Qainqoñe´n: martirio, territorio y memoria en la lucha del Pueblo Pilagá
Escriben Paula Alvarado Mamani y Osvaldo Caballero, abogada y cacique de la comunidad La Esperanza, Formosa.
La década de 1980 constituyó un período clave en los procesos de reorganización política y territorial de los Pueblos Indígenas en la provincia de Formosa, en el contexto de la recuperación democrática argentina. La sanción de la Ley Provincial N.º 426, conocida como Ley “Integral del Aborigen” (1985), representó un avance significativo al reconocer el derecho a la propiedad comunitaria de la tierra.
Sin embargo, su implementación fue desigual y estuvo atravesada por conflictos territoriales, resistencias de sectores terratenientes y situaciones de violencia que evidenciaron la persistencia de relaciones coloniales en el acceso y control del territorio.
En este contexto se inscribe el asesinato de Qainqoñe´n -Atilio Caballero, según su documento nacional de identidad-, integrante del Pueblo Pilagá de la Comunidad Pozo de Molina, cuyo homicidio en 1987 se vincula directamente con el proceso de recuperación territorial de su comunidad. Su muerte constituye un caso paradigmático de violencia contra líderes indígenas en el marco de las luchas por el reconocimiento de los territorios ancestrales.
Contexto territorial y proceso de mensura comunitaria
Tras la sanción de la Ley N. º 426, diversas comunidades indígenas iniciaron procesos administrativos y técnicos orientados a obtener el reconocimiento formal de la propiedad comunitaria. En el caso de la Comunidad Pilagá Pozo de Molina, el Instituto de Colonización y Tierras Fiscales de la provincia había aprobado la mensura del territorio, paso fundamental para la posterior adjudicación del título comunitario.
La mensura implicaba la delimitación física del territorio mediante la apertura de picadas y la identificación de los deslindes. Este proceso no solo tenía un carácter técnico, sino también político y simbólico, al reafirmar la ocupación ancestral y el derecho colectivo sobre espacios fundamentales para la reproducción de la vida comunitaria, como el monte, las aguadas, los caminos tradicionales y las áreas de marisca.
Sin embargo, el avance de este proceso generó conflictos con sectores criollos y terratenientes vecinos que se oponían a la restitución territorial y a la consolidación jurídica de la propiedad comunitaria indígena.
El asesinato de Qainqoñe´n
El 25 de febrero de 1987, en horas tempranas de la mañana, miembros de la Comunidad Pozo de Molina se encontraban realizando tareas vinculadas a la mensura, consistentes en la apertura de picadas y la limpieza de un camino carretero que conectaba con la Ruta Nacional N.º 86. Qainqoñe´n se adelantó en las labores, separándose momentáneamente del resto del grupo.
Poco después, la comunidad escuchó un disparo. Qainqoñe´n había sido asesinado por un vecino criollo de apellido Matorras, identificado como Fermín Matorras, apodado “Jimmy”, quien mantenía conflictos con la comunidad en relación con la delimitación territorial.
El cuerpo de Qainqoñe´n fue hallado el 11 de marzo de 1987, enterrado en un pozo a escasa distancia de la comunidad. Presentaba heridas de arma de fuego y arma blanca, y se encontraba en posición vertical, con la cabeza hacia abajo, en un claro intento de ocultamiento del crimen.
Impunidad y denegación de justicia
A pesar de la gravedad del hecho, el responsable fue detenido únicamente durante ocho días y posteriormente liberado. La causa judicial fue archivada sin que se establecieran responsabilidades penales efectivas.
Testimonios de familiares, entre ellos su hermano Ni´daciye (Solano Caballero), sobreviviente de la Masacre de Rincón La Bomba (1947), señalan que las autoridades policiales se negaron inicialmente a tomar la denuncia, derivando a la familia a distintas jurisdicciones sin fundamento legal, lo que contribuyó a la dilación del proceso y a la consolidación de la impunidad.
Este patrón de desprotección institucional refleja las limitaciones estructurales en el acceso a la justicia por parte de los pueblos indígenas, particularmente en conflictos vinculados a la tierra y el territorio.
Memoria, territorio y significado político
El asesinato de Qainqoñe´n debe comprenderse en el marco más amplio de las disputas por el territorio indígena en el período post dictatorial. Su muerte evidencia que, aun en contextos de reconocimiento formal de derechos, la restitución territorial estuvo acompañada de prácticas de violencia, intimidación y criminalización.
En la memoria colectiva del Pueblo Pilagá, Qainqoñe´n es recordado como un líder y mártir de la lucha territorial, cuya vida y muerte simbolizan el vínculo espiritual, político y material entre el pueblo indígena y su territorio ancestral. La tierra por la que luchó es hoy el espacio donde continúa la vida comunitaria, y su memoria forma parte del proceso histórico de resistencia y reivindicación de derechos.
Conclusión
El caso de Qainqoñe´n pone de relieve las tensiones entre el reconocimiento jurídico de los derechos indígenas y las condiciones reales de su implementación. Asimismo, evidencia la persistencia de la impunidad en crímenes vinculados a conflictos territoriales indígenas y la necesidad de abordarlos desde una perspectiva de derechos humanos y memoria histórica.
Su asesinato no constituye un hecho aislado, sino parte de un proceso estructural de violencia asociado a la negación histórica del derecho de los Pueblos Indígenas a sus territorios. En este sentido, la reconstrucción de su historia contribuye no solo a la memoria del Pueblo Pilagá, sino también al análisis crítico de las políticas territoriales y de justicia en la Argentina contemporánea.
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