Incendios forestales y la intencionalidad de los que gobiernan

08 Ene 2026

Desde el pasado 5 de enero, la zona de Puerto Patriada y sus alrededores en la localidad de El Hoyo -en el extremo noroeste de Chubut- enfrentan un escenario crítico donde las llamas ya han devorado más de 2.000 hectáreas. El reporte inicial es desolador: por lo menos 10 viviendas destruidas, más de 3.000 turistas evacuados y comunidades originarias, como la comunidad mapuche Pulgar Huentuquidel, que han visto sus tierras y medios de vida reducidos a cenizas de punta a punta.

Pese a que el Servicio Nacional de Manejo del Fuego y el Servicio Meteorológico Nacional habían advertido sobre una situación potencialmente explosiva en 16 provincias debido al calor extremo y la sequía acumulada por la falta de nevadas invernales, la respuesta del gobernador y funcionarios nacionales ha decidido centrarse en la búsqueda de supuestos autores intencionales y la criminalización.

“Hay seis aviones hidrantes y un helicóptero. Vialidad Nacional también se puso a disposición para poner los camiones cisterna, para poder aplacar algunos problemas de acceso al agua que teníamos en sectores que eran estratégicos”, señaló el gobernador de Chubut, Ignacio Torres sumando la llegada de un avión más desde Santiago del Estero.

En resumen, eso fue todo lo dicho específicamente acerca del combate del incendio, durante una conferencia de prensa brindada en la localidad de El Hoyo el pasado 7 de enero. En la misma, el gobernador Torres; el ministro del Interior de la Nación, Daniel Santilli; el intendente de El Hoyo, César Salamin, y el fiscal Carlos Diaz Mayer, desplazaron cualquier análisis sobre el implante planificado de los inflamables pinos que desbordan la cordillera, de la no gestión ambiental o el cambio climático. Torres apuntó sobre lo que denominó “un grupo marginal de delincuentes”, insistiendo en proyectos de reforma del Código Procesal Penal con penas más duras.

Todos los años la misma historia

Como sucedió en incendios anteriores, el gobernador vinculó los incendios con supuestos actos delictivos y anunció una recompensa de 50 millones de pesos para quienes aporten datos sobre los responsables de los focos.

En sintonía con este discurso, el fiscal Carlos Díaz Mayer -que también participó de la conferencia – afirmó que según las pericias iniciales detectaron el uso de materiales acelerantes y combustibles, lo que ratificaría la intervención humana en el inicio del siniestro. No obstante, cabe destacar que no sería la primera vez que el Ministerio Público Fiscal y el Poder Ejecutivo provincial afirman de forma conjunta mediáticamente hechos que, posteriormente, no logran ser acreditados fehacientemente durante el proceso de investigación judicial.

Esta retórica oficial, orientada a la construcción de un “enemigo interno”, distrae las miradas del problema de fondo, invisibiliza la desidia intencional de los gobiernos y los factores ambientales y estructurales que han convertido a la zona en un verdadero polvorín. Un claro ejemplo de esto, lo menciona el periodista Alejando Pairone en Tiempo Argentino, donde señala que “el gobernador Torres mantiene bloqueados más de 600 mil dólares para programas de prevención de incendios forestales”.

Verdaderas intenciones

Durante la conferencia de prensa, los funcionarios omitieron cualquier referencia al peligro que representan los pinos, principales combustibles y acelerantes de estos voraces incendios. Estas grandes extensiones de pinos, implantadas décadas atrás para el negocio maderero y hoy presentes también en zonas de interfase -donde el bosque se mezcla con las viviendas-, degradan los suelos y poseen una resina altamente inflamable. Además, al arder, sus piñas actúan como proyectiles que dispersan el fuego a grandes distancias, superando por completo la resistencia natural del bosque nativo. Sin embargo, no se planteó nada sobre un plan eficaz para erradicarlos y reemplazarlos por especies nativas.

Tampoco se mencionó que, con el aval de varios gobernadores, el gobierno nacional avanza en el desfinanciamiento y pretende derogar la Ley de Manejo del Fuego, la cual prohíbe la venta o el cambio de uso de tierras incendiadas por hasta 60 años. Esta normativa tiene como fin evitar que los incendios sean utilizados como herramientas de especulación inmobiliaria o productiva.

Otro silencio elocuente fue la omisión del proyecto impulsado para modificar la Ley de Tierras. Esta ley, actualmente limita la titularidad de tierras rurales en manos de extranjeros, se encuentra en el centro de la disputa por la soberanía territorial, especialmente en zonas ricas en recursos hídricos y forestales como la Comarca Andina.

A este escenario se suma la situación de los brigadistas de los diversos sistemas de manejo del fuego nacional y provincial, quienes, a pesar de estar en la primera línea de combate, denuncian salarios que no cubren la canasta básica y una precarización laboral sistémica que mantiene a gran parte del personal bajo contratos temporales, sin la estabilidad de la planta permanente necesaria para una política de Estado de prevención y respuesta.

Mientras el insuficiente despliegue de más de 200 brigadistas y 7 aviones hidrantes intenta contener el avance de las llamas en una topografía compleja, el impacto es irreversible para las comunidades locales. Rocío, integrante de la comunidad mapuche Pulgar Huentuquidel, relató a infoterritorial que tras ser evacuados durante la noche, al regresar al campo se encontraron con “las 110 hectáreas de su territorio quemadas totalmente, perdiendo viviendas y animales”. La situación de la vecina comunidad mapuche Monsalve es similar. La ayuda que reciben es de la red autogestiva de los mismos habitantes de la Comarca.

El cambio climático a nivel mundial

Los mapas satelitales del sistema FIRMS de la NASA muestran que el incendio de El Hoyo no es un evento aislado, sino parte de un corredor de fuego que se extiende en esta estación por importantes áreas del hemisferio sur.

Este fenómeno no puede disociarse de la crisis climática global, que actúa como un multiplicador de la voracidad de los incendios. El calentamiento del planeta -producto de un sistema de producción y consumo insaciable- está alterando los regímenes de precipitación, elevando las temperaturas medias, lo que en la región patagónica se traduce en inviernos con nevadas insuficientes y veranos de una sequedad extrema.

Estas condiciones, más las inmensas áreas de plantaciones de inflamables pinos, se convierten en un combustible altamente predispuesto a la ignición, acortando los intervalos entre grandes incendios y dificultando la regeneración natural de los ecosistemas. Así, los pinos, vuelven a crecer rápidamente como plaga, impidiendo el desarrollo de las nativas.

En este escenario, deberían planificarse políticas de prevención mucho más fuertes, que incluyan un programa de reforestación, con mayor inversión. Pero los gobiernos responden con desfinanciamiento, recortes presupuestarios y amenazas a la misma población que el desastre ambiental.

La respuesta criminalizadora y punitiva no es casual; saben que la implementación de políticas regresivas en materia ambiental, laboral y de soberanía, en favor proyectos extractivistas conlleva, inevitablemente, a un creciente malestar social.

Como respuesta al desprecio por la vida y la naturaleza, la organización comunitaria vuelve a hacerse presente en la Comarca Andina. Brigadistas autoconvocados y voluntarios se articulan para gestionar donaciones, preparar y distribuir alimentos, brindar acompañamiento emocional y resguardar animales, entre otras tareas. Año tras año, esta red se fortalece y amplía su capacidad de apoyo a los afectados mediante la autogestión colectiva.

📷Comunidad Pulgar Huentuquidel

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