Denuncian ante la ONU persecución judicial en Mendoza

21 Abr 2026

Diversas organizaciones territoriales y de derechos humanos presentaron una denuncia formal ante la Relatoría Especial sobre la Independencia de Magistrados y Abogados de las Naciones Unidas. El documento alerta sobre un avance sistemático contra las comunidades originarias y solicita la intervención internacional para frenar una vulneración grave de derechos fundamentales.

El avance del modelo extractivista en Mendoza avanza con represión, detenciones arbitrarias y desalojos. Bajo la gestión del gobernador Alfredo Cornejo, la criminalización de las asambleas y defensores socioambientales y el despojo de comunidades mapuche se ha profundizado. Ambos sectores denuncian la estrecha connivencia entre el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de Seguridad y el poder político, blindada por un discurso mediático hegemónico.

Situaciones similares se replican en las provincias donde los proyectos extractivistas son impulsados por los gobiernos de turno, pero Mendoza se destaca a nivel nacional por sus récords de detenciones en manifestaciones populares. Desde las primeras resistencias contra el proyecto minero San Jorge hasta la reciente modificación de la Ley de Glaciares, la provincia acumula al menos 40 personas procesadas por defender el agua y los territorios. En este clima de violencia institucional, la Organización Identidad Territorial Malalweche, Xumek y la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) elevaron un informe detallado a la ONU para visibilizar un patrón judicial que favorece intereses empresariales.

El despojo con aval jurídico

La denuncia señala que los tribunales mendocinos han suspendido sistemáticamente los reconocimientos territoriales otorgados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) ignorando la posesión actual, tradicional y pública de las comunidades. Según el documento “en lugar de actuar como instancias destinadas a garantizar la protección efectiva de los derechos territoriales indígenas, los sistemas administrativos y
judiciales ordinarios pueden terminar operando, directa o indirectamente, como espacios institucionales en los que se reproducen dinámicas históricas de colonización jurídica y desposesión territorial de los Pueblos Indígenas.” Esta tendencia se agravó tras la derogación de la Emergencia Territorial Indígena, en el marco de la Ley de Emergencia Territorial (26.160) en 2024, que dejó a las comunidades sin el paraguas legal que suspendía los desalojos.

La presentación explica que la eliminación de dicha norma “la eliminación de la principal norma que suspendía desalojos ha modificado el marco jurídico aplicable a los conflictos territoriales indígenas ha incrementado la exposición de las comunidades a procesos judiciales y administrativos sin la protección específica que dicha ley contemplaba”. Casos como los de las Lof Suyai Levfv, Yanten Florido y El Sosneado y recientemente el desalojo de una anciana mapuche, Hilda Arenas, en Lof Yanten ilustran este escenario: los tribunales ordenaron expulsiones ignorando relevamientos territoriales el marco del Registro Nacional de Comunidades Indígenas (Re.Na.CI.), informes antropológicos oficiales y demás elementos técnicos producidos en el marco de procedimientos especializados ante el INAI. Para las organizaciones, en estos fallos “se aplicaron criterios propios del derecho civil” y se desestimaron estándares internacionales de protección indígena.

Asimetría y complicidad institucional

Uno de los puntos más críticos de la denuncia ante la Relatoría es la desigualdad procesal. Mientras la Suprema Corte de Justicia de Mendoza rechazó la participación como amicus curiae de organismos históricos como la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Xumek. No obstante, “la Corte admitió sin objeciones la intervención de cámaras empresariales del sector petrolero, incluida la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) cuyos aportes reflejaban posiciones alineadas con intereses económicos y técnicos de la industria sin ser cuestionados en cuanto a su pertinencia jurídica”. Esta doble vara debilita el control ciudadano y evidencia la falta de imparcialidad del máximo tribunal provincial.

