¿El INAI como un puente entre el Estado y los pueblos indígenas?
Su nuevo lugar en las estructuras del Estado en tiempos libertarios
Escribe Silvina Ramírez
El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) se crea a través de la ley 23.302 en 1985, de la mano de la recuperación de la democracia, para que se convierta en la instancia de interlocución del Estado con los pueblos indígenas. En líneas generales, sus objetivos son formular políticas públicas para las comunidades indígenas, a fin de proteger su existencia, garantizar sus derechos, etc. Esta decisión política inicial fue tomada en un contexto político muy distinto al actual, en donde la pretensión fue consolidar democracias inclusivas. Los pueblos indígenas fueron concebidos como un sujeto colectivo al que debían prestar atención. Sus funciones comprendieron, principalmente, el registro de comunidades indígenas, la elaboración e implementación de planes de adjudicación y explotación de las tierras, de educación y de salud (art. 6 inc. D).
En sus orígenes, este instituto fue pensado como una entidad descentralizada con participación indígena, que dependió del Ministerio de Salud y Acción Social. Con el paso del tiempo y de las distintas gestiones de gobierno, este instituto fue cambiando su ubicación institucional: Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ministerio del Interior, hasta su actual ubicación, que no sólo transforma su lugar dentro de las estructuras del Estado, sino que modifica aspectos definitorios de su función: lo convierte en una unidad centralizada bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior de la Jefatura de Gabinete de Ministros.
El Decreto 438/25 de fecha 26 de junio del presente año determina, en su artículo primero:
Dispónese la transformación del INSTITUTO NACIONAL DE ASUNTOS INDÍGENAS (INAI), organismo descentralizado actuante en la órbita de la VICEJEFATURA DE GABINETE DEL INTERIOR de la JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS, en una unidad organizativa a incorporarse a la estructura organizativa de la citada Vicejefatura.
Si bien su reubicación en el organigrama del Estado ya se había producido en el actual gobierno, en el decreto de mención la conversión de una entidad descentralizada a una unidad organizativa centralizada es relevante para entender hasta qué punto se pretende diluir un organismo que, si bien nunca se destacó por el peso de su incidencia y por sus políticas de impacto positivo en las comunidades indígenas, es un reflejo de la importancia que le atribuyen los gobiernos –y el Estado- a los pueblos indígenas. Reducirlo a una unidad organizativa demuestra el tipo de políticas, que sólo pretende profundizar la invisibilización de los pueblos.
En los considerandos de este decreto se dan razones de por qué se decide como se decide. Se apunta al debilitamiento institucional, a la falta de transparencia en la rendición de cuentas del ya eliminado programa de fortalecimiento comunitario, a la contratación de personal fuera de la normativa vigente, etc. Se desprecia la importancia de la descentralización –y con ésta, de las funciones que debería cumplir el INAI- para considerar suficiente que se convierta en una unidad organizativa dentro de la Administración Pública Nacional centralizada.
Su autonomía funcional, administrativa y financiera se cede a la administración central, ya que se subordina por completo al Poder Ejecutivo. Si antes de este decreto, sus funciones ya se encontraban recortadas –y si, desde su creación, un INAI con mayores facultades tampoco se destacó por generar alianzas con las comunidades indígenas- con esta decisión ejecutiva es de esperar que el INAI se reduzca a su mínima expresión.
Una entidad que fue pensada, hace cuatro décadas, para ser un puente entre el Estado y los pueblos indígenas, fue poco a poco desmoronándose hasta convertirse en un pequeño apartado en la administración pública. Es un ejemplo inequívoco de cómo este gobierno concibe su relación con los pueblos indígenas, un tema menor en una agenda pública que sólo los considera de manera residual. Una vez más, en sus decisiones transmite un mensaje alto y claro: la relación que proyecta establecer en el futuro es acotada, y no forma parte de sus prioridades. El INAI no se elimina, sobrevive a la embestida libertaria, pero su nueva posición en el organigrama estatal, y su insoslayable desjerarquización, augura más desigualdad y exclusión.
📷 Roxana Sposaro
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