Presentan denuncia penal contra el gobernador de Chubut

09 Dic 2025

Las denuncias realizadas por integrantes de comunidades mapuche tehuelche involucran al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, al ministro de seguridad de la provincia Héctor Iturrioz, al juez Jorge Criado y al fiscal Ismael Cerda.

A diez meses de los violentos allanamientos simultáneos que sufrieron 14 comunidades Mapuche-Tehuelche en la cordillera de Chubut, un grupo de afectados se presentó en las oficinas del Ministerio Público Fiscal de Esquel para radicar denuncias penales por la retención de los elementos secuestrados, que se declare la inhibición absoluta del uso del material genético que les extrajeron durante los operativos y solicitar la nulidad de la causa. En este contexto, acusaron al gobernador de la provincia de montar una campaña de criminalización basada en el racismo.

“Han transcurrido 10 meses donde el gobernador hizo un montaje perverso, criminalizando al Pueblo Mapuche, queriéndonos acusar de los incendios cuando nada teníamos que ver”, expresó Moira Millán, una de Lof Pillán Mahuiza, ante la prensa local. La referente subrayó el estado de “indefensión jurídica” que viven al no obtener respuestas sobre el secuestro de sus pertenencias y, lo más grave, de muestras de ADN tomadas durante los procedimientos.

“Nosotros queremos dejar asentado en el día de hoy que no queremos que se use nuestro ADN sin nuestro consentimiento”, afirmó Moira, puntualizando que la retención de este material genético “está enmarcado en violaciones contempladas de los derechos humanos en marcos internacionales“. Y agregó con contundencia que “el Estado, el gobierno de la provincia de Chubut, cometió un delito al secuestrar nuestro ADN.”

Mauro Millán, remarcó la gravedad de lo ocurrido el 14 de febrero, recordando que: “Hubo violencia física. La gente estuvo precintada más de 10 horas. Golpearon a ancianos porque el principal hecho que nosotros denunciamos inmediatamente fue que avanzaron sobre nuestras comunidades, sobre domicilios particulares, golpeando a la gente más vulnerable.” Señaló que personas de más de ochenta años fueron agredidas y cuestionó la estrategia del gobierno: “¿Cuál es la intención de este gobierno? ¿Es que la gente se olvide? Bueno, nosotros no nos olvidamos, por eso estamos hoy acá, pidiendo que la gente vuelva a activar su memoria”, expresó frente ante integrantes de distintas comunidades de la zona y miembros de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos -regional Esquel Trevelin – que acompañarom el reclamo.

Cruce con el fiscal Isamel Cerda

La jornada estuvo marcada el cruce en el hall del edificio público con el fiscal Ismael Cerda, involucrado directamente la causa. Ante el reclamo pacífico de los manifestantes sobre la retención de sus bienes —como libros, computadoras, celulares y herramientas de trabajo—, el fiscal se limitó a responder a los presentes que las “cuestiones técnicas” debían ser explicadas por un abogado. “Hay 10.000 secuestros y 10.000 impedimentos técnicos para explicar”, indicó el funcionario.

A pesar de que el fiscal confirmó que solo existe una persona imputada en la causa, negó que los demás afectados por los allanamientos pudieran solicitar la nulidad, indicando que este trámite debe ser gestionado por un letrado ante el juez. La discusión se centró en la incongruencia de exigir a las comunidades que entendieran los protocolos legales, mientras que, según la denuncia de los manifestantes, el procedimiento mismo había estado plagado de irregularidades y violencia.

Moira Millán interpeló directamente al fiscal sobre su presencia en el operativo, recordándole el impacto de los allanamientos: “Es curioso que nos obligue a entender el protocolo. Ustedes llevaron adelante un allanamiento donde se golpearon niños. Acá está mi papá con 84 años, lo golpearon y lo denunciaron. ¿Dónde estaba usted?” La respuesta del fiscal ante las acusaciones de violencia fue evasiva: “Yo no voy a entrar en esos cuestionamientos. Si quieren denunciarlo, saben mi nombre, denúncienme.“

Los manifestantes señalaron directamente al fiscal Ismael Cerda por “retención ilegal e incumplimiento de los deberes de funcionario público“; al gobernador Ignacio Torres y al ministro de seguridad de la provincia Héctor Iturrioz por utilizar las imágenes de los allanamientos para “hacer propaganda con este material represivo, juzgándolos y condenándolos mediáticamente“; y al juez Jorge Criado por no aplicar un protocolo que garantizara los derechos de los niños y niñas Mapuche durante el operativo.

