Chineo: una ley sin la voz de las mujeres indígenas

06 Abr 2026

Desde el año 2012, mujeres y diversidades indígenas han denunciado el “chineo”, una categoría impuesta por las estructuras de poder -ejercida por maestros, policías e intendentes, o validada por el simple hecho de ser hombres-. Al ser un término ajeno al Código Penal, las comunidades han recorrido un largo camino exigiendo una ley que nombre esta violencia y escuche a sus protagonistas en toda su pluralidad. Sin embargo, el próximo jueves 9 de abril, el Senado de Salta trataría el proyecto de ley con media sanción que ignora el derecho fundamental a la consulta previa, libre e informada. Dicha iniciativa busca, en teoría, la “prevención, visibilización y educación sobre crímenes de odio consistentes en agresiones sexuales a mujeres, niñas y adolescentes de los Pueblos Originarios”.

Los puntos clave de la iniciativa oficial

El proyecto, impulsado por los senadores Walter Cruz (del pueblo kolla), Esteban D’Andrea, Sonia Magno y Dani Nolasco, propone algunos ejes como:

Analizar las estadísticas, casos y noticias que tengan o puedan tener relación con el objeto de la presente, a los efectos de su abordaje.
Emitir informes y recomendaciones a los diferentes estamentos del Estado y sociedad civil
Confeccionar un mapa de casos y llevar las estadísticas.
Realizar campañas de difusión y concientización.
Procurar la protección de las víctimas instando todos los recursos estatales a disposición.
Invitar a participar y hacer aportes a los Pueblos Originarios, Instituciones Educativas, miembros de los Poderes Legislativo, Judicial, Ministerio Público, y demás actores de la sociedad con injerencia en la problemática.
Coordinar las políticas entre los organismos en razón del objeto de la presente ley.

Un “mecanismo de consulta” sin participación real

A pesar de que el Artículo 7° de la norma promete un mecanismo de consulta permanente, las referentes territoriales sostienen que, desde el comienzo, este proyecto de Ley incumple el Convenio 169 de la OIT. La normativa internacional obliga a los gobiernos a consultar a los pueblos interesados cada vez que se prevean medidas legislativas que puedan afectarles directamente.

En diálogo con infoterritorial, Irene Cari, mujer kolla e integrante del Foro de Mujeres Indígenas por la Igualdad de Oportunidades, fue contundente sobre la exclusión que sufrieron en el proceso: “No hubo consulta desde las instituciones del Estado. No hubo un diálogo sobre lo que estaban redactando. Por eso muchas organizaciones indígenas no estamos de acuerdo. El senador indígena Walter Cruz presentó un proyecto a su manera de vernos, pero nunca se hizo ninguna reunión con nosotras”.

Irene confirmó que mantuvo un encuentro con el senador Cruz, donde el legislador admitió las falencias del texto: “Él reconoció que el proyecto no lleva y no tiene el pensamiento de las mujeres indígenas, ni garantiza los derechos vulnerados de las niñas y adolescentes. Es una redacción meramente preventiva e investigativa”.

La abolición: el exigitorio de las mujeres

Para las organizaciones y mujeres indígenas, el proyecto oficial se queda corto al no abordar la raíz estructural del problema: el “chineo”, una práctica genocida, naturalizada, colonial y racista de violación contra niñeces y adolescentes y mujeres indígenas por parte de hombres criollos.

En 2022, el Tercer Parlamento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir reunió en Chicoana (Salta) a mujeres y diversidades de Pueblos Naciones Naciones como Ava Guaraní, Aymara, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Diaguita, Guaycurú, Huarpe, Kolla, Lule, Mapuche, Moqoit, Purépecha, Qom, Quechua, Ranquel, Simba Guaraní, Tapiete, Weenhayek, Wichí, entre otros., entre otras. De aquel encuentro internacional surgió un “exigitorio” que plantea medidas drásticas que el actual proyecto de ley omite. “Todas las acciones, encuentros, talleres, seminarios, congresos, parlamentos y marchas fueron acciones de justicia sanadora; por lo que las víctimas recurrieron y llegaron desde distintos puntos del país argentino y de distintos países de América Latina: tanto bolivianas, peruanas, colombianas, mexicanas, brasileñas, como también estuvieron las hermanas de Uruguay”, recordó la referente kolla.

