El Juez Otranto ratificó el desalojo de Lof Pailako

31 Dic 2024

El 30 de diciembre pasado, y en menos de dos horas de su presentación, el Juez Federal Guido Otranto rechazó un recurso de revocatoria solicitado por Gabriel Nahuelquir, representante del Consejo de Participación Indígena (CPI) del Pueblo Mapuche en Chubut, con la asistencia legal de Sonia Ivanoff y el patrocinio de Adán Costa Rotela. (ambos abogados especialistas en derecho de los pueblos indígenas). Además, rechazó el recurso interpuesto por la defensa ejercida por La Gremial y emitió un mandamiento de lanzamiento que ordena el desalojo de Lof Pailako y su ejecución en los próximos 5 días, con habilitación de feria judicial.

El recurso de revocatoria con apelación en subsidio se presentó en el marco de la causa que el Estado Nacional, a cargo de Cristian Larsen de la Administración de Parques Nacionales (APN), sostiene contra la comunidad, y respondía al proveído dictado el 27 de diciembre de 2024 por el mismo Juez Otranto, en el cual ordena el desalojo de la comunidad que habita dentro del Parque Nacional Los Alerces.

En el mismo se señaló la violación del debido proceso y el derecho de defensa de los derechos colectivos de la comunidad, la falta de perspectiva indigena, entre otros derechos violentados ya que aún hay un recurso de apelación pendiente de resolución en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. Esto debería ser considerado antes de ejecutar cualquier medida de expulsión. No obstante, Otranto ratificó el despojo impulsado desde APN.

Apelación y Reserva del Caso Federal

El rechazo de Otranto, ignora la presentación de una apelación y nulidad en subsidio, y que dicha decisión provoca la expulsión afectando seriamente el derecho procesal de la comunidad y la sustancialidad de todo el proceso judicial. Además, la realización de la reserva del caso federal, mencionando la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos si no se respetan sus derechos constitucionales y humanos.

La negación de la preexistencia

Ni la judicialización, ni los desalojos han logrado resolver el conflicto fundacional que el Estado argentino tiene con los pueblos preexistentes a su constitución.

Para Gabriel Nahuelquir, el Estado nacional mantiene un conflicto que es político con los pueblos indígenas, que se profundizó desde la asunción de Javier Milei. “Con la derogación de la emergencia territorial de la ley 26.160 buscan callarnos y despojarnos. La discusión tiene que ser política, no hay otra no hay otra solución por que los jueces y fiscales parece que están todos del lado de Parque Nacionales. El desalojo puede llegar en cualquier momento, pero nosotros vamos a seguir uniéndonos.”, expresó el representante del CPI.

La legitimidad de Lof Pailako es cuestionada, tanto por APN como por el Poder Judicial que no considera una afectación directa al derecho de posesión y propiedad ancestral, ni tuvo en cuenta un informe antropológico que avala la preexistencia de las familias mapuche, sobre quienes pesa la orden de desalojo, en la zona.

La expulsión atenta contra sus derechos colectivos y su participación en las decisiones que afectan su territorio.

La medida de expulsión afecta directamente tanto a la Comunidad como a sus integrantes, al lonko de la comunidad, Cruz Cárdenas, como a su pareja Maria Belen Salina (ambos descendientes de familias históricas, nacidos y criados en el territorio) y a otras familias ocupantes del lugar. Las decisiones son refractarias de lo colectivo y ven el problema individual, careciendo como Estado de la responsabilidad en garantizar derechos colectivos ratificados por el Convenio 169 OIT.

Cabe destacar que una de las zonas referenciadas para el desalojo es la conocida como ex Población Felidor Salina. María Belen Salina – nacida y criada en el territorio- es tataranieta de aquel antiguo poblador perteneciente a la familia preexistente a la creación del Parque Nacional.

Además, despidos y tarifazos

Recientemente, la Coordinación Nacional de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) en Parques Nacionales denunció una nueva ola de despidos que afecta a brigadistas, profesionales y administrativos de APN.

Paralelamente, este año se incrementó significativamente el costo de las entradas a los parques, lo cual, junto con la privatización de muchos espacios dentro de estos, resulta expulsivo para gran parte de la clase trabajadora limitando el derecho al disfrute de estos bienes comunes.
Estas políticas privatizadoras de los espacios naturales, junto al asedio a Lof Pailako y a las comunidades indígenas en general, responden a un proyecto económico en el que prevalecen los negociados económicos y la profundización de la extranjerización de los territorios.

Este contexto, impulsa a repensar nuevas formas para que se integren las defensas de los derechos ambientales, laborales y de las comunidades indígenas ante el avance de proyectos que sólo seguirán beneficiando a unos pocos privilegiados.