A dos años del Tercer Malón de la Paz: reivindicando la resistencia indígena
Este 20 de junio conmemoramos la llegada a Buenos Aires de lo que se denominó el Tercer Malón de la Paz, una marcha de pueblos indígenas del norte del país para oponerse a la reforma de la Constitución jujeña impulsada en el año 2023 por el exgobernador Gerardo Morales. Esta reforma se concretó vulnerando derechos territoriales y comunitarios indígenas, consagrados tanto por la Constitución Nacional como en tratados internacionales vigentes en Argentina.
La marcha pacífica partió desde La Quiaca, Jujuy hasta Buenos Aires con el fin de visibilizar las demandas de las comunidades: el derecho a la tierra, el agua, la vida y un futuro sostenible, en armonía con el ambiente.
Este artículo tiene por objetivo, por una parte, recordar el Tercer Malón de la Paz, y por la otra, abrir una ventana a los testimonios de mujeres de distintas comunidades indígenas, de los pueblos Chicha y Kolla, que participaron activamente en esta lucha.
Las warmis (mujeres en quechua) proceden de comunidades del departamento de Yavi cerca de La Quiaca, foco de la movilización donde se realizó la asamblea que tomó la decisión de marchar hacia Buenos Aires. Sus nombres son Jorgelina, Estela, Catalina, Ana, Irma y Celia.
Una historia de movilizaciones
El Tercer Malón de la Paz nace de una lucha que lleva décadas librándose, por numerosas comunidades indígenas que aún hoy siguen luchando por sus derechos.
Es necesario, volver sobre los pasos de estos malones, que han dejado su huella en la historia de las comunidades, para entender cómo y porqué se produjo el Tercer Malón, producto de años de negacionismo.
En mayo de 1946, a principio del primer gobierno de Juan Domingo Peron, un centenar de representantes indígenas de diferentes comunidades recorrieron más de 2000 kilómetros a pie o en carretas, desde Jujuy hasta Buenos Aires. Así nació el Primer Malón de la Paz. Las comunidades exigían el cumplimiento de la promesa peronista de expropiar latifundios para devolver la tierra “a quienes la trabajan”. Finalmente, las demandas no fueron escuchadas y los maloneros fueron enviados de vuelta en tren a sus territorios, sin ningúna solución.
En 2006 se volvió a repetir la historia cuando 120 comunidades indígenas de Jujuy, llevando a cabo el Segundo Malón de la Paz, caminaron un día y medio desde los distintos departamentos de la provincia hasta Purmamarca, todavía exigiendo al gobierno provincial la devolución de sus tierras. Reclamaban el cumplimiento de un fallo judicial que obligaba al Estado provincial a entregar 1,5 millón de hectáreas a los pueblos Kolla y Guaraní, en respeto a su derecho territorial garantizado por la Constitución Nacional tras su reforma de 1994.
Irma compartió su experiencia del Segundo Malón: “En el caso de mi comunidad, nuestra lucha no empezó con el Tercer Malón de la Paz, sino mucho antes, durante el Segundo Malón. En ese momento, realizamos un corte de ruta en Purmamarca con camiones, reclamando títulos comunitarios para cada familia. Pedíamos que nos entregaran esos títulos, pero nunca sucedió. Los títulos comunitarios son fundamentales porque garantizan el derecho a la tierra, un lugar donde vivir. Fue entonces cuando empezamos a tomar conciencia del peligro que implicaba la expansión de la minería en nuestros territorios. Llevamos ya 19 años luchando por esta causa.”
El Tercer Malón de la Paz
El 15 de junio de 2023 el gobierno de Jujuy aprobó una reforma de la constitución provincial, en un contexto de movilizaciones sociales impulsadas por docentes, a las cuales se sumaron más trabajadores, las organizaciones sociales, políticas y sindicales y comunidades indígenas.
Jorgelina relató lo qué pasó por aquellos días: “Fuimos [comunidades del departamento de Yavi] a Jujuy para ayudar a los otros hermanos, eran hermanos de todos lados, para que no aprueben la reforma. Al final la aprobaron a las cuatro de la mañana cuando el pueblo estaba clamando al frente de la legislatura.”
