Rechazan operativo del INAI y el Ejecutivo de Río Negro
La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche y el Consejo de Participación Indígena (CPI) de Río Negro emitieron un comunicado en el que expresan su rechazo a la implementación de un operativo inconsulto que estarían realizando el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), PAMI, ANSES y el Ministerio de Gobierno, Trabajo y Turismo de Río Negro, entre otros organismos estatales, desde el 23 de febrero.
Las organizaciones que representan a las comunidades mapuche tehuelche en Río Negro señalaron que el operativo tiene como propósito recabar información sobre la situación de las comunidades Mapuche-Tehuelche, aunque “no se sabe con qué objetivo”. A su vez, remarcaron que la medida se lleva adelante sin convocar a las instancias representativas propias de las comunidades, como la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche, el Consejo de Desarrollo de Comunidades Indígenas (CODECI) y el Consejo de Participación indígena (CPI).
En este contexto, denunciaron que “una vez más, tanto el INAI como el ejecutivo rionegrino actúan en el marco de una clara política de negación y desconocimientos de los derechos indígenas contemplados en las distintas legislaciones, tanto a nivel, provincial, nacional como internacional”. Asimismo, recordaron que en la provincia está vigente la Ley Integral del Indígena 2287, cuyo organismo de aplicación es el CODECI, dependiente del Ministerio de Gobierno, y que no fue informado sobre el operativo.
De acuerdo con información difundida por radios locales, la iniciativa incluiría la renovación de DNI, aunque las organizaciones sostienen que “nada indica que la preocupación del INAI y del Ejecutivo provincial sea la solución de los históricos reclamos territoriales de las comunidades“. Entre esos reclamos mencionan la propiedad comunitaria, el relevamiento territorial de la Ley 26.160 y la aplicación de la Ley de Consulta Previa Libre e Informada, cuestionada por haber sido sancionada “de manera inconsulta y a favor de las empresas extractivas (mineras, petroleras, forestales, hidroeléctricas, etc.)”.
El pronunciamiento advierte que se trata de “una medida inconsulta, violatoria de nuestros derechos, de las formas organizativas y representación de las comunidades, sin garantizar el pleno conocimiento por parte de los pobladores e integrantes de las comunidades de los objetivos y alcance de este operativo”.
En comunicación con infoterritorial, el presidente del CODECI, José Morales, confirmó que tampoco recibieron comunicación oficial. “Nosotros nos enteramos porque salieron las publicaciones en el Facebook del municipio de Jacobacci y también había salido el mismo informe en la radio. Así nos enteramos de que había un operativo que arrancaba hoy, 23 de febrero”, explicó.
Morales agregó que “el INAI y el gobierno nos pusieron a nosotros como parte del operativo, pero no nos convocaron formalmente, así que por eso pedimos un informe al gobierno y al INAI también, para saber cuáles son los pasos que quieren dar con este tipo de trabajo que se hace en el territorio. Todavía no han dado ninguna respuesta”.
El representante cuestionó además que en el comunicado oficial se hable de articulación con el CODECI: “Eso nunca pasó. Ni la provincia ni el INAI articularon con nosotros este tipo de trabajo territorial“. Morales recordó que en 2025 se firmaron convenios entre la provincia y el INAI sobre consulta y personería jurídica sin informar al organismo. “Tres o cuatro meses después nos enteramos por el Boletín Oficial que se habían firmado esos convenios. Nosotros habíamos pedido informe apenas nos enteramos y tampoco nos lo dieron”, relató.
Las organizaciones mapuche tehuelche exigen a los distintos niveles de gobierno “el pleno respeto y cumplimiento de toda la legislación vigente que contempla nuestros derechos, fundamentalmente el de consulta previa libre e informada como lo expresa el convenio 169 de la OIT que es ley en la Argentina“.
Una situación similar se registró en enero pasado en Chubut, cuando el gobernador Ignacio Torres anunció la realización de jornadas de documentación y asistencia social. No obstante, las comunidades mapuche-tehuelche denunciaron la negación estatal a atender el reclamo central por la propiedad de las tierras y advirtieron que no permitirán el uso de sus imágenes para proyectar una “paz social que no existe”.
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