Sobre la orden de desalojo de Lof Melo y Lof Kinxikew

13 Abr 2026

El pasado 30 de marzo, el titular del Juzgado Civil, Comercial, Laboral y de Minería de Villa La Angostura, Dr. Francisco Astoul Bonorino, ordenó un nuevo desalojo contra las comunidades Lof Melo y Lof Kinxikew. Mientras la defensa técnica, liderada por Luis Virgilio Sánchez, calificó el procedimiento de “ilegal”, las autoridades mapuche lo denunciaron como un avance de intereses inmobiliarios extranjeros sobre territorios estratégicos.

La denuncia de la defensa

En comunicación con infoterritorial, el abogado defensor Luis Virgilio Sánchez calificó el desalojo de improcedente e ilegal. Según el letrado, el juez Francisco Astoul Bonorino actuó de forma irregular al disponer la medida de manera reservada, vulnerando el derecho de defensa de las familias afectadas.

El abogado integrante de la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas en Argentina acusó al magistrado de ocultar movimientos procesales y denunció una estrategia de “cajoneo” sobre la acción declarativa que debería frenar el conflicto. Para la defensa, existe una “actividad irregular” mediante la manipulación de los expedientes para favorecer a la parte demandante: “Advierto que S.S. dilata de manera oficiosa la resolución de la medida cautelar solicitada (…) y avanza de manera subrepticia en la presente con el objetivo de concretar un desalojo que tornaría abstracta la medida requerida, sobre la cual omite ex profeso pronunciarse”.

Ante este escenario, Sánchez exigió la nulidad de todos los actos procesales posteriores al 11 de marzo de 2026 y la suspensión inmediata de la ejecución. Asimismo, solicitó la acumulación de ambos procesos -bajo el artículo 188 del CPCyC- para evitar que el avance de una causa anule el objeto de la otra.

No obstante, Sánchez detalló que, si bien el magistrado rechazó el planteo de nulidad, la orden de expulsión no puede ejecutarse en lo inmediato: “Esa resolución no está firme y, por lo tanto, no puede llevar adelante el desalojo”.

La respuesta judicial

Paradójicamente, en la última resolución del expediente, el propio Juez Astoul Bonorino reconoce la complejidad del caso y la vigencia de la normativa indígena, aunque esto no detuvo la orden de desalojo. En su proveído, el magistrado admitió: “Los arts. 75 inc. 17 de la Constitución Nacional y 53 de la Constitución Provincial y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, imponen deberes de reconocimiento en la materia directamente a distintos estamentos de la Provincia de Neuquén y de la República Argentina”.

Pese a reconocer que la Ley 23.302 – que establece la protección, apoyo y desarrollo integral de las comunidades indígenas en Argentina, reconociendo su personería jurídica y garantizando su participación socioeconómica y cultural- está “operativa y en plena vigencia”, el juez decidió integrar la litis con el Estado Nacional y Provincial. La medida implica que ambos estamentos deberán intervenir formalmente en el proceso judicial antes de que se dicte una sentencia de fondo sobre la titularidad del territorio en litigio.

Según la providencia del magistrado, se dispuso correr traslado de la demanda a la Provincia por un plazo de 17 días y al Estado Nacional por 38 días. La resolución ordena notificar directamente al Gobernador, al Fiscal de Estado provincial y al Ministerio del Interior de la Nación, bajo el argumento de que la sentencia no puede dictarse “útilmente más que con relación a varias partes”, dada la responsabilidad constitucional de ambos Estados en materia de derechos indígenas.

Sin embargo, esta decisión técnica ha sido interpretada por la defensa de las comunidades como un mecanismo de dilación. Al abrir estos plazos administrativos, el proceso principal queda virtualmente pausado, lo que -denuncian- permite que el desalojo avance por una vía paralela mientras la protección legal de fondo queda atrapada en la burocracia estatal.

A diferencia de las versiones difundidas por algunos medios hegemónicos que atribuyen la suspensión del desalojo a una supuesta falta de apoyo de las fuerzas de seguridad provinciales, el análisis de las actuaciones judiciales contradice dicha narrativa. Según se desprende de la última resolución del juez Astoul Bonorino y de las afirmaciones del abogado defensor, la imposibilidad de avanzar con la medida responde a las irregularidades procesales denunciadas y a que las resoluciones aún no se encuentran firmes, descartando así que el escollo sea meramente operativo o por una omisión del Estado provincial.

Voces desde el territorio: “Vamos a resistir”

En una conferencia de prensa realizada en el Lof Kinxikew, ambas comunidades se declararon en estado de resguardo permanente. La lonko Amancay Quintriqueo fue tajante sobre la legalidad de su permanencia: “estuvimos siempre acá ambos territorios” y explicó que desde que desde el año 2011 se encuentran judicializados con seis intentos de desalojos hasta la fecha.

Por su parte, el lonko Lucas Melo subrayó la validez de los acuerdos alcanzados con las autoridades: “Tenemos la carpeta otorgada por provincia y por nación y además de eso tenemos pruebas de preexistencia en estos territorios documentadas, hechas por documentos del Estado Nacional Argentino por lo tanto quisiéramos discutir esta cuestión. Pero la única forma de discutir esta cuestión es que el juez imparte justicia, no que sea parte de una persona demandante que encima es de origen extranjero”.

Además Quintriqueo vinculó el desalojo con la protección de bienes comunes y el avance extractivista sobre las cuencas de agua: “Nosotros acá en este territorio estamos defendiendo cuencas de agua, estamos en un lugar que es periglacial en el contexto de lo que sucedió en el día de ayer, donde también se dejó libre albedrío para que puedan seguir comprando extranjeros nuestros territorios del Estado argentino, territorios donde también habitan pueblos originarios, donde habitamos nosotros actualmente.

Las comunidades advirtieron que la responsabilidad por cualquier hecho de violencia recaerá sobre el magistrado interviniente: “Desde el territorio le decimos al juez Bonorino que recapacite, que otorgue esta cautelar porque nosotros vamos a resistir, nosotros no tenemos otro lugar para ir y vamos a resistir porque es lo único que nos queda, ya que la justicia no es justicia, así que él será el responsable de lo que suceda por no otorgar una cautelar que la tiene cajoneada”.

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