Los allanamientos

El pasado 11 de febrero de 2025, una serie de allanamientos simultáneos y violentos sacudieron a diversas comunidades Mapuche y Mapuche-Tehuelche (Lof) de la cordillera de Chubut, incluyendo a: Lof Pillañ Mawiza, Lof Cañio, Lof Catriman Colihueque, Lof Nahuelpan, la Radio Comunitaria Mapuche Petü Mogeleiñ en El Maitén y domicilios particulares.

Los operativos, ordenados por el juez penal de ejecución de Esquel, Jorge Criado, se enmarcaron en una investigación sobre la autoría de un incendio sospechado como intencional a maquinarias de una estancia en la localidad de Trevelin. Pero mediáticamente, las acusaciones se extendieron a los incendios forestales que azotaron la cordillera patagónica en ese período.

Sin división de poderes

El 12 de febrero del 2025, un día después de los operativos, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, encabezó una conferencia de prensa en Esquel para exponer el relato oficial, que se centró en la criminalización directa de comunidades y personas mapuche.

Acompañado por el ministro de Seguridad y Justicia, Héctor Iturrioz, el Procurador General, Jorge Luis Miquelarena, Torres utilizó diapositivas con nombres y fotografías para acusar públicamente a integrantes del Pueblo mapuche Tehuelche de ser los autores del fuego en la zona, calificándolos con términos como “delincuentes“, “chantas” y “truchos“. Además, el gobernador buscó diferenciar entre las comunidades Mapuche-Tehuelche “de bien” y aquellos que, según su criterio, enarbolan “falsas banderas” para delinquir.

Las autoridades sostuvieron que los allanamientos fueron “exitosos” y que confirmaban la intencionalidad detrás de los incendios. En un gesto que profundizó el estado de persecución, el gobernador Torres incluso anunció un futuro desalojo de la comunidad Lof Pillán Mahuiza, sin tener las atribuciones legales para decidir.

En el plano judicial, aunque no tomaron la palabra durante la conferencia del gobernador, la fiscal María Bottini y el procurador de Fiscalía Ismael Cerda jugaron un papel fundamental al participar -bajo la mirada del ministro de seguridad- en la audiencia de control de detención de Victoria Núñez Fernández. En esa instancia, solicitaron y lograron que el juez Jorge Criado dictara la prisión preventiva por 60 días de Vic.

10 meses después, Vic se encuentra en libertad, pero sigue imputada a pesar de que no hay hasta el momento pruebas que la relacionen con el incendio en la estancia Amancay. Hoy, el mismo fiscal Ismael Cerda reconoció ante las cámaras que ninguno de los señalados públicamente por las autoridades -excepto Vic- se encuentra imputado.

La comunidad exige que, así como el gobernador “salió a boconear, a juzgar, a condenar sin pruebas, solo con su puro racismo, va a tener que salir a pedir disculpas a todas las comunidades“, expresaron.

Justicia o criminalización

¿Avanzará el Ministerio Público Fiscal en la investigación de las graves acusaciones presentadas por las comunidades Mapuche-Tehuelche? O, por el contrario, ¿seguirá pesando más en la balanza la campaña de criminalización impulsada desde el gobierno provincial?

Las comunidades dejaron claro que no olvidarán la violencia de los allanamientos ni el uso político de los mismos. Ahora, es el poder judicial el que debe responder si las demandas por el respeto a los derechos humanos y el esclarecimiento de los hechos primarán sobre el discurso que los condena públicamente.

📷 Roxana Sposaro