Por procedimientos irregulares presentan acciones judiciales por Lof Pailako
La Gremial de Abogadas y Abogados presentó un recurso de reposición y apelación ya que la orden de desalojo se encuentra en suspenso. La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Regional Esquel solicitó que toda fuerza de seguridad del Estado nacional o provincial se abstenga de ingresar al territorio en conflicto hasta tanto se dirima plena y definitivamente el proceso judicial en curso.
Tras la resolución de los jueces Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez, de la Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia, emitida el 18 de octubre, el juez federal Guido Otranto avanza con los procedimientos para llevar a cabo el desalojo de Lof Pailako solicitado por el Estado Nacional, a través de la Administración de Parques Nacionales presidido por Cristian Larsen.
En este contexto, el 21 de octubre pasado se realizó la ejecución de un mandamiento de constatación judicial previa, con la intervención de funcionarios de Parques , Policía Federal y un notificador judicial, y concluyó con la identificación del Lonko (autoridad) de la comunidad, inspección y evaluaciones del territorio mediante recorrido y el uso de un dron y registros fotográficos por parte de un efectivo policial.
“No sabemos con qué se van a salir, el mandamiento de constatación que dejaron ayer está con fechas viejas, de agosto“, indicaron a este medio integrantes de Lof Paillako, remarcando que en el escrito se notifica que dentro de los 15 días de recibido el mismo se realizaría el desalojo.
Para Laura Taffetani, representante legal de la comunidad e integrante de la Gremial de Abogadas y Abogados, la orden de desalojo sigue en suspenso y se procedió de modo irregular, ya que el juzgado ordenó la constatación sin estar firme la sentencia. “Por eso nosotros acabamos de presentar un recurso de reposición y de apelación a esa providencia del juez que le daba curso al mandamiento. Por lo cual nosotros suponemos que tiene que revocar esa resolución”, expresó después del procedimiento.
Por su parte, desde la comunidad mapuche indicaron: “ El fallo es una jugada política, hay un sector muy importante como la Sociedad Rural y el gobernador Nacho Torres que están buscando a todos sus amigotes que están en la justicia para presionar y habilitar el desalojo”
Vecinos de la zona refieren que, desde la Administración de Parques, con la complicidad del municipio de Esquel, se está apuntando también a otros pobladores de diferentes sectores del Parque para lograr su expulsión. Aunque aún no pudimos corroborar el rumor, según la sentencia de agosto del corriente año, el operativo abarcaría diversas zonas ajenas a la reivindicada por Lof Pailako ” Hacer lugar al desalojo solicitado y, en consecuencia, disponer la expulsión de Cruz Ernesto Cárdenas, María Belén Salinas y de cualquier otro ocupante y/u ocasional morador/a que se encuentre asentado/a ilegalmente dentro de las zonas conocidas como ex Población Felidor Salinas, Seccional El Maitenal, valle del Arroyo Cascada, sus valles tributarios y las nacientes del Arroyo Rañinto; en jurisdicción de la Reserva Nacional Los Alerces y del Parque Nacional Los Alerces”
Desde la comunidad también mencionan que recibieron apoyo de vecinos, pero que existe un clima de miedo que los condiciona: “A la precarización laboral de los brigadistas y guardaparques, se suma el temor a represalias por salir a hablar o mostrar un apoyo hacia la comunidad, también de otros pobladores a manifestarse en contra de alguna política diferente a la administración del mismo Parque, es algo que re evidente acá…”, señalaron desde la comunidad.
La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), Regional Esquel, emitió un comunicado público en el que responsabilizan a las autoridades políticas federales por cualquier situación que ponga en riesgo a la comunidad, y presentaron una acción judicial en resguardo de la integridad de toda mujer, niño, niña, y demás personas que se encuentren dentro del territorio de la Lof Paillako, o en cercanías al territorio comunitario. “Que toda fuerza de seguridad del estado nacional o provincial -Gendarmería, Policía Federal y Provincial, y personal de Parques Nacionales u otras fuerzas federales- se abstenga de ingresar al territorio en conflicto hasta tanto se dirima plena y definitivamente el proceso judicial en curso ya que, como se ha señalado precedentemente, han habido reiteradas acciones de hostigamiento hacia la comunidad mapuche Paillako, amedrentando y atemorizando sobre todo a los niños y niñas que allí viven“, solicitaron formalmente en el Juzgado Federal de Esquel.
Cabe recordar que el Parque Nacional Los Alerces se creó en el año 1937, mediante el desalojo de pobladores y comunidades mapuche tehuelche que habitaban la zona. Muchos de ellos debieron desplazarse forzosamente a las afueras de la ciudad de Esquel, así como también lo hicieron los habitantes de la comunidad Nahuelpan, despojados el mismo año. Actualmente muchos de sus descendientes habitan los barrios populares conformados a partir de los desalojos. La pobreza, desocupación y falta de tierra para vivir los atraviesa, mientras unos pocos empresarios y gerenciadores del Estado deciden sobre su futuro y sobre el de los que reivindican los territorios despojados en busca de una vida más digna.
Foto de portada: Roxana Sposaro
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