Un nuevo 12 de octubre y viejas deudas pendientes: el despojo territorial a los pueblos indígenas en Argentina
Escribe: Silvina Ramírez
El 12 de octubre, resignificado en Argentina como el día del respeto a la diversidad cultural, para los pueblos indígenas sigue siendo un doloroso recordatorio de los impactos de la conquista y de la colonización, atravesados por despojos territoriales que imprimieron al contacto establecido con “sus conquistadores” una carga negativa muy difícil de soslayar y de superar, lo que termina configurando una relación con los Estados modernos árida y esforzada, atribuible a esos mismos Estados que son refractarios al establecimiento de un diálogo intercultural.
A esa relación traumática, se le suma el modo en que se visibilizan la presencia de los pueblos indígenas y sus derechos. En plena campaña electoral, los pueblos indígenas siguen siendo actores ausentes del debate público. Las reflexiones de diferente índole que surgen en los medios de comunicación predominantes enfatizan los dilemas y amenazas que representan los derechos territoriales, muchas veces los contraponen equivocadamente a la propiedad privada, en un intento denodado de garantizar las actividades extractivas (o explotación de los recursos naturales) que se despliegan en territorios indígenas, negándoles precisamente esos derechos.
En general, no sólo los medios se expresan de esa manera. Ellos son reflejo de una clase política y de una parte de la sociedad, que ponen en duda la vigencia de los derechos indígenas, invocando una suerte de “preeminencia del bienestar general” para explicar y legitimar un nuevo despojo a los pueblos indígenas, bajo el manto justificador de la necesidad -para el conjunto de la sociedad- de petróleo, gas, superficie de tierra cultivable, extracción del mineral (como el litio, devenido en el “nuevo oro” junto con la ya muy conocida soja), bosques para las madereras, etc.
En otras palabras, lo que se pretende instalar como una verdad incuestionable en el colectivo social, pero también en las diferentes instancias del Estado, es que si bien los indígenas merecen algún tipo de reconocimiento –expresión justificada principalmente en “lo políticamente correcto”, que no traduce un genuino respeto a sus derechos; para algunos candidatos presidenciales ni siquiera deben ser considerados como un pueblo que detenta derechos colectivos– debemos sospechar de su estatus, cuestionarlos como sujetos políticos, interpelarlos frente a sus “desmedidas” reivindicaciones, y dejarlos de lado como si en el fondo fueran primitivos, salvajes, pueblos que alguna vez formaron parte de nuestra historia, pero que en pleno siglo XXI deben doblegarse frente al inevitable progreso y el desarrollo –conceptos complejos, pero siempre entendidos en clave occidental- resignando nuevamente sus propias formas de vida.
Argumentar que el “interés general” debe prevalecer sobre aquellos a quienes debemos respetar en su dignidad como pueblos, es distorsivo y contribuye a complejizar de manera no inocente las realidades que afrontan los pueblos indígenas, y que no sólo los afecta a ellos, sino que nos involucran a todos (sólo basta pensar en los efectos de los avances de las actividades extractivistas, vinculados, entre otras cosas, a la contaminación, el cambio climático, etc.). Finalmente, esconde la clara intención de volver a desconocer, deslegitimar, ignorar y como resultado despojar, demostrando una línea de continuidad histórica de las políticas públicas frente a los pueblos indígenas, que tienen un punto de partida en el genocidio indígena, sobre el que se construyeron los Estados modernos. Criminalizar sus demandas, estigmatizarlos como violentos, poner en duda su preexistencia, todo forma parte de una nueva arremetida atravesada por intereses económicos, que pretenden disolverlos, “integrarlos” y finalmente desaparecerlos.
Construir sociedades y Estados igualitarios sigue siendo actualmente el mayor desafío. Prestar atención a los nuevos colonialismos que se despliegan peligrosamente en toda la región se vuelve un imperativo. Es profundamente preocupante -a pesar de la normativa internacional existente, los derechos contemplados en la Constitución, la legislación vigente que protege la singularidad de los pueblos indígenas- confirmar que día tras día se elaboran interpretaciones erróneas, se hacen circular afirmaciones falaces que facilitan la distorsión de los derechos indígenas, de sus alcances, y que cargan las tintas sobre los riesgos que implican garantizarlos y protegerlos. Los derechos indígenas no son un tema discutible u opinable, sino que forman parte de la base de nuestro sistema constitucional y es la única interpretación plausible. En definitiva, sólo se trata de cumplir la ley.
Al conmemorar un nuevo día del respeto a la diversidad cultural debemos tener claridad de cuáles son sus implicancias en término de derechos indígenas; así como advertir que para los pueblos indígenas este día consagró también el racismo, la discriminación, el sometimiento y la subordinación. El cumplimiento de las viejas deudas pendientes del Estado sería una forma real y concreta de resignificar, genuinamente, un día que simbólica y efectivamente marcan el fin de un ciclo de existencia en libertad para los pueblos.
Foto: Roxana Sposaro
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