Campesinos denuncian allanamientos ilegales y persecución en Mendoza

21 Mar 2026

Las familias campesinas de la zona de Las Avispas, nucleadas en la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST) y el Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra, emitieron un comunicado de denuncia ante lo que consideran una serie de atropellos y actos de violencia institucional por parte de la policía provincial.

Según el documento, los días 17 y 18 de marzo se llevaron a cabo operativos de ingreso a puestos y hogares sin la debida orden judicial ni el acompañamiento de organismos técnicos competentes.

Las organizaciones señalaron que los efectivos policiales irrumpieron en los territorios bajo el rótulo de un supuesto relevamiento rural, pero sin la presencia de veterinarios, personal de SENASA o referentes de zoonosis que validaran el procedimiento. Uno de los puntos de mayor tensión se produjo en el Puesto El Olmo, perteneciente a Dhanna Moyano, referente de la Unión de Trabajadores Rurales Sin Tierra (UST), integrante del Movimiento Nacional Campesino Indígena – Somos Tierra (MNCI-ST) y de la Coordinadora Latinoamericana de Organizaciones del Campo – Vía Campesina (CLOC-VC). El comunicado subraya la gravedad de este hecho al vincularlo directamente con su labor social: “En el momento del operativo, los efectivos policiales hicieron mención explícita a haberla visto en una nota periodística del Diario Uno, vinculando su activismo y su visibilidad pública con el allanamiento”.

En este contexto denunciaron que “este hecho no puede leerse de otra manera que como un acto de persecución y hostigamiento hacia quienes levantamos la voz en defensa del territorio y los derechos campesinos”.

Hostigamiento y falta de garantías judiciales

El reclamo de las comunidades se centra en la ilegalidad del procedimiento, asegurando que se trató de un allanamiento encubierto para intimidar a los productores. Al respecto, el texto afirma que “no existía orden judicial que habilitara el ingreso a nuestras propiedades” y que “se vulneró nuestra intimidad, nuestra tranquilidad y nuestro derecho a trabajar en paz”. También se reportó el ingreso violento al Puesto El Mellizo, de Jorge Rosales, donde la fuerza pública accedió tanto a viviendas como a corrales.

Desde el sector campesino defienden sus métodos de producción y rechazan las sospechas de maltrato animal que se habrían utilizado como excusa para los operativos. Al respecto, sostuvieron: “Si se denunciaba maltrato animal, lo que corresponde es que intervengan veterinarios, Senasa o zoonosis, no un grupo de efectivos policiales que desconocen el manejo campesino de la producción”. La denuncia enmarca estos episodios en un contexto de criminalización del sector, contrastando la presencia policial en las zonas rurales con la situación de inseguridad en los centros urbanos.

Exigencia de responsabilidades y políticas públicas

Las familias campesinas e indígenas establecen una conexión simbólica entre este accionar y la historia política del país, mencionando que, a 50 años del golpe de Estado de 1976, “ciertas prácticas autoritarias vuelven a golpear las puertas de nuestros territorios”. Ante esta situación, las familias de Las Avispas y la Cooperativa El Avispero exigen una investigación profunda sobre la actuación de los efectivos involucrados y la determinación de responsabilidades por el ingreso ilegal a los puestos.

Finalmente, las organizaciones aclararon que no se oponen a la fiscalización estatal siempre que se respeten los marcos legales vigentes. “No nos vamos a oponer a ningún relevamiento que quiera hacer el Estado si se hace con las formas, con los profesionales que corresponden, y con respeto por nuestras vidas”, manifestaron, cerrando con un pedido urgente de políticas de acompañamiento real a la producción campesina e indígena en lugar de medidas de hostigamiento.

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