Catástrofes

25 Ene 2026

Silvina Ramírez, abogada especialista en derechos indígenas y vecina de Esquel, escribe sobre los incendios en la cordillera en Chubut y el rol del Estado.

Todo se repite con una precisión que abruma. Las condiciones de contexto: sequías prolongadas, crisis hídrica, un cambio climático que llegó para quedarse, plantaciones de vegetación exótica que funcionan como el combustible ideal para la propagación del fuego, tienen como contrapartida incendios descontrolados, promesas vacías, ineficiencia de una clase dirigente que nunca está a la altura de las circunstancias, búsqueda de culpables (siempre los mismos, siempre mapuche), amenaza de aumentar las penas, y así, el círculo vuelve a comenzar.

El ecocidio, el sufrimiento de quienes han perdido todo, el impacto brutal e irreversible sobre una naturaleza que ya no será la misma, debería generar fuertes interpelaciones a los gobiernos. Acreditada la relación causa – efecto entre la intencionalidad, las causas naturales (en el caso del Parque Nacional Los Alerces, un rayo), las malas decisiones, la desidia, y el incendio voraz, deberían tomarse los recaudos necesarios para que no vuelva a repetirse. Sin embargo, nada de esto sucede. Otra vez, la falta de ayuda del Estado, la sensación de abandono de los pobladores, las injusticias que sufren en carne propia las comunidades indígenas señaladas como las culpables del incendio, deja la sensación de que el círculo no se rompe, y que todo volverá a reeditarse en próximos veranos.

Parece ser que las denuncias no alcanzan, que la movilización ciudadana es insuficiente, que las constataciones de las consecuencias de políticas erráticas no pueden revertir el curso de la situación. Post incendio, cuando las llamas se aplaquen, los esfuerzos de reconstrucción desplazarán las decisiones que se deben tomar con urgencia para, genuinamente, evitar que la catástrofe vuelva a presentarse.

Lo irremediable tiene un carácter definitorio, ya nada será como lo era antes del incendio. Sin embargo, puede proyectarse, planificar, para visualizar un futuro sin las zozobras anuales. Prevención traducida en múltiples acciones, programas sostenidos de reforestación con especies nativas, de erradicación de plantaciones exóticas. Brigadistas con salarios dignos, no precarizados. Recursos económicos destinados a fortalecer los recursos materiales. Es imposible depender de la buena voluntad que recauda en la emergencia, que se ofrece como voluntarios para combatir los fuegos, brigadas de vecinos autoconvocados que deben formarse y aprender al calor de las llamas que combaten. Si bien suma a la tarea, la responsabilidad está en otro lugar, como también lo están los medios para llevar adelante una tarea que hoy requiere mucho más que promesas de campaña política o declaraciones altisonantes en los momentos más álgidos de la emergencia.

Debe quedar claro. Son los gobiernos los que tienen la responsabilidad de formular políticas de prevención contra los incendios. Son los gobiernos los que deben llevar adelante, desde diferentes dimensiones, acciones concretas y sostenidas meses antes de la época de incendios, que permitan mejorar los escenarios que los facilitan. Por otra parte, los sectores políticos y los sectores judiciales deben abandonar la estrategia ya remanida de la búsqueda de culpables, señalando a comunidades mapuche como los autores de la tragedia. Todavía resuena lo sucedido en la cordillera chubutense en febrero de 2025, los allanamientos ordenados arbitrariamente a comunidades que no llevaron a ningún lado, sino que sólo generaron persecuciones injustas y un estado de situación que criminaliza intentando desplazar la atención, cuando lo obvio -lo que no puede esconderse- es la falta de respuestas estatales y su inacción.

La Patagonia sufre, y mucho de ese sufrimiento podría haber sido evitado. Existen obligaciones estatales largamente incumplidas, por inutilidad, ineficiencia, intereses creados alrededor de situaciones de desastre, restricción de recursos económicos, etc. No pueden desplazarse estas obligaciones a la ciudadanía. Se requiere participación e involucramiento, pero es imposible reemplazar el accionar del Estado. Deben redoblarse las demandas, y deben visibilizarse cuáles son los factores que llevan a la tragedia. Una tragedia y una catástrofe evitables.

Foto: Roxana Sposaro

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