Jujuy: un fallo criminaliza la posesión ancestral en Las Capillas

La Sala Penal de la Suprema Corte de Justicia de Jujuy revocó el sobreseimiento de seis integrantes de la Comunidad Indígena Las Capillas. El fallo, firmado el 7 de abril de 2026, utiliza tecnicismos procesales para perpetuar una persecución penal que los integrantes del Pueblo Ocloya enfrentan desde hace más de una década frente a la Compañía Minera Piuquenes S.A.

La máxima instancia judicial de la provincia, integrada por los jueces Martín Francisco Llamas, Emma María Mercedes Arias y Federico Francisco Otaola, anuló las decisiones de tribunales inferiores que habían declarado la prescripción de la causa. Mientras los jueces de control y revisión entendieron que el tiempo para juzgar el presunto delito de usurpación de 2019 ya había caducado, la Suprema Corte impuso un criterio que pone en jaque la seguridad jurídica de las comunidades: calificó la permanencia en el territorio ancestral como un “delito permanente”.

El derecho penal como herramienta de despojo

Bajo esta interpretación, la infracción no concluye con la ocupación inicial, sino que “se perpetúa durante todo el tiempo en el que se mantiene la ocupación”. Este razonamiento permite que la acción penal no venza nunca mientras la comunidad permanezca en su tierra, ignorando que el territorio de Las Capillas cuenta con la “ocupación actual, tradicional y pública”, personería jurídica y relevamiento del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) realizado bajo el amparo de la Ley 26.160.

La sentencia omite por completo la aplicación del bloque de constitucionalidad que protege a los Pueblos Indígenas. En lugar de analizar la posesión tradicional y pública, el tribunal priorizó la demanda de la empresa minera, que busca vía judicial lo que no posee en el territorio. Néstor Jerez, cacique de la comunidad Las Capillas, denunció la gravedad de este retroceso institucional: “A pesar de que el Tribunal de Revisión confirmó sentencia de sobreseimiento a favor de Comunidad Indígena Las Capillas, esta sentencia arbitraria e inconstitucional desconoce todas las amplias jurisprudencias que hay a nivel nacional. Aquí no se trata de personas individuales, se trata de una comunidad indígena preexistente”.

Resistencia frente a una “minera fantasma”

El conflicto se remonta a 2015, cuando particulares , que decían ser empleados de la minera, irrumpieron en la tranquilidad de la zona. A pesar de una medida cautelar de “no innovar”, la comunidad documentó en 2016 desmontes de bosques nativos -churqui, piquillín, tusca y cedro- ejecutados por personal vinculado a la empresa y custodiados por la policía provincial. Pese a estas pruebas impunes de daño ambiental y territorial, la justicia hoy reactiva la imputación contra los comuneros.

La Compañía Minera Piuquenes S.A., cuya transparencia es cuestionada por los pobladores, recientemente estrechó vínculos con la canadiense Pampa Metals para proyectos de oro y cobre en San Juan. Aunque al parecer aún no registra ninguna actividad en Jujuy, se percibe como una amenaza directa a la biodiversidad local y la vida comunitaria. “Esta minera Piuquenes es como una minera fantasma, porque no tiene posesión en el territorio, todavía no ha implementado ningún proyecto, pero esta gente que está vinculada al gobierno aducen ser los apoderados”, afirmó Jerez a infoterritorial

El territorio como parte de la vida

La comunidad dispone de diez días hábiles para impugnar este fallo que los devuelve al banquillo de los acusados. La estrategia de defensa no solo se limitará a los tribunales, sino que fortalecerá la presencia en el territorio. La comunidad ocloya remarca que el uso del derecho penal para resolver disputas de tierras viola el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Frente a la posibilidad de un nuevo pedido de desalojo impulsado por la minera, la comunidad Las Capillas se encuentra en estado de asamblea permanente y ratificó su postura de defensa integral. Nestor concluyó con firmeza la determinación de su pueblo: “Nos tenemos que defender con las herramientas legales y también con acciones territoriales reafirmando todos los derechos que nos asisten. Vamos a seguir en esta lucha, el territorio no se negocia porque es parte de nuestra identidad y de nuestra vida”.

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