Lof Fentren Kimun: ratifican medidas cautelares

30 Dic 2025

En una audiencia de revisión realizada el 30 de diciembre, se ratificó el retiro de los animales de la werken de la comunidad y la restricción de acercamiento al territorio en disputa con el ex jugador Aldo Duscher. La defensa de la comunidad Lof Fentren Kimun denunció irregularidades en la venta de tierras ancestrales.

El tribunal de revisión, integrado por los magistrados Martín O’Connor y Carlos Richieri, resolvió ratificar las medidas cautelares ordenadas previamente por el juez penal de Esquel Ricardo Rolón.

La decisión mantiene la vigencia de las restricciones de acercamiento para los cuatro imputados en la causa por la presunta usurpación del territorio que la comunidad mapuche tehuelche Fentren Kimun denuncia como vendido de forma fraudulenta al ex futbolista Aldo Duscher, con la anuencia del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural. Además, el retiro del ganado de una integrante de la comunidad.

El abogado defensor Luis Virgilio Sanchez insistió en que existen cuestiones prejudiciales sin resolver y denuncias pendientes contra el fiscal Cerda por presunto abuso de autoridad y a Aldo Duscher y Bernardo Quiñihual por fraude, elementos que, según la defensa, deberían anular las medidas actuales. A su vez, citó un recurso de apelación presentado por la Dra. Sonia Ivanoff.

Sanchez, sostiene que la transferencia del territorio a Duscher constituye una venta ilegal de tierras fiscales, fundamentando su denuncia en que Quiñihual, carecía de titularidad sobre las 600 hectáreas de ocupación colectiva y con reclamos y conflictos desde 1942.

La defensa enfatizó que estas tierras poseen un “fin social” regido por la normativa del Instituto Autárquico de Colonización y Fomento Rural (IAC), la cual prioriza la adjudicación a quienes efectivamente ocupan y trabajan el suelo, prohibiendo explícitamente la especulación inmobiliaria.

El argumento central radica en el carácter de tierras comunitarias indígenas, las cuales, según el artículo 75, inciso 17 de la Constitución Nacional, son inalienables, imprescriptibles e inembargables. O sea, no pueden ser vendidas ni transferidas, lo que anularía cualquier operación comercial realizada entre privados sobre dicho territorio ancestral.

En este sentido, remarcó la rapidez del Ministerio Público Fiscal para impulsar causas por delitos menores contra integrantes del Pueblo Mapuche-Tehuelche, en contraste con la falta de diligencia para investigar las operaciones ilegales.

El dilema de las vacas

Las cinco vacas en cuestión pertenecen a Susana Martin, Werken de la Lof Fentren Kimun, y permanecen dentro del predio en conflicto. Mientras que el Procurador Ismael Cerda solicitó mantener las medidas acusando a Martin de haber violado la restricción de acercamiento, la defensa ofreció una versión contrapuesta: Las vacas, luego de ser trasladadas por personal policial el pasado 22 de diciembre, volvieron por su cuenta al territorio.

Susana Martin aseguró ante los jueces: “Mis vacas volvieron solas porque es el lugar donde siempre estuvieron. El señor Duscher compró el campo con mis vacas adentro”. Además, la werken expresó que cuando le informaron que las tierras comunitarias habían sido vendidas, Santiago Bestene, el administrador de Duscher, le ofreció comprarle el ganado. Susana no aceptó, la presencia y la vuelta de sus animales es una prueba viviente de la posesión del territorio.

Un reclamo de décadas

Durante la audiencia, Eusebio Antieco recordó que el reclamo por estas tierras no es nuevo y recordó el origen histórico y político del conflicto: “Estas tierras están reclamadas desde el año 1942 ante el Estado Nacional. En ese año, mediante un Decreto firmado por el presidente Ramón S. Castillo, se reservó tierras fiscales en la zona cordillerana de Chubut —incluyendo Gualjaina— para ser adjudicadas a familias indígenas. Mi abuelo y mi padre murieron reclamándolas. ¿Ahora voy a morir yo siendo acusado de ladrón y usurpador en mi propio territorio?”, sentenció.

Antieco, que además es representante del Consejo de Participación Indigena (CPI) de Costa de Lepá, denunció un “arrastre” de negocios inmobiliarios ilegales que involucran a sucesivos intendentes de Gualjaina y pidió que la justicia tome en cuenta el Convenio 169 de la OIT sobre derechos de Pueblos Indígenas.

“Fuimos demandados por el señor Mario Das Neves, el gobernador de la provincia de Chubut, al cual en este recinto se ganó el juicio por las tierras. Y nunca el gobernador se bajó del caballo para devolver todas esas tierras. Si aquella vez se hubiese tomado el toro por las astas, como digo, si se hubiesen devuelto todas las tierras, hoy no tendría este problema y Duscher no hubiese comprado algo ilegal”, remarcó.

Fundamentos del fallo

Al explicar la resolución, el Dr. Ricardo Richieri aclaró que el objetivo de la audiencia no era juzgar el fondo de la cuestión -la posesión de la tierra-, sino revisar si la decisión de Rolón estaba ajustada a derecho.

“Entendemos que la decisión se encuentra motivada y debidamente fundada”, expresó Richieri. El tribunal consideró que las medidas buscan evitar el agravamiento del conflicto y reducir riesgos sanitarios.

El fallo ratifica la orden de coordinar con la policía y la división de seguridad rural el retiro definitivo de los animales del predio para ser entregados a Susana Martín, bajo advertencia de intervención de la brigada de abigeato si no se cumple.

El abogado Dr. Luis Virgilio Sánchez, en comunicación con infoterritorial, se mostró decepcionado por la decisión del tribunal: “El fallo del tribunal decepciona un poco, es dogmático y no brindó una respuesta adecuada a los agravios expresados por la defensa, no es cierto que los jueces de revisión deban limitarse a analizar que la Sentencia esté debidamente motivada, porque con ese criterio prácticamente no se podría revisar ninguna Resolución de un juez de garantías, ya que argumentos siempre sobran, pero el Tribunal debió dilucidar si esos argumentos que “motivaron” la resolución del juez son suficientes para desatender el pedido de la defensa para que se levanten las restricciones de acercamiento de la comunidad a su territorio”.

Mientras tanto, las denuncias por venta fraudulenta y abuso de autoridad permanecen estancadas, sin que se registren avances en la investigación.

📷 Roxana Sposaro