Río Negro: Denuncian ante el STJ protocolo inconsulto a los Pueblos Originarios
La Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro, con el patrocinio de la Asociación Argentina de Abogades Ambientalistas, presentó el pasado 30 de diciembre una demanda ante el Superior Tribunal de Justicia de la provincia para declarar la inconstitucionalidad de la Ley N° 5755/2024 y su decreto reglamentario, que establecen el denominado Protocolo de Consulta Previa, Libre e Informada.
Una “consulta sin consulta”
Según el comunicado difundido por la Asociación, la norma fue sancionada de manera unilateral por la Legislatura provincial, sin participación efectiva de las comunidades originarias. “No existió participación alguna de autoridades indígenas, comunidades ni pobladores dispersos en la confección y redacción del protocolo”, señalaron, subrayando que el esquema contradice el Convenio 169 de la OIT y la Constitución Nacional.
El protocolo, afirman, limita la intervención de los Pueblos Indígenas en decisiones que afectan sus territorios y se reduce a un trámite administrativo “a la medida de proyectos extractivistas, mineros e hidrocarburíferos”.
Voces desde las comunidades
Con el decreto 226, en octubre de 2025, el Gobierno de Río Negro reglamentó el proceso de consulta limitando solo a las comunidades del área de influencia y con personería jurídica.
En este contexto, Orlando Carriqueo, werken y referente de la zona Valle de la Coordinadora del Parlamento Mapuche Tehuelche de Río Negro denunció que el protocolo se está aplicando en el proyecto minero Calcatreu, dejando fuera a comunidades y organismos como el Consejo de Comunidades Indígenas (CODECI). “Ellos dicen quién es, cuál es el territorio de afectación y a qué comunidad le van a consultar, cerrando el diálogo y excluyendo a otras”, explicó.
Carriqueo agregó que, frente a un nuevo proyecto de gasoducto de YPF, las comunidades rechazaron aplicar el protocolo cuestionado, aunque remarcaron la necesidad de un diálogo real para evaluar los impactos de los proyectos
El camino legislativo
La iniciativa fue impulsada por el Ejecutivo provincial y contó con el respaldo de Juntos Somos Río Negro (JSRN), PRO, libertarios, Primero Río Negro, la UCR, el ARI y algunos legisladores del PJ. El proyecto avanzó sin mayores obstáculos en la Legislatura.
Durante el debate, representantes del Parlamento Mapuche y del CODECI manifestaron su desacuerdo, criticando la designación de la Secretaría de Energía como autoridad de aplicación y la exclusión de comunidades sin personería jurídica reconocida. También cuestionaron la definición de “área de influencia”, que queda a criterio de cada proyecto, lo que arbitrariamente deja sin consulta a poblaciones afectadas.
Un reclamo por democracia y derechos
La Asociación de Abogades Ambientalistas sostuvo que la Consulta Previa, Libre e Informada es un derecho colectivo de los Pueblos Indígenas y que su vulneración consolida un modelo autoritario de toma de decisiones. “Defender la participación real es defender los territorios, la democracia y el respeto por los derechos de los Pueblos Originarios”, remarcaron.
La demanda judicial es un capítulo más en la disputa por el reconocimiento de los derechos indígenas en Río Negro, en un contexto marcado por el avance de intereses económicos y proyectos extractivos los territorios mapuche tehuelche.
📷Roxana Sposaro
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