El carácter negacionista y racista del poder ejecutivo refuerza esta ofensiva judicial. El gobernador Alfredo Cornejo negó públicamente la existencia del pueblo mapuche en Mendoza, postura ratificada por la Resolución N°1930 de la Cámara de Diputados local. Las organizaciones advierten que estas declaraciones institucionales estigmatizan a las comunidades y condicionan la independencia judicial, operando como una instrucción política para los magistrados: “Tales dinámicas institucionales contribuyen a profundizar la conflictividad y la judicialización de disputas vinculadas con derechos territoriales, identidad colectiva y reconocimiento comunitario, lo que resulta difícilmente compatible con los estándares internacionales de protección de los pueblos indígenas y con las obligaciones estatales de garantizar procesos judiciales independientes, imparciales y debidamente motivados”

Un llamado urgente

Ante el riesgo de daños irreparables, las comunidades exigen una reunión urgente con los relatores de la ONU para frenar la regresión normativa. Solicitan que la Relatoría dirija una carta de alegación al Estado argentino y a la Provincia de Mendoza para requerir explicaciones sobre la falta de consulta previa en proyectos de minería y fracking.

En su reclamo exigen que el Poder Judicial de Mendoza revise sus prácticas y aplique la consulta previa, libre e informada, tal como lo establece el Convenio 169 de la OIT para evitar la “criminalización de líderes, autoridades tradicionales o miembros de comunidades indígenas por el ejercicio del derecho a la defensa del territorio, la protesta pacífica o la participación pública”. Con esta presentación, el conflicto de Mendoza busca un arbitraje internacional frente a lo que describen como un andamiaje de impunidad local.

Más de lo mismo

La reciente presentación se suma a una extensa serie de denuncias ante organismos internacionales que exponen la vulneración a los Pueblos Indígenas en el país. Ya en noviembre de 2024, diversas comunidades y organizaciones de derechos humanos solicitaron una audiencia urgente con las Relatorías Especiales de la ONU. En aquel encuentro, alertaron que Argentina se encuentra al borde de una crisis institucional y territorial, impulsada por desalojos inminentes y el desmantelamiento de las protecciones legales que limitan el avance de proyectos extractivos.

Esta preocupación fue compartida poco después por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que en diciembre de 2024 manifestó su alarma ante las decisiones administrativas del Estado argentino. La CIDH advirtió que estas medidas afectan directamente la libre determinación de los pueblos y la propiedad de sus recursos naturales, exhortando al país a respetar sus compromisos internacionales en materia de personería jurídica y titulación de tierras. Sin embargo, las advertencias no frenaron la regresividad normativa, tal como lo describió la abogada Sonia Ivanoff en febrero pasado ante el Relator Especial de la ONU, Albert Kwokwo Barume, tras documentar la grave situación que atraviesa el pueblo Mapuche-Tehuelche en la provincia de Chubut.

A fines de marzo pasado, la Secretaría de Relación con los Pueblos Originarios de la CTA, junto a la Comunidad Guaytamari del Pueblo Huarpe en Mendoza, elevaron una denuncia formal ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT). El reclamo se fundamenta en la violación del Convenio 169 y el incumplimiento del derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada, un eje central que ya había sido expuesto por Gabriel Jofré, werken de la comunidad Malaweche, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

A pesar de este cúmulo de evidencias y reclamos, tanto el gobierno nacional como las administraciones provinciales parecen ignorar abiertamente la normativa constitucional y convenios internacionales suscritos por el Estado argentino. En este escenario, mientras los organismos internacionales se limitan a meras acciones declarativas ante un contexto mundial de creciente naturalización de las violaciones a los derechos humanos, el Poder Ejecutivo Nacional, con la anuencia de gobernadores de todo el arco político, avanza en una agenda de saqueo que prioriza los intereses corporativos extractivistas y atenta directamente contra el bienestar de las poblaciones locales e indígenas.

Comunicacion_Relatoria ONU Independencia Magistrados Abogados_Comunidades mapuches (2)

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