Reestructuración del INAI: un nuevo retroceso en la política indígena
El gobierno nacional convirtió al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas en una unidad dependiente de la Vicejefatura de Gabinete, eliminando su autonomía institucional. La medida, dispuesta por el Decreto 438/2025, se enmarca en una serie de reformas impulsadas bajo la Ley de Bases. Esta decisión se enmarca en un contexto de creciente desprotección legal y avance de intereses extractivistas sobre sus territorios.
El Decreto 438/2025, publicado el 26 de junio pasado en el Boletín Oficial, transforma al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) —hasta ahora un organismo descentralizado— en una “unidad organizativa” bajo la órbita de la Vicejefatura de Gabinete del Interior.
La medida, presentada por el gobierno como parte de una estrategia de “eficiencia administrativa” y “reducción del gasto público”, representa un grave retroceso en la garantía de derechos fundamentales para los pueblos originarios.
El Poder Ejecutivo fundamenta la decisión en la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley N.º 27.742), que declaró la emergencia pública y otorgó facultades extraordinarias para reorganizar el Estado.
Entre los argumentos esgrimidos se citan auditorías de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN), que habrían detectado “importantes debilidades” en la gestión del INAI: falta de registro de litigios, omisiones presupuestarias, deficiencias patrimoniales e irregularidades en la rendición de subsidios, algunos de los cuales habrían sido utilizados para litigar contra el propio Estado.
Según el decreto, las funciones del INAI no requieren autonomía institucional y podrían ser absorbidas por la Jefatura de Gabinete. Sin embargo, el INAI —creado en 1985 mediante la Ley N.º 23.302— ha sido el órgano rector de la política indígena en Argentina. Entre sus funciones históricas se encuentran la administración del (ahora derogado) Registro Nacional de Comunidades Indígenas (ReNaCi), el reconocimiento de la ocupación actual, tradicional y pública de las tierras indígenas, y la implementación de políticas educativas y sanitarias con enfoque intercultural, entre otras.
La reestructuración del INAI, ordena la eliminación de su Consejo Asesor -que hasta el momento no había sido conformado- A su vez, modifica la composición del Consejo de Coordinación —que aún incluiría representantes indígenas, pero la cantidad y reglamentación futura es incierta— poniendo en duda la participación indígena genuina en la formulación y ejecución de políticas públicas que los afectan directamente.
Impacto territorial y desprotección legal
El impacto más crítico de estas decisiones se proyecta sobre el plano territorial. La derogación de la Ley N.º 26.160 de Emergencia Territorial Indígena en diciembre de 2024 —que suspendía desalojos y ordenaba el relevamiento técnico-jurídico de tierras comunitarias— ya había dejado a cientos de comunidades en situación de vulnerabilidad. A ello se suma la eliminación del Programa de Fortalecimiento Comunitario, que brindaba asistencia legal en casos de conflictos territoriales, profundizando la desprotección jurídica de los pueblos originarios.
Críticas y contexto político
En los últimos años, referentes indígenas han manifestado críticas sostenidas al funcionamiento del INAI, señalando graves demoras en los relevamientos territoriales previstos por la Ley 26.160, la falta de consulta previa en decisiones que los afectan directamente y la escasa ejecución presupuestaria.
Este nuevo decreto —como tantos otros dictados al amparo de las facultades extraordinarias delegadas al presidente Javier Milei— se inscribe en un proyecto político que prioriza los intereses del capital privado y las inversiones extractivistas, en detrimento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas.
La Comisión Bicameral Permanente del Congreso de la Nación -comisión especial encargada de analizar los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) emitidos por el Poder Ejecutivo- deberá pronunciarse sobre su validez. Sin embargo, las expectativas de que el decreto sea rechazado son escasas, dada la alineación de amplios sectores del Congreso con el oficialismo, incluso entre bloques que se presentan como opositores.
📷 Roxana Sposaro
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