Mendoza: El INAI revisará Carpetas Técnicas y la organización Malaweche denuncia penalmente al gobernador

28 Oct 2024

Los territorios comunitarios asediados por los poderes ejecutivos provincial y nacional son Lof El Sosneado en San Rafael, Lof Limay Kurref y Lof Suyai Levfev en Los Molles, en Malargüe. El werken de la organización Identidad Territorial Malalweche denunció penalmente al gobernador Alfredo Cornejo por reiterados dichos discriminatorios en referencia a estas comunidades mapuche.

La gestión de Claudio Avruj, actual presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), continúa contrariando el espíritu con el que fue creado el organismo, y profundiza las medidas en detrimento de las comunidades indígenas. El pasado 24 de octubre aceptó el reclamo de la provincia, y ordenó la reapertura de los expedientes administrativos de las tres lof mapuche del sur de Mendoza, a fin de revisar el proceso de relevamiento territorial e instruir a la Unidad Técnica, argumentando la falta de participación efectiva de la Provincia de Mendoza en el análisis de la Carpeta Técnica.

El gobernador Alfredo Cornejo no tardó en celebrar públicamente la resolución, mediante la repetida expresión falaz y estigmatizante: “El INAI nos ha admitido a la provincia en los reclamos de los indígenas truchos estos”. El mandatario también expresó: “Podemos lograr que el INAI revierta esa entrega de tierras” y manifestó “la posibilidad de avanzar para recuperar esos terrenos”.

Ante esto Gabriel Jofré, werken de Malaweche presentó una denuncia penal contra el gobernador de la provincia por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y discriminación. La demanda será remitida a la fiscalía de San Rafael que es donde se cometió el hecho durante su discurso de presentación en el Almuerzo de las fuerzas vivas” de esa ciudad.

Además de las pruebas históricas que evidencian que tanto el sur de Mendoza como Malargüe, General Alvear y gran parte de San Rafael eran territorios indígenas hasta la ocupación militar de la “Conquista del Desierto”, hay dos cuestiones para señalar ante las afirmaciones del gobernador: La primera, que el INAI nunca tuvo ni tiene la facultad de entregar tierras, sólo se limita a constatar la posesión de las tierras por parte de comunidades indígenas, y entregar las carpetas técnicas producto del reglamento técnico jurídico catastral. Por otro lado, al manifestar la posibilidad de avanzar sobre las tierras, presume la intencionalidad de incumplir la Ley de Emergencia Territorial 26.160, aún vigente a pesar de las claras intenciones de lograr su derogación por parte de diversos sectores políticos que promueven negocios sobre los territorios indígenas.

Tras realizar la denuncia, Jofré recalcó que Cornejo ha tenido en reiteradas ocasiones estas conductas discriminatorias y señaló los dictámenes del INADI y los documentos del Comité Internacional contra la Discriminación Racial que lo confirman. “Espero que avance esta denuncia. Hemos llamado y convocado muchas veces al diálogo pero lamentablemente nos tenemos que ver en la justicia, quizás en ese momento el gobernador se digne a dar cumplimiento y se pueda reunir directamente con los ciudadanos comunes, como lo somos nosotros, y pueda empezar a resolver todos sus problemas”, expresó el werken.

Intereses en juego

La principal motivación de las autoridades es priorizar los intereses extractivistas, que se verían afectados por el reconocimiento de los derechos territoriales de las comunidades indígenas. “En el gobierno anterior les dieron esas tierras que entre otras cosas están en lugares que tienen factibilidad de petróleo y minería, invocando ser mapuches se lo dio en el gobierno anterior”, enfatizó el gobernador poniendo de manifiesto que sobre esos territorios se quiere avanzar con el paso fronterizo de Las Leñas, ruta estratégica para la exportación del saqueo de los bienes comunes. Al mismo tiempo aseguró que este año se realizaron inversiones en la exploración y explotación de yacimientos petrolíferos en El Sosneado, Loma de la Mina y Vega Grande.

