Denuncian en Chubut venta de tierras fiscales a $36.265 la hectárea para un ex futbolista

25 Dic 2025

La provincia de Chubut podría convertirse en el centro de un escándalo judicial y político, a raíz de las denuncias que señalan la existencia de una posible red de connivencia destinada a favorecer a determinados sectores empresariales en perjuicio de comunidades mapuche-tehuelche y familias originarias. Sin embargo, las acusaciones sobre el accionar del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural parecen conmover únicamente a quienes padecen sus consecuencias en carne propia.

En comunicación con infoterritorial, el abogado Luis Virgilio Sánchez, representante de la comunidad mapuche tehuelche Fentren Kimün, expuso una maniobra mediante la cual el Instituto Autárquico de Colonización (IAC) habría adjudicado tierras fiscales ocupadas históricamente por una familia mapuche tehuelche al empresario y ex futbolista Aldo Duscher a precios irrisorios.

De acuerdo a la documentación mencionada por el letrado perteneciente a la Gremial de Abogados y Abogadas, Aldo Duscher adquirió en octubre pasado un total de 581 hectáreas en la zona de Costa de Gualjaina por un valor de $36.265,90 la hectárea. El monto total es de $21.231.527,15, de los cuales el 90% sería financiado por el Estado provincial en hasta diez cuotas anuales. Esta facilidad de pago implica que el empresario accedió a tierras de alto valor estratégico y productivo por una cifra insignificante.

El rol de las instituciones y el incumplimiento de la ley

Sánchez hizo hincapié en la responsabilidad del presidente del IAC, Horacio Massacese, y el fiscal Ismael Cerda. Al titular del organismo de colonización se lo acusa de habilitar permisos y adjudicaciones de forma ilegal sobre territorio indígena, ignorando deliberadamente la normativa en lo que respecta a tierras fiscales ocupadas por comunidades y familias indígenas.

Por su parte, el accionar de la fiscalía ha sido señalado como una pieza clave para garantizar el despojo. Luis Virgilio Sánchez fue contundente al describir la parcialidad del sistema judicial: “Es venta ilegal de tierras que están destinadas a fines sociales y que pertenecen a las comunidades. Son delitos graves porque están involucrados funcionarios públicos y el fiscal Ismael Cerda lo único que ve es una supuesta usurpación y cómo sacar las vacas de las familias mapuche”.

Durante la mañana del 23 de diciembre pasado personal policial ingresó al territorio en disputa aduciendo cumplir una orden judicial para retirar ganado de un miembro de la comunidad, informaron desde la lof. Tanto la defensa técnica como los miembros de la comunidad señalaron que esa orden se encontraba impugnada y que, sin respetar los plazos procesales, se ejecutó una medida que debía ser revisada el próximo 30 de diciembre en una audiencia a celebrarse en los tribunales de la ciudad de Esquel.

En dicha instancia se debería definir la situación de los animales en el territorio, aunque la diligencia se realizó antes de dicha audiencia. En este contexto, Susana Martín presentó una denuncia penal en la que se acusa al fiscal Ismael Cerda por incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Criminalización

Mientras se consolidan estas adjudicaciones a grandes capitales y allegados el poder, la respuesta estatal hacia la comunidad Fentren Kimün ha sido la judicialización y el uso de la fuerza pública. En noviembre de 2025, un operativo policial resultó en la detención de Susana Martín, presidenta de la comunidad, del referente del Consejo de Participación Indígena, Eusebio Antieco, y de dos comuneros que lo acompañaban, luego de que intentaran reivindicar el territorio ante la falta de respuestas administrativas.

La acción había sido notificada con antelación a organismos judiciales y estatales, cansados de no obtener respuesta ante los reiterados reclamos administrativos entre abril del 2022 y octubre de 2025 ante el Juzgado de Paz de Gualjaina, la Defensoría Pública, la Comisaría local y el Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC).

Doble vara para investigar

El abogado defensor sostiene que el enfoque judicial contra la comunidad es desproporcionado y protege intereses económicos específicos. “Hay dos denuncias radicadas en fiscalía, una contra Duscher por compraventa ilegal de tierras y otra contra el presidente del IAC por incumplimiento de deberes de funcionario público. Ahora se suma una tercera denuncia contra el fiscal Ismael Cerda. El delito de usurpación del cual acusan a la comunidad es una anécdota en comparación con la trama delictiva que involucra a los acusadores”, afirmó Sánchez.

El caso de Aldo Duscher y el Lof Fentren Kimun no es aislado. En este medio se han publicado diversas notas que mencionan situaciones similares vinculadas al accionar del IAC. Entre ellas, se destaca el caso del Lof Catriman Colihueque, en el que resultaron beneficiados por el organismo el presidente del Instituto Nacional de Semillas, Martín Famulari; la esposa del ex procurador Eduardo Samame, Alicia Bordas; y Sayi Serra, integrante de la familia empresarial del Grupo Serra.

En el plano judicial, el 9 de diciembre pasado, integrantes de varias comunidades mapuche tehuelche denunciaron penalmente al fiscal Cerda y al gobernador Ignacio Torres por divulgar imágenes y videos de los allanamientos simultáneos del 11 de febrero en los que fueron prejuzgados públicamente como “terroristas del fuego”.

Desde la comunidad Lof Fentren Kimun denuncian que existe una política sistemática de criminalización para silenciar las voces de quienes resisten frente a la entrega de sus territorios. “Esto no es un problema penal ni un problema civil, es un problema político. En más de 40 años de democracia sigue sin resolverse el tema del territorio de las comunidades Mapuche Tehuelche en la provincia de Chubut. El IAC es un brazo político del gobernador y siempre está del lado de los grandes empresarios siempre violando los derechos del pueblo Mapuche Tehuelche”, remarcó Susana Martín.