad no ha sido revelada, ha puesto de manifiesto la fragilidad de los controles ambientales en Salta. Mientras los organizadores sostienen que el evento se desarrolló en una propiedad privada dentro de la reserva, la comunidad indígena cuestiona la legitimidad de tales títulos registrales frente a su posesión tradicional y pública.
La voz de la comunidad
Para la Comunidad Suri Diaguita Kallchaki, con Personería Jurídica N° 897, este evento representó una afrenta directa a su forma de vida y a la normativa internacional vigente. En su comunicado, expresaron que se ha ignorado el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional:
“Desde hace días se hizo de público conocimiento una boda a todo lujo realizada en la Reserva Provincial Quebrada de las Conchas, pero lo que no se dice es que tal territorio, además de ser una reserva natural, es territorio de posesión actual, tradicional y pública de nuestra comunidad diaguita Suri Kallchakí.”
La denuncia pública subraya una doble vara en la aplicación de la ley por parte del Estado provincial. Según los referentes indígenas, los comuneros enfrentan obstáculos constantes para realizar actividades de subsistencia, mientras que los sectores con poder económico operan con total libertad:
“Cuando alguno de nuestros comuneros pretende realizar cualquier actividad de subsistencia como la venta o elaboración de artesanías, nos someten a rigurosos controles y trabas mientras que actividades empresariales, extractivistas o de lujo como esta boda se realizan sin ningún tipo de control ni respeto por nuestra comunidad y el ambiente.”
Un permiso bajo investigación penal
La trama suma gravedad institucional con la aparición de un documento que el Gobierno de Salta ha calificado como “apócrifo”. Se trata de una supuesta nota administrativa de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dirigida por Alejandro Aldazábal, que habría servido para avalar la logística del festejo. Ante esta situación, se ha iniciado una causa penal para determinar la autoría del documento falso.
Sin embargo, para los habitantes originarios, la existencia de este papel es solo un síntoma de un problema estructural: la falta de cumplimiento del relevamiento territorial que el Estado adeuda. Los integrantes de la comunidad Suri Diaguita son claros al distinguir entre la titularidad registral de la que se jactan los empresarios y la realidad territorial:
“Estos señores, que no son dueños de estos territorios, a lo sumo serán titulares registrales, no tienen posesión de estos lugares; por el contrario, la comunidad sí. Denunciamos públicamente que estas acciones se realizan sin ningún tipo de consulta.”
Impacto ambiental
La Quebrada de las Conchas, declarada reserva natural en 1995 mediante la Ley 6808, es un ecosistema de alta vulnerabilidad. La normativa vigente prohíbe taxativamente cualquier actividad que degrade el paisaje o afecte la biodiversidad. La comunidad advierte que la presencia masiva de personas y vehículos ha afectado directamente sus bienes comunes vitales:
“Han ingresado a nuestro territorio sin autorización, ni ambiental ni de la comunidad, realizando actividades que destruyen nuestra tierra, afectan nuestras zonas de pastoreo, fuentes de arcilla y pinturas para artesanías y ponen en riesgo nuestra biodiversidad con la que convivimos. Esas zonas son hogar no solo de nuestra comunidad, sino también de zorros, vizcachas, loros, cóndores, liebres, quirquinchos, además de nuestra forma de vida en armonía con el entorno. “
En este contexto, la comunidad exige la remediación ambiental y la sanción de los responsables. Además, interpela a la sociedad civil para visibilizar el despojo sistemático. El conflicto en Cafayate vuelve a poner sobre la mesa la tensión irresuelta entre el desarrollo de emprendimientos privados en detrimento de los territorios y quienes los habitan. “Nuestro territorio no es sólo tierra: es identidad, cultura, historia, vida”, remarcaron desde la comunidad.
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