Nueva condena a integrantes de la Lof Lafken Winkul Mapu

26 May 2025

El Tribunal Federal Oral de General Roca, Río Negro, dictó una nueva sentencia contra seis integrantes de la Lof Mapuche Lafken Winkul Mapu, imponiéndoles penas de prisión en suspenso por usurpación del ex hotel de Parques Nacionales en Villa Mascardi y dos propiedades privadas. El fallo contra la Machi Betiana Colhuan, Luciana Jaramillo, Celeste Güenumil, Romina Rosas, Yessica Bonefoi y Matías Santana refuerza la postura del Estado respecto a los conflictos territoriales con el pueblo mapuche.

Cuatro de las mujeres ya habían sido sentenciadas previamente por el juez de Bariloche Hugo Grecca en 2024. Sin embargo, el juez Alejandro Silva desestimó el argumento de doble juzgamiento, afirmando que los delitos analizados no habían sido previamente sancionados. Además, rechazó la solicitud de inimputabilidad de Betiana Colhuan, menor de edad al momento de los hechos.

Antes de conocerse la sentencia, las imputadas hicieron uso de la palabra en la audiencia virtual, manifestando su rechazo a lo que consideraban una “condena política”. Luciana Jaramillo sostuvo que el fallo no busca justicia, sino perpetuar la criminalización de la lucha por territorio y derechos indígenas.“Vamos a seguir luchando, lejos de victimizarnos nosotros hemos venido a contar nuestra verdad, hemos venido a contar lo que nos ha sucedido como parte de la historia que estamos reconstruyendo de nuestro pueblo”, expresó Jaramillo.

Celeste Güenumil, por su parte, denunció el impacto del extractivismo en sus comunidades y remarcó que la persecución contra los pueblos originarios ha sido sistemática desde la conformación del Estado argentino. En este sentido, manifestó: “Nos están condenando a nosotros que estamos defendiendo la vida. Y eso es injusto. Pero ha sido así, lamentablemente, sistemáticamente, en la fundación de estos Estados. Siempre hemos sido los más discriminados, tirados en las periferias a la pobreza. Y jamás han querido que nosotros tengamos un pensamiento político, social, donde plantemos nuestra filosofía de vida y que podamos existir con nuestra convicción. Siempre se ha demostrado la violencia y el racismo”.

Las penas dictadas van desde un año hasta dos años y seis meses de prisión en suspenso, junto con medidas adicionales como el pago de costas judiciales y la prohibición de acercarse a los terrenos en disputa. Respecto al Rewe, el juez resolvió preservar su estado actual de conservación en el lugar, bajo la custodia de Parques Nacionales. Mientras el fallo es apelado y las condenas no quedan firmes, los imputados continúan en libertad.

Pronunciamientos

Luego de la sentencia dictada, la Gremial de Abogados y Abogadas emitió un comunicado denunciando la parcialidad del Poder Judicial y su supuesta alineación con intereses empresariales. “Jueces, fiscales y querellas con la ideología del racismo y bancando los intereses de los latifundistas y las grandes empresas fueron llevando el proceso judicial a este final anunciado”, expresaron cuestionando la legitimidad del fallo. Además, advirtieron sobre la sistemática criminalización de los pueblos originarios en conflictos territoriales.

Por otro lado, la Confederación Mapuche de Neuquén emitió un comunicado cuestionando el rol del Poder Judicial en el conflicto. En el documento, la organización denunció que las decisiones de los tribunales benefician a sectores económicos con intereses en territorios indígenas, omitiendo la responsabilidad histórica del Estado en la expulsión de comunidades mapuche. La Confederación enfatizó que la restitución territorial es un derecho fundamental reconocido por la legislación argentina e internacional y llamó al gobierno a asumir su compromiso constitucional en la protección de los derechos indígenas.

Reproducimos el comunicado

Hoy dictaron sentencia contra Lafken Winkul Mapu

La enorme tarea del poder judicial en sostener una farsa y evitar hacer Justicia

El Tribunal Oral en lo Criminal Federal instalado en Fiske Menuko, conducido por el Juez Silva, hoy dictó sentencia, ante lo que ellos consideran delitos. Una vez más un poder judicial que a todas luces obedece y es funcional a los sectores económicos y políticos de poder, deja tranquilo a quienes sacan provecho de este escenario de represión. Una vez mas pierden la oportunidad de ocupar el lugar trascendente que debería ser buscar y aplicar justicia. Orientar al gobierno represor a resolver un conflicto histórico que no acabará con ninguna sentencia que se aplique y va resurgir una y otra vez porque está en juego la supervivencia como Pueblo nación.

No bastó la claridad cultural de pu lamgen “imputadas”, quienes le dieron clase de derecho y de humanidad alejada de la lógica de fiscales, abogados y un burócrata que tenía de antemano la sentencia dictada. En el transcurso del juicio quedó sin abordar por el juez y los fiscales un conflicto histórico que pu ñaña planteaban y que requiere urgente solución: el conflicto central es la de una mayoría de la población mapuche que ha sido expulsado a la periferia de las urbes, a los círculos de pobreza más profundos.

El propio Censo de Población 2022 grafica que la mayoría del pueblo mapuche expulsada de sus territorios ancestrales está hoy en las principales ciudades de la Patagonia, alejados y privados de su vida en comunidad. Esta realidad requiere de manera urgente políticas de restitución territorial que nos permita recuperar nuestra vida comunitaria, identidad y cosmovisión. Es un derecho humano además de cultural, y exigido por la normativa local e internacional. Y por la propia Constitución a la que dicen subordinarse estos tribunales con sus fiscales y jueces.

No alcanza con políticas de reconocimientos de nuestra ocupación tradicional o que nuestra posesión se convierta en títulos de propiedad, como es la lucha que nos abruma hoy. El Estado debe asumir su responsabilidad histórica que fue instalarse y constituir una república sobre un territorio usurpado y en base a la búsqueda de un exterminio como fue el objetivo del genocidio organizado por el ejército argentino. Al ser un delito de lesa humanidad, ese hecho no prescribe y requiere del estado asumir esa responsabilidad y generar las políticas de reparación correspondiente.

Al gobierno lo obliga la Constitución (Art 75, Inc 17) cuando ordena al Estado: “Regular la entrega de otras tierras aptas y suficientes para el desarrollo humano”.

Lo obliga la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU), suscripto por Argentina en 2007: “Los pueblos indígenas tienen derecho a la reparación, por medios que pueden incluir la restitución o, cuando ello no sea posible, una indemnización justa y equitativa por las tierras, los territorios y los recursos que tradicionalmente hayan poseído u ocupado o utilizado y que hayan sido confiscados, tomados, ocupados, utilizados o dañados sin su consentimiento libre, previo e informado”

En resumen, la legislación argentina e internacional reconoce el derecho del pueblo mapuche a la reparación a través de la restitución de tierras y recursos, un derecho fundamental para su proyección y desarrollo desde su identidad y cosmovisión.

Pu lamgen, sometidas a torturas y vejámenes, esperaban disculpas públicas y reparación del sistema judicial decadente. Y el poder judicial solo defendió la farsa que sostiene su existencia, condenando!

PODER INJUSTO Y DECADENTE ALEJADO DE TODA JUSTICIA.

MARICIWEW – La lucha sigue y sigue!

📷 Roxana Sposaro