Elevan a juicio la causa por basural petrolero de Vaca Muerta

23 Feb 2026

Tres empresarios, cuyas identidades se mantienen bajo reserva por orden judicial, enfrentarán un juicio por los delitos de fraude y contaminación con residuos peligrosos en el Parque Industrial Neuquén.

La acusación apunta al personal jerárquico y al propietario de la empresa, dejando fuera las eventuales responsabilidades políticas. El proceso, impulsado por el Fiscal Jefe a cargo de la Unidad de Delitos Ambientales y Leyes Especiales del Ministerio Público de Neuquén, Maximiliano Breide Obeid, contempla penas de cumplimiento efectivo superiores a tres años y medio. El funcionario solicitó la apertura de la audiencia de control de acusación y la conformación de un Tribunal con Jurados Populares, lo que constituiría la primera experiencia de este tipo en una causa ambiental dentro de la provincia.

La investigación apunta a la empresa Compañía de Saneamiento y Recuperación de Materiales S.A (Comarsa), señalada por recibir tierra y barros con hidrocarburos provenientes de Vaca Muerta sin darles tratamiento, lucrando con el depósito ilegal de contaminantes en terrenos municipales. Según la investigación de la fiscalía, se emitían certificados falsos para mantener la habilitación como tratadora de residuos peligrosos, mientras la montaña de hidrocarburos con benceno, tolueno, fluoreno y metales pesados como arsénico y plomo crecía a la vera de la autovía norte, en inmediaciones de la avenida Casimiro Gómez.

Desde hace más de una década, la Confederación Mapuche de Neuquén denuncia esta contaminación mediante la campaña “Fuera Basureros Petroleros”. La causa judicial se inicia en diciembre de 2020, cuando la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas denunció penalmente a la empresa Comarsa por acumular residuos peligrosos en sus plantas de Neuquén y Añelo; a las compañías petroleras como YPF, Shell y Chevron, entre otras, por producir esos desechos mediante fracking para extraer hidrocarburos no convencionales; y a los funcionarios públicos del gobierno provincial responsables de permitir esa operatoria.

Según la denuncia de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas, desde 2013 la empresa acumuló más de 300.000 metros cúbicos de residuos peligrosos en espacios no habilitados, incluyendo terrenos públicos. “La crisis climática y ecológica no es solo consecuencia de decisiones políticas fallidas, sino de un modelo que sacrifica territorios y comunidades en favor de la rentabilidad petrolero-gasífera“, señalaron hace ya un año cuando la justicia neuquina amplió la investigación en el caso. Y añadieron: “Seguiremos impulsando que la justicia actúe con independencia y que los responsables paguen por los daños causados. Urge avanzar en una transición ecosocial justa y popular, que promueva un modelo energético descentralizado, democrático y basado en fuentes limpias”.

La querella también está representada por la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de Neuquen. En tanto, la defensa de los empresarios y gerentes, integrada por los abogados Marcelo Muñoz, Mario Rodríguez Gómez y Javier Pino, cuenta con diez días para presentar sus planteos. La causa, que expone el entramado de negocios y ocultamiento de pasivos ambientales, se perfila como un precedente clave en la justicia argentina en materia de delitos ambientales.

El avance de la causa constituye un reconocimiento al rol activo de las comunidades mapuche, organizaciones como el Observatorio Petrolero Sur y los abogados ambientalistas que impulsaron las denuncias. La elevación a juicio abre la posibilidad de acreditar la existencia de un daño ambiental relevante, con miras a obtener medidas de reparación y sanciones proporcionales. Asimismo, resulta indispensable que se evalúe la eventual responsabilidad de los funcionarios públicos que, por acción u omisión, incumplieron sus deberes de control y prevención, dado que la incumbencia estatal es un componente inseparable en la configuración de este tipo de ilícitos ambientales.

Foto: Confederación Mapuche de Neuquén

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