Esta reforma criticada por su carácter antidemocrático, restringe el derecho a la protesta, modifica la composición de la representación del poder legislativo y permite a las empresas mineras un acceso más fácil a las reservas de litio ubicadas en tierras indígenas.
Además, el proceso de reforma fue llevado a cabo sin respetar el derecho de los pueblos indígenas a la consulta previa, libre e informada cuando un proyecto afecta a sus tierras y su bienestar. Este derecho está consagrado en el artículo 6 del Convenio 169 de la OIT y el Acuerdo de Escazú, ambos vigentes y con jerarquía supralegal.
La reforma enfrentó una fuerte oposición que se manifestó en varias ciudades y pueblos, principalmente mediante cortes de ruta en La Quiaca, Purmamarca, Humahuaca, Abra Pampa y Tilcara, entre otras.
Irma da su testimonio de como fueron aquellas jornadas de corte de ruta y acampe : “Cuando hizo la reforma inconstitucional, ya estábamos ahí, dormimos ahí, vivimos en la ruta nacional 9, en la salida de la Quiaca. Vivimos en el suelo así tiradas con nada en pleno invierno.”
El 25 de julio, al ver que sus voces no fueron y no serían escuchadas, el Tercer Malón de la Paz salió desde La Quiaca y atravesaron Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca y Santa Fe, recorriendo 1875 kilómetros hasta llegar el 1 de agosto a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, coincidiendo con el Día de la Pachamama. Es un día importante para los pueblos indígenas de la región por ser el “Inti Raymi”, Año Nuevo Andino y Amazónico, marcando el comienzo de un nuevo ciclo.
Jorgelina recuerda : “Allá nos fuimos directamente a permanecer en la Plaza Lavalle, frente a la Corte Suprema. Fuimos a pedir respuesta para que el presidente, en ese momento era Alberto Fernández, nos defendiera e intervenga ante la reforma del gobernador jujeño Morales, que ya había sido aprobada por la asamblea constituyente .”
Una vez más, el Malón no fue recibido con respeto en la capital y se les impidió acampar frente a los tribunales, incluso en cuando las condiciones climáticas eran adversas. Sus reclamos no fueron tenidos en cuenta por los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, a pesar de las huelgas de hambre y protestas pacíficas. Los maloneros permanecieron acampando hasta que fueron desalojados en diciembre, tras cuatro meses de resistencia. Lograron ser recibidos por algunos funcionarios y el expresidente Alberto Fernández, quien se comprometió a crear una Comisión de Investigación sobre violencia institucional. Aunque dicha Comisión se creó y varias organizaciones viajaron a Jujuy para recabar testimonios y realizar entrevistas, hasta el presente nadie ha sido sancionado por las violaciones de derechos humanos cometidas durante la represión ordenada por el gobernador Gerardo Morales entre el 16 de junio y agosto de 2023. Las víctimas siguen esperando justicia.
La represión como respuesta a los reclamos
Las warmis explican la violencia de la represión estatal. Los pueblos indígenas bloqueaban carreteras y la policía provincial respondió con gases lacrimógenos y balas de goma. Hubo decenas de detenidos y al menos 170 heridos de los cuales al menos diez fueron alcanzados en la cara, y tres perdieron un ojo, entre ellos un chico de 17 años.
En Purmamarca, también tuvo lugar una fuerte represión a los hermanos de la quebrada, que bloqueaban el camino de las Salinas y la ruta 9. Estela, de la comunidad aborigen Escobar cuenta : “Los policiales les golpearon, les dispararon con balas de goma, les subieron a los camiones como si fueran animales. Ellos se defendieron tirando tierra porque no tenían nada para defenderse. Hubo personas desaparecidas, no sabíamos dónde estaban ni quién se los había llevado, nada sino después que muchos quedaron presos. La represión no terminó en la tarde sino que se prolongó hasta entrada la noche, con los policías apostados en el lugar. Aun así, resistieron, aunque con mucho dolor por los compañeros que habían sido detenidos.”