En este contexto, el 22 de octubre pasado, la ministra de Energía y Ambiente de la provincia, Jimena Latorre, participó en búsqueda de inversiones extranjeras en el Argentina-Texas Energy Summit, que este año se realizó en Neuquén y tuvo como lema “El salto exportador de Vaca Muerta: la alianza EEUU-Argentina como motor de crecimiento”. Durante el mismo, la funcionaria destacó la voluntad para impulsar proyectos de exploración y poner en producción el tercio de la cuenca de Vaca Muerta, que está en el sur de Mendoza. Esta zona es donde se encuentra el foco de conflicto que la provincia mantiene con las comunidades mapuche.

En tanto, en San Rafael se dio inicio a la Evaluación de Impacto Ambiental para el proyecto Don Luis de la empresa El Jarillar. SA., en conjunto con Ampere Lithium, para la exploración de sales de litio. La resolución de la Dirección de Minería que la habilita fue publicada el 18 de octubre pasado en el Boletín oficial. Además, recientemente el gobernador anunció que existe una nueva iniciativa para explorar sales de litio en ese departamento y en Malargüe.

A su vez, en la cámara de diputados provincial avanza el tratamiento para la ratificación de las Declaraciones de Impacto Ambiental (DIA) de 34 proyectos de exploración minera en Malargüe, Distrito Minero Occidental (MDMO), impulsado por el Poder Ejecutivo.

Ante esto, las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura reclaman la convocatoria a una Audiencia Pública para debatir el MDMO y exigen a los funcionarios que detallen el impacto ambiental de los proyectos mineros: “independientemente de la Audiencia Pública realizada por el gobierno, en el marco del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental, donde las objeciones y planteos en oposición fueron numerosos y no han sido respondidos por el gobierno”, remarcan.

El pedido de Audiencia Pública a diputados y senadores se sustenta, legalmente, en el Acuerdo de Escazú, que impone la obligatoriedad de dar intervención a la población en las decisiones de gobierno en materia ambiental. Además, denuncian el incumplimiento de la consulta libre, previa e informada a las comunidades de Pueblos Originarios, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT.

De sur a norte, negocios

Más al norte, en el departamento de San Carlos, pobladores de Campo Yauta denunciaron públicamente que el gobierno nacional, mediante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABBE), oficializó la venta de las tierras que históricamente habitan. La medida se enmarca en el Decreto 950/2024, firmado por Javier Milei y Guillermo Francos, que pondrá a la venta más de 400 propiedades que se encuentran bajo la órbita del Estado nacional.

4 familias puesteras, con más de 5 generaciones en el territorio, se encuentran en alerta por un eventual desalojo y a su vez denuncian que puede suceder lo mismo con otros pobladores de la zona: “Están vendiendo el campo, nosotros estamos dispuestos a defenderlo y pedirle colaboración al pueblo que nos colaboren porque son parte de nosotros y de la historia, de tradición”, expresó un integrante de Puesteros Históricos de Campo Yauta en un video difundido en las redes sociales de “Crece desde el Pie”

En medio de todo este panorama donde nación y provincia avanzan sobre los territorios y quienes los habitan, y en donde se prevén nuevos desastres ambientales, en la nota de mendoza.gov.ar que anuncia la revisión de las carpetas se puede leer: “Cornejo afirmó que en Mendoza se vive un clima de trabajo, sin conflictos políticos”. No obstante, en el párrafo siguiente, en relación al Malargüe Distrito Minero Occidental, expresa: “El horno no está para bollos, como se dice habitualmente, como para agregarle conflictividad política al deterioro social y la conflictividad que hoy vivimos”.

Teniendo en cuenta otras experiencias en el país, como La Alumbrera en Catamarca, el proyecto extractivista, además de despojar y contaminar los territorios ancestrales, no resolverá la pobreza, desocupación y precarización en aumento, aunque los gobiernos nacional y provincial lo nieguen. Así, lamentablemente, prevalece la voluntad de diálogo con empresarios y extranjeros y se advierte la falta de predisposición para atender reclamos sociales.