Irene recordó la importancia de nombrar esta violencia para combatirla: “Sostuvimos durante cinco días el debate frente al terricidio y el ‘chineo’. A nadie le gusta que se lo identifique así, pero así lo sacamos del silencio de tantos siglos. No es solo un abuso sexual; es un crimen de odio, una cacería de niñas como un deporte de varones de afuera de la comunidad que vienen a festivales como el ‘Trichaco'”.

Durante ese encuentro se elaboró un documento colectivo en el que las comunidades lanzaron un ultimátum al Estado: “Es tiempo de darle un ultimátum al Estado que ha permanecido cómplice de criminalidades como lo es el chineo. Esta aberrante práctica debe terminar. Nuestra campaña ‘Basta de Chineo’ asume una nueva etapa: la de luchar por la abolición”.

Demandas concretas ignoradas

Las mujeres indígenas se movilizarán este jueves frente a la Legislatura para exigir una ley incluya los puntos elaborados en el Tercer Parlamento:

Que se declare y tipifique el chineo como crimen de odio, y con ello alcance las penas máximas y sin obtener beneficios, como ser la libertad condicional o la reducción de condena. “Entendemos al chineo como una práctica criminal, racista y colonial sistémica”.
Declararlo como crimen imprescriptible.
Responsabilizar e inhabilitar a trabajar en territorios indígenas a empresas que tengan empleados que hayan cometido esta aberración.
Que se procese, condene y se dé de baja deshonrosa a policías, gendarmes y/o militares que violen a las niñeces indígenas.
Que se expulsen y condenen a las instituciones y grupos religiosos que operan en territorio indígena y sean cómplices de estas prácticas criminales.
Que se juzgue y condene sin excepción y sin reconocimiento de fueros a funcionarios públicos como así también a las autoridades tradicionales de los Pueblos Indígenas que sean ejecutores de estas prácticas, cómplices o bien facilitadores de las mismas.
El embargo de todos los bienes de los violadores, con bienes a cumplir la contención económica y recuperación de la víctima.
Sanción económica al Estado argentino, para la creación de un fondo de prevención, recuperación y apoyo a las víctimas del chineo, administrado por el Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.
Para desactivar los escenarios de complicidades que generan este crimen se deben reformular los mecanismos de diálogo y representación entre los Pueblos Indígenas y el Estado. Es así que de ahora en más las mujeres debemos ser las receptoras y administradoras de los programas de alimentación y asistencia social. Muchos caciques y referentes hombres indígenas aprovechan este lugar de poder para humillar y someter sexualmente a niñas y jóvenes de su propia comunidad.
Exigimos que los encubridores y encubridoras también sean condenados y con la misma escala que los actores materiales.
Elaboración de protocolos con participación y consulta a mujeres y diversidades indígenas. Con fines a que se apliquen en instituciones, tanto del Estado Nacional como en cada una de las provincias y municipios, como ser instituciones educativas, de salud, de justicia, y de seguridad.

Mientras algunos feminismos y sectores políticos se preparan para celebrar la sanción de la ley, las mujeres indígenas aseguran que mantendrán la protesta desde las 10 de la mañana. Como sintetizó Irene quien participa de una campaña de iniciativa popular para presentar el proyecto consulto y colectivo: “Dicen que el jueves 9 van a celebrar. Nosotras decimos que con una ley meramente declarativa no hay nada para celebrar”.

El vacío en el marco legal vigente

A pesar de los avances en materia de género y derechos humanos en Argentina, las comunidades denuncian que el término “chineo” es ignorado por el Código Penal y las leyes de protección integral. Se cuestiona la eficacia de normativas como la Ley 26.485 (Protección Integral a las Mujeres) y la Ley 27.610 (IVE), entre otras, al no reconocer esta categoría específica de violencia: “¿En cuáles de estas legislaciones, tanto nacionales como mucho menos de la provincia de Salta, se nombra a esta palabra, a esta categoría a la que nosotros llamamos el ‘chineo’, que denunciamos como un crimen de odio y que no se califica ni se menciona dentro del Código Penal?“, cuestionó Irene manifestando que la normativa es inconsulta y que no atiende a sus demandas históricas.

“Este proyecto pertenece a la lucha de las mujeres indígenas. No pertenece a ningún gobierno ni a ningún legislador. Por eso, vamos a manifestar que la ley, tal como está saliendo, no nos representa“, concluyó.

Tercer Parlamento

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