Hasta el momento, no se ha tomado ninguna medida concreta para entregar títulos de propiedad comunitaria de tierra, mientras que los desalojos vinculados a la explotación del litio son cada vez más frecuentes. El principal reclamo del tercer malón fue contra la reforma constitucional, ya que los desalojos están vinculados al extractivismo y a los negocios turísticos e inmobiliarios.
El informe de Amnistía Internacional titulado “Callar no es una opción: Jujuy entre la represión y la impunidad” destaca que prácticamente no se produjeron avances concretos en la investigación de responsabilidades políticas y materiales de la represión. Eso refleja la estrategia del Estado de silenciar a quienes se animan a reclamar por sus derechos.
El balance se inclina a favor del extractivismo
En diciembre de 2024, el gobierno de Javier Milei decretó el fin de la Ley de Emergencia Territorial Indígena (26.160), que perdía su vigencia en noviembre de 2025. De esa manera finalizó también la suspensión de los desalojos sobre tierras comunitarias de los pueblos originarios, dejándolos sin protección. Todo ello vinculado con la necesidad de las empresas nacionales y multinacionales de tener el camino allanado para el despojo de los territorios y los recursos naturales. “Ahora desalojan más fácilmente comunidades.” dicen las warmis.
Estela confiesa el dolor que le causó la llegada del cateo a su comunidad: “Yo siempre tenía entendido que las mineras no podían entrar a nuestras comunidades. Pero igual salimos a defender a nuestros hermanos de otras comunidades. Por nosotros mismos, por el territorio y el agua. Y resulta que el año pasado, en septiembre, ya estaba el cateo minero en nuestra comunidad. Y ese ha sido el dolor más grande. Digo, ¿Cómo puede ser? Yo decía que nunca iba a entrar. ¿Por qué llegó?”
Sobre el tema de la consulta, las warmis cuentan que nadie les está informando de cateos mineros: “Todo se hace sin consulta previa, libre e informada, que tiene que haber..”
El último Malón de la Paz mostró claramente la situación de los pueblos indígenas en Argentina. Sus comunidades tienen menos tierra, menos lugares protegidos, y sufren el avance de proyectos mineros, agrícolas e industriales sin la consulta adecuada. Este desequilibrio entre los derechos comunitarios y las prioridades gubernamentales de desarrollo económico refleja decisiones políticas que hay que revisar con urgencia. Ese modelo extractivista no solo afecta la forma de vida indígena, también daña nuestros bosques, humedales y montes.
“Todos estos malones fueron para defender las tierras. Como las tierras nos dejaron los ancestros de nuestros tatas (abuelos). Antes de que existiera la Argentina, teníamos ya estas tierras porque somos originarios del lugar. Nuestros tatas nacieron y crecieron aquí, y aquí vivimos toda la vida. Ahora, estos gobiernos empezaron a querer quitarnos nuestra tierra para explotarla para la minería.”, concluye Jorgelina
La lucha continua
El Tercer Malón de la Paz nos recuerda que las movilizaciones colectivas no son un simple episodio de enojo ciudadano, sino la manifestación pública de demandas urgentes a las que el Estado debe atender.
Cuando las comunidades indígenas ven sus derechos ignorados y no cuentan con una representación efectiva en los espacios de toma de decisiones, el reclamo en las rutas se convierte en el único canal para hacerse escuchar. Las concesiones parciales y la represión por parte del gobierno no solo revelan fisuras en el sistema democrático, sino también la profundidad de la deuda histórica con los pueblos indígenas.
Aceptar el Malón de la Paz como un acto legítimo significa reconocer que las comunidades tienen derecho a definir el futuro de su territorio, de su cultura y de su forma de vida. En un momento en el que el cambio climático nos obliga a repensar estos modelos de “desarrollo”, es necesario atender las enseñanzas de quienes han vivido durante siglos en armonía con el ambiente, respetándolo y defendiéndolo de cualquier daño. Solo así podremos construir una democracia realmente inclusiva y un modelo de progreso respetuoso con la tierra que habitamos.
✍🏽 Léa Roumégoux
📷 Jorgelina
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