Tres recursos de amparo contra la aprobación del proyecto San Jorge

27 Dic 2025

Las acciones buscan “la nulidad de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge (PSJ), con motivaciones diferentes en cada caso y medidas cautelares en todos los casos (paralización de todas las actividades), para impedir su aplicación hasta que se resuelva la causa de fondo”.

La Asamblea de Vecinos de Uspallata informó que el 26 de diciembre de 2025, último día de plazo, se presentaron en la justicia tres recursos de amparo de incidencia colectiva contra el Gobierno de Mendoza. Según el comunicado, las acciones buscan “la nulidad de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del Proyecto San Jorge (PSJ), con motivaciones diferentes en cada caso y medidas cautelares en todos los casos (paralización de todas las actividades), para impedir su aplicación hasta que se resuelva la causa de fondo”.Los amparos apuntan a distintas irregularidades en el proceso de aprobación.

Primer amparo

Se centra en el riesgo de daño irreversible al ecosistema de la Ciénega del Yalguaraz y el Arroyo del Tigre. Sostiene que no existen estudios suficientes ni actualizados que garanticen la compatibilidad entre el proyecto minero y el ambiente de montaña, lo que genera una incertidumbre científica que debería impedir su aprobación bajo el principio precautorio.

Segundo amparo

Reclama la nulidad de la DIA del proyecto San Jorge por considerarla inconstitucional y por vulnerar el derecho colectivo a un ambiente sano y equilibrado. Argumentan que no es necesario demostrar un daño concreto, sino que basta la existencia de una amenaza ambiental actual o inminente derivada de un acto estatal arbitrario e ilegal contrario a los principios preventivo y precautorio que rigen en materia ambiental.

Tercer amparo

Presentado por la Comunidad Huarpe Guaytamari, de Uspallata, y la Fundación Cullunche, plantea el incumplimiento de los Derechos Constitucionales Indígenas y ambientales conforme a las disposiciones de la Constitución Nacional y Tratados Internacionales. Solicita la nulidad e inconstitucionalidad de la Ley 9684 que contempla la DIA, y la nulidad de la resoluciones 405/25 y 71/25 y todo acto administrativo “por ser irregular, arbitrario e ilegal”.

La Asamblea de vecinos de Uspallata subrayó que “la vía de la acción de amparo, establecida en el art 43 de la Constitución Nacional, representa sólo el primer capítulo del cúmulo de acciones judiciales que se interpondrán, a raíz de la aprobación arbitraria e irregular de la DIA de PSJ”. Además, anticiparon que en los próximos días se presentarán “recursos de inconstitucionalidad contra la ley de ratificación de la DIA de PSJ, así como denuncias penales contra funcionarios y legisladores que la aprobaron”.

La judicialización del proyecto San Jorge abre un nuevo escenario de conflicto en Mendoza, donde vecinos, organizaciones ambientales y comunidades indígenas buscan frenar el avance de la minería.

Los proyectos aprobados

El martes 9 de diciembre de 2025, el Senado de Mendoza sancionó cuatro iniciativas vinculadas a la actividad minera que marcan un giro en la política ambiental de la provincia.

Entre ellas se destaca la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto San Jorge que habilita la explotación de cobre en Uspallata, departamento de Las Heras. Junto a este proyecto, se aprobaron el nuevo régimen de Regalías Mineras, la creación del Fondo de Compensación Ambiental anticipando los daños que generarán la explotación minera, y la DIA para la exploración en Malargüe, en el Distrito Minero Occidental II.

Con esta votación, el oficialismo, con el apoyo de diversos bloques, incluidos 5 senadores del peronismo, consolidó su estrategia extractivista. La sesión se realizó con una masiva protesta en la Plaza Independencia en rachazo a los proyectos mineros.

El proyecto San Jorge, rechazado masivamente en 2011, fue reactivado este año como parte de esa política. Sin embargo, la decisión legislativa generó un fuerte rechazo social que el gobierno respondió con represión y detenciones de manifestantes.

Ahora la discusión se trasladó a los tribunales y continúa en las calles, donde se definirá el futuro del agua y la naturaleza en Mendoza.