Elevan a juicio causa por incendio en Nahuelpan
La jueza penal Fernanda Révori resolvió elevar a juicio oral y público la causa que investiga el incendio ocurrido en territorio de la comunidad mapuche tehuelche Nahuelpan, en el sector conocido como “La Tapera de Llancaqueo”. El único imputado es Héctor Quilaqueo, quien resultó gravemente herido al intentar apagar las llamas.
La fiscal general de Esquel María Bottini y el procurador de fiscalía Ismael Cerda llevan adelante la acusación. Según el texto leído por Cerda en la audiencia realizada el 9 de marzo pasado, el fuego iniciado el 26 de enero de 2025 habría sido un acto intencional. La fiscalía sostiene que cuenta con una fotografía del incendio en su fase inicial hallada en el celular del acusado y que éste habría aprovechado las condiciones climáticas para que el fuego se trasladara hacia una zona en conflicto territorial.
Los representantes del Ministerio Público remarcaron la supuesta intencionalidad y la magnitud del daño económico: 70 hectáreas consumidas, 1200 metros de alambrado destruidos, pérdidas para productores locales y un gran despliegue de recursos del Servicio Provincial de Manejo del Fuego. En este marco, solicitaron cinco años de condena por incendio doloso.
La defensa, a cargo de Luis Virgilio Sánchez de la de la Gremial de Abogados y Abogadas de Argentina, pidió el sobreseimiento. Argumentó que se trató de un accidente derivado de prácticas rurales comunes y subrayó que Quilaqueo sufrió quemaduras graves al intentar sofocar las llamas: “El señor Quilaqueo trató de apagar el fuego y casi muere en el intento (..) se quemó las vías respiratorias, estuvo en coma”.
También cuestionó la hipótesis de la fiscalía: “Quilaqueo no provocó ningún fuego intencional. El fuego se inició a 300 metros dentro del territorio Nahuelpan, si una persona quiere hacerle daño al vecino, no va a hacer el fuego dentro de su casa, a lo sumo lo que se podría investigar es un accidente”, explicó al ser consultado por este medio.
La audiencia continuará el 27 de marzo. En este tiempo tanto la fiscalía como la defensa intentarán ponerse de acuerdo sobre ciertos hechos que ya están comprobados con el objetivo de simplificar el juicio.
El contexto
El caso está marcado por el conflicto derivado de la cuestionada venta de parte del territorio de la comunidad mapuche a la familia Aguado. En 2021, Carlos Aguado adquirió tierras comunitarias con la anuencia del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), lo que desató una disputa judicial. La normativa establece que toda decisión sobre tierras fiscales de ocupación indígena tradicional debe contar con la intervención obligatoria de la Comisión de Tierras Indígenas (CTI), instancia que el IAC incumple de manera sistemática.
Como ocurre en situaciones similares, los miembros de las comunidades que reclaman sus derechos terminan criminalizados y enfrentan causas penales por supuesta usurpación de su propio territorio. Sin embargo, en 2024 la Cámara Penal de Esquel revocó una condena contra dos comuneros -entre ellos Héctor Quilaqueo- y los declaró absueltos del delito de usurpación.
El 27 de enero de 2025, al día siguiente del incendio, la familia de Quilaqueo difundió un comunicado público. En el mismo manifestaron que el incendio fue accidental y que el comunero intentó sofocarlo, sufriendo heridas graves que lo dejaron varios días en coma en la terapia intensiva del Hospital Zonal de Esquel.
Mientras Quilaqueo peleaba por su vida, la tensión escalaba con la intervención mediática del Poder Ejecutivo provincial. Al día siguiente de una serie de violentos allanamientos simultáneos en domicilios y comunidades mapuche tehuelche, el gobernador de Chubut Ignacio Torres, acompañado por los funcionarios del Ministerio Público Fiscal, dio una conferencia de prensa en la que tuvo expresiones estigmatizantes hacia integrantes y comunidades del pueblo mapuche tehuelche a los que, sin fundamentos ni pruebas, vinculó con los incendios forestales de esa temporada en la cordillera.
En ese contexto, el gobernador Torres incluyó el caso de Quilaqueo -con los fiscales Cerda y Bottini a su lado- y aseguró que el fuego en Nahuelpan había sido intencional. Los dichos del gobernador generaron críticas por su carácter racista y por vulnerar el principio de presunción de inocencia. Además, la conferencia dejó en controversia la independencia entre los poderes Ejecutivo y Judicial en la provincia de Chubut, hecho cuestionado por la defensa en la última audiencia.
Foto de portada: Roxana Sposaro
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