DNU de la SIDE: “los subsuelos del Estado están cada día más activos”

05 Ene 2026

Así lo destacaron desde el “Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia”. Entre las facultades más relevantes del DNU 941/2025 se confieren a la SIDE la posibilidad de aprehender personas sin orden judicial, la realización de operaciones encubiertas sin supervisión parlamentaria, el acceso irrestricto a la información proveniente de organismos estatales y la habilitación de la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de inteligencia dentro del territorio nacional.

El estado de derecho en Argentina se ve una vez más vulnerado tras la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025 en el Boletín Oficial, el pasado 2 de enero de 2026. A través de este DNU, el Poder Ejecutivo otorgó a la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) facultades que desdibujan los límites democráticos.

Alerta del CELS: El nuevo DNU de inteligencia es “inconstitucional y peligroso”

Este DNU se instrumentó de forma directa profundizando la reforma iniciada a finales del año 2023 y eludiendo el debate en el Congreso Nacional bajo el argumento de una supuesta necesidad imperiosa de modernizar las estructuras de seguridad nacional.

La medida generó un rechazo transversal de inmediato en organismos de derechos humanos y diversos sectores sociales y políticos, quienes advirtieron que la norma es inconstitucional y transforma a la SIDE de espionaje en una “policía secreta” o “grupos parapoliciales” con poder para detener personas y realizar vigilancia masiva sin control judicial.

El DNU restaura la lógica del “enemigo interno” al habilitar el espionaje sobre periodistas y activistas sociales bajo un esquema de secretismo absoluto y uso discrecional de fondos reservados. Además, preocupa la centralización de datos personales provenientes de contrainteligencia desde toda la administración pública nacional y la posibilidad de que las Fuerzas Armadas brinden apoyo logístico a las tareas de inteligencia, lo que quebranta la separación entre defensa nacional y seguridad interior, consensuada en las últimas cuatro décadas.

Este 5 de enero, tres diputados nacionales interpusieron una acción de amparo ante la Justicia Federal solicitando la inconstitucionalidad y la nulidad absoluta del DNU. Por otro lado, desde los bloques opositores se reclamó a los titulares de ambas cámaras legislativas que se conformen las comisiones bicamerales encargadas de analizar los cambios en la SIDE. Mientras tanto el DNU está vigente.

El rol de los poderes judicial y legislativo

Desde el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED) señalaron que esta decisión profundiza un modelo de inteligencia opuesto a la producción de información estratégica y alertas tempranas. Según el análisis del instituto, el Poder Ejecutivo ha optado por un esquema donde la contrainteligencia y el secreto financiero son los ejes centrales. “De este modo, se opta definitivamente por uno de los dos modelos del sistema de inteligencia, que vienen pugnando desde hace más de una década”, explicaron los especialistas al contrastar este rumbo con un sistema orientado a mejorar la toma de decisiones del Estado.

Ante la gravedad de la situación, los expertos en seguridad y derecho constitucional, enfatizaron que “las instituciones deben actuar de inmediato”.

Entre las acciones sugeridas se encuentra la presentación de un recurso extraordinario per saltum ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, apelando al artículo 257 bis del Código Procesal Civil y Comercial para evitar perjuicios de imposible reparación ulterior. Los especialistas consideran que esta vía es necesaria en causas federales que “entrañen cuestiones de notoria gravedad institucional, cuya solución definitiva y expedita sea necesaria”, advirtiendo que la Corte, hasta ahora ha mostrado una “sumisión escandalosa” mientras se degradan las garantías básicas de libertad. Por ello, instan a utilizar este recurso como el único remedio eficaz para evitar perjuicios de imposible o insuficiente reparación ulterior frente a la nueva estructura de la SIDE.

Asimismo, desde el ILSED, instan a activar de inmediato el control parlamentario sin esperar formalismos reglamentarios que demoren la conformación de la Comisión Bicameral. Se sostiene que los propios bloques opositores deben formarla tal como establece la ley. “Durante dos años la Comisión Bicameral de Inteligencia tuvo mayoría opositora y, aún así, fue condescendiente con la deriva autoritaria del sistema de inteligencia. Ha llegado el momento de que cada representante del pueblo diga con claridad de qué lado está”, advirtieron. Para los impulsores de esta respuesta, si el Ejecutivo justifica la necesidad y urgencia para dictar el decreto, existe la misma urgencia para que las comisiones revisoras.

En este escenario crítico, también remarcaron la necesidad de iniciar un diálogo político profundo para definir un modelo de inteligencia democrático que reemplace la deriva autoritaria actual. En esta línea, el ILSED destaca el proyecto de ley elaborado junto a Iniciativa Ciudadana para el Control del Sistema de Inteligencia – ICCSI que propone el modelo opuesto al del gobierno.

La declaración además incluyó un llamado de atención a distintos sectores de la sociedad. “Ojalá los jueces, diputados, senadores, académicos, abogados, representantes políticos en general, empresarios, dirigentes sociales y los ciudadanos adviertan que se está jugando con fuego en un país que, día a día, demuestra que los subsuelos del Estado están cada día más activos, repletos de podredumbre y extendiendo sus tentáculos hacia muchos sectores de la vida social”, expresaron.

Nota completa del ILSED: aquí

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