El Pueblo Ocloya denuncia incumplimientos de la ex Ministra de Ambiente y Cambio Climático
El Consejo de Delegados de Comunidades Aborígenes del Pueblo Ocloya emitió un comunicado público en el que cuestiona el accionar de la ministra de Ambiente y Cambio Climático de Jujuy, María Inés Zigarán, quien recientemente asumió como diputada provincial por el Frente Jujuy Crece en Provincias Unidas, aliado al gobierno nacional.
La organización representativa del Pueblo Ocloya acusa a la funcionaria de incumplir sus deberes públicos al no responder a las solicitudes presentadas por las comunidades indígenas desde febrero de este año, vinculadas a informes ambientales y consultas previas sobre proyectos derivados del Ordenamiento Territorial de Bosques Nativos (OTBN). Incluso, en las últimas presentaciones exigieron la suspensión inmediata de todos los proyectos que afecten territorios indígenas y reclama la implementación de mecanismos efectivos de consulta conforme a estándares constitucionales, internacionales y ambientales vigentes.
Según el documento, los proyectos en cuestión se estarían ejecutando sin el consentimiento de las comunidades afectadas, lo que constituye una violación sistemática de los derechos reconocidos en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El Consejo sostiene que se ha omitido el derecho a la consulta previa, libre e informada, exigido tanto por la Constitución Nacional como por las leyes ambientales vigentes.
La denuncia enfatiza que las comunidades aborígenes Tilquiza, Las Capillas, Normenta Pacha y Tiraxi, todas pertenecientes al Pueblo Ocloya, se ven directamente afectadas por expedientes relacionados con el manejo, conservación y cambio de uso de suelo. Por ello, el Consejo solicita la suspensión inmediata de cualquier autorización, ejecución o renovación administrativa vinculada a dichos proyectos, hasta que se garantice un proceso pleno y efectivo de consulta indígena.
Asimismo, el comunicado reclama el acceso irrestricto a la información pública ambiental, en cumplimiento de la Ley 25.831 y del Acuerdo de Escazú (Ley 27.566), instrumentos que aseguran la transparencia y participación ciudadana en asuntos ambientales.
El planteo del Pueblo Ocloya se suma a una serie de reclamos históricos de comunidades indígenas en la provincia, que buscan la protección de sus territorios y el respeto a sus derechos colectivos frente a decisiones gubernamentales que consideran inconsultas.
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