Violencia territorial en Córdoba: ¿Qué está pasando en Pluma Blanca?

23 Jul 2024

El próximo 25 de julio de 2024 se llevará a cabo la última audiencia del juicio que investiga amenazas y crímenes contra la integridad sexual hacia una integrante de la comunidad indígena Pluma Blanca, perteneciente al Pueblo Comechingón. Este juicio, que comenzó el 28 de mayo, se desarrolla ante la Cámara Criminal N° 2 de los Tribunales Penales de Córdoba Capital. Durante la próxima semana, se presentarán los alegatos finales y se espera que se dicte el veredicto en esta causa.

En su momento, la víctima era una niña y este primer hecho coincidió con múltiples y simultáneos ataques a la comunidad. La justicia demoró 5 años en abordar adecuadamente la investigación, permitiendo así los delitos posteriores. Esta modalidad de ataques en contra de la integridad sexual, ya había sido experimentada por otra integrante de la familia en años anteriores.

Si bien estos hechos se enmarcan en las prácticas de la violencia de género interseccional, es importante poder articular e integrar otras miradas, para comprender que la Comunidad Indígena Pluma Blanca, es víctima de violencia territorial, y que la violencia de género, es una de las armas con las que el neo – colonialismo ataca a los Pueblos Ancestrales.

La Comunidad Indígena Pluma Blanca habita el territorio entre Candonga, El Pueblito, Cerro Azul y el Manzano en las Sierras Chicas de la Provincia de Córdoba, y hace una década que resiste los ataques sistemáticos de grupos privados corporativos con amplios intereses económicos.

Enmarcados en un conjunto de ataques, en el año 2015 Luis Ernesto Remonda, miembro de la familia fundadora del diario La Voz del Interior, parte del Grupo Clarín, inició una demanda judicial de reivindicación, para desalojar a la Comunidad, autoproclamándose la propiedad del predio a partir de títulos dominiales irregulares. En el año 2020, este proceso concluyó con una sentencia desfavorable para Pluma Blanca.

Para defenderse ante los tribunales de justicia, la comunidad junto a un equipo de investigadores del Instituto de Antropología de Córdoba – Museo de Antropologías de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) debió relevar el territorio con el fin de recopilar evidencia científica acerca de su presencia ancestral. Simultáneamente, el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) efectuó el relevamiento territorial (Ley 26.160).

Durante estos años y más intensamente mientras se libraba esta pugna en el ámbito judicial la organización de estos grupos de poder, reforzaría la intención de desposesión con un plan sistemático y reiterado de violencias.

Desde 2013 sufrieron violación de la propiedad, hostigamientos, amenazas constantes, cortes de alambres, robos, matanza de animales, incendios intencionales, disparos con armas de fuego y colocación de explosivos (caseros y de uso en minería). Estos han sido algunos de los mecanismos de agresión, y entre ellos, los delitos contra la integridad sexual de las mujeres de la comunidad, como el que está siendo juzgado actualmente.

En el año 2022 se concedió, por pedido de la comunidad, una audiencia pública en la cual un conjunto de investigadores, referentes, autoridades públicas e indígenas y la propia comunidad pudieron exponer la compleja situación, hecho que motivó la suspensión de la orden de desalojo.

En el año 2023, su presencia y ocupación ancestral fue reconocida en el marco de la ley de emergencia territorial indígena, no obstante, la causa sigue en trámite y su situación es precaria.

¿Es entonces este juicio por violencia de género, un juicio como todos? ¿Por que hablamos de violencia territorial?

La comunidad viene siendo víctima de un sistema de poderes que, desde la colonia y luego con la conformación del Estado-Nación (a mediados del siglo XIX) presenta un sesgo blanco, occidental, racista y clasista, y que en la actualidad este sistema no hace más que consolidar el colonialismo y el terricidio, atentando contra las identidades, profundizando el etnocidio y el epistemicidio histórico.

Son víctimas de un Estado y un Poder Judicial que desatendió y fue funcional a los intereses de terceros, así como también de letrados que obstruyeron intencionalmente los procedimientos. Víctimas de un Estado que desconoció y cuestionó no sólo la identidad sino la preexistencia y la actual presencia de la familia en el territorio, negándoles sus derechos, desde una perspectiva que ignora la diversidad cultural, mientras a la par, favoreció los grupos vinculados a negocios capitalistas con altos intereses económicos.

Cuando hablamos de comunidad, no sólo hablamos de personas, sino de la flora, la fauna y el territorio en sí, que también es afectado por el avance extractivista e impune del desarrollo inmobiliario, empresarial e industrial.

La violencia territorial se profundiza, cuando recae sobre los cuerpos-territorios de las mujeres indígenas, quienes son doblemente vulneradas por esta condición, y por permanecer en la lucha y la defensa de su territorio.

Es por eso, que se le exige a justicia de Córdoba, que en esta causa aplique no solo perspectiva de género sino también la perspectiva correspondiente al Derecho Indígena, que puedan revisar y ejecutar los fallos correspondientes para garantizar la protección de los derechos humanos y otras garantías constitucionales acordes a las normativas provinciales y nacionales, así como también a los tratados internacionales de los que forma parte nuestro país, preservando a la comunidad y al territorio sagrado y ancestral.

✍ Rocio Victoria – Sisas Medio

📷 Lau Misetich