Carta abierta al gobernador de Tucumán y al bloque independencia
Los glaciares son nuestra riqueza en un contexto de bancarrota hídrica global
Para el Pueblo Nación Diaguita, los glaciares son Bancos Perpetuos, aguas fósiles, milenarias, reservas de agua, sabiduría, que guardan el gen de la vida. Y como tal, no puede ser creado, recuperado ni renovado una vez que se destruye.
La actual Ley de Glaciares 26.639 protege los glaciares y el ambiente periglaciar como reservas estratégicas de recursos hídricos para el consumo humano, la agricultura, la biodiversidad, la investigación científica y el turismo.
Estudios internacionales advierten que la humanidad ya ha superado la capacidad de carga sostenible del planeta: la Tierra podría sostener aproximadamente 2.500 millones de personas en condiciones sostenibles, frente a los más de 8.300 millones actuales. No lo decimos los “ambientalistas”: es evidencia científica comprobada.
Esto implica que el modelo de desarrollo vigente se encuentra estructuralmente en crisis. Los sistemas naturales que sostienen la vida —agua, suelos, biodiversidad, clima— están sometidos a una presión creciente y acumulativa, insostenible.
En este contexto, los glaciares cobran un valor estratégico incuestionable como infraestructura natural crítica en un planeta que ya muestra signos de agotamiento. Su degradación no es un daño aislado, sino un factor que profundiza la crisis hídrica, la pérdida de resiliencia ecosistémica y la vulnerabilidad de las poblaciones.
CUESTIÓN NORMATIVA: CONSTITUCIÓN, LEY GRAL DEL AMBIENTE Y ACUERDO DE ESCAZÚ
El artículo 41 de la Constitución Nacional reconoce el derecho a un ambiente sano y el deber de preservarlo, imponiendo a las autoridades la obligación de proteger los recursos naturales y asegurar su uso racional.
De este mandato se derivan principios fundamentales del derecho ambiental:
• Principio preventivo
• Principio precautorio
• Principio de equidad intergeneracional
• Principio de progresividad y no regresión
• Principio de acceso a la información y participación
La Ley General del Ambiente (Ley 25.675) operacionaliza estos principios como presupuestos mínimos obligatorios. Asimismo, el Acuerdo de Escazú refuerza estos estándares, garantizando el acceso a la información, la participación pública y la justicia ambiental. En este marco, el proyecto de ley podría constituir una regresión normativa, prohibida por el principio de no regresión ambiental, especialmente grave en un contexto global donde la evidencia científica exige fortalecer —no debilitar— los niveles de protección.
¿ES POSIBLE INTENSIFICAR LA EXPLOTACIÓN DE RECURSOS SIN COMPROMETER SU INTEGRIDAD?
La evidencia empírica y científica demuestra que no es posible.
El modelo actual de crecimiento se ha sostenido históricamente sobre una explotación intensiva de recursos naturales y una fuerte dependencia de combustibles fósiles, lo que ha permitido expandir artificialmente la capacidad productiva, ocultando durante décadas los límites ecológicos reales .
Hoy esos límites se manifiestan con claridad en nuestra provincia: la proliferación de enfermedades como el dengue, las tormentas seguidas de trágicas inundaciones, todo ello irá en crecimiento de manera irreversible, como impacto ambiental generado por un “modelo de desarrollo” sumamente arcaico.
La Pacha se cobra.
Observamos con preocupación que la provincia de Tucumán presenta serias dificultades en actividades que le son propias: el control de extracción de áridos, prevenir y regular los desmontes, garantizar la provisión de agua potable, infraestructura de saneamiento, control de basurales y flujos cloacales.
Evidenciamos:
• Falta de presupuesto, políticas públicas adecuadas y control estatal efectivo
• Déficit en la evaluación de impacto ambiental
• Restricciones al acceso a la información pública ambiental
• Ausencia de medidas preventivas adecuadas
Esto indica que la provincia no cuenta con capacidad económica, institucional ni legal para asumir la gestión de recursos estratégicos de vital importancia como lo son los glaciares y los ambientes periglaciares. La provincia no solo recibiría las posibles “inversiones”, sino también una nueva competencia y responsabilidad institucional que excede ampliamente sus capacidades actuales.
GOBERNAR A LA ALTURA DE LAS CIRCUNSTANCIAS
La discusión de fondo excede la Ley de Glaciares. Lo que está en juego es si la Argentina continuará anclada en un modelo económico propio del siglo pasado —basado en la extracción intensiva de bienes naturales— o si será capaz de asumir los desafíos del siglo XXI.
Persistir en este esquema implica hipotecar el futuro de las generaciones venideras a cambio de beneficios inmediatos y transitorios. Observamos con preocupación como la
coparticipación que corresponde por ley se utiliza como elemento de intercambio en una negociación que permanece ciega de lo que se ubica más allá de la mesa. Comprendemos el difícil panorama político que se vive en la provincia. Sin embargo, también le recordamos que la provisión de recursos económicos no es la única función del gobierno, ni es lo que las personas recordarán de la gestión. Hoy exigimos que cumplan los deberes de funcionario público: expresen públicamente el posicionamiento que tomarán en la votación de la Ley y entreguen los argumentos científicos que analizaron para emitir su voto. Tal como hemos anunciado en notas anteriores los diputados: Uds. son responsables personalmente ante fueros civiles y penales por el voto que emitan.
Y sepan que, si esta ley se aprueba, al día siguiente todas las fuerzas de la marea estarán dirigidas a los Ministerios, Secretarías y Subsecretarías de la provincia, a cada Diputado y Diputada en forma personal exigiendo políticas públicas de protección de los glaciares a la altura de los estándares científicos que la ley vigente y el IANIGLA lograron alcanzar.
En un escenario global donde la ciencia advierte que la humanidad vive por encima de los límites ecológicos del planeta, debilitar la protección de los glaciares no sólo es jurídicamente cuestionable: es profundamente irresponsable.
La Argentina no necesita menos regulación ambiental, necesita mejores políticas, más control y una visión acorde a los desafíos actuales.
La protección de los glaciares no es un obstáculo al desarrollo, es una condición indispensable para que el desarrollo sea posible.
Por ello, instamos a que la decisión legislativa se funde en criterios de responsabilidad institucional, sostenibilidad y respeto irrestricto por el orden jurídico vigente, priorizando el interés colectivo por sobre beneficios económicos coyunturales. Saludamos a Uds. atentamente,
Red Federal de Acción Colectiva en Defensa de los Glaciares – Tucumán – San Miguel de Tucumán, 07 abril de